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El Ministerio de Ambiente declaró de manera definitiva al bioma amazónico colombiano como reserva de recursos naturales renovables, una decisión que impide otorgar nuevos títulos mineros, concesiones, licencias o contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en la región. La medida quedó establecida mediante la Resolución 0961 de 2026 y cubre cerca de 483.283 kilómetros cuadrados, equivalentes a aproximadamente el 42 % del territorio nacional.
La decisión busca frenar la expansión de actividades extractivas legales en uno de los ecosistemas más estratégicos del planeta. La Amazonia colombiana funciona como sumidero de carbono, gran reserva de biodiversidad y fuente esencial de agua, además de albergar cientos de comunidades indígenas.
Nuevos contratos mineros y petroleros quedan cerrados
Con la nueva resolución, no podrán entregarse nuevas autorizaciones mineras ni firmarse nuevos contratos de hidrocarburos dentro del área declarada como reserva. Tampoco podrán expedirse nuevas licencias ambientales para esas actividades.
Sin embargo, la medida no cancela automáticamente los proyectos que ya están en marcha. Los contratos mineros e hidrocarburíferos vigentes podrán continuar hasta el vencimiento de sus plazos, siempre que cumplan los requisitos técnicos y ambientales exigidos.
La resolución también establece que no habrá prórrogas para esos contratos una vez lleguen a su fecha de terminación.
La reserva cubre diez departamentos
La protección abarca seis departamentos completos: Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. También comprende zonas de Meta, Vichada, Cauca y Nariño, territorios que forman parte del bioma amazónico colombiano.
El Gobierno asegura que Colombia es el primer país de los ocho que comparten la Amazonia en adoptar una medida de este alcance para excluir nuevas actividades legales de gran minería e hidrocarburos.
Derechos indígenas quedan protegidos
La resolución aclara que la declaratoria no afecta los derechos preexistentes de los pueblos indígenas. Tampoco podrá utilizarse para suspender o bloquear procesos de titulación colectiva, formalización de resguardos o reconocimiento de territorios.
El proceso pasó por una consulta previa con autoridades indígenas de la región. Los diálogos concluyeron en julio, después de varias sesiones de la Mesa Regional Amazónica.
No obstante, el procedimiento con comunidades negras todavía no ha terminado. Mientras concluye esa consulta, el Gobierno estableció una medida transitoria que no produce efectos sobre sus territorios colectivos.
La minería ilegal sigue siendo uno de los grandes problemas
Aunque la decisión restringe nuevas actividades legales, no resuelve por sí sola el avance de la minería ilegal, la deforestación y otras economías ilícitas que afectan la Amazonia.
Ese punto ha generado cuestionamientos sobre el alcance real de la medida. La propia cartera ambiental reconoce que la declaratoria debe complementarse con otras acciones de control, restauración y presencia institucional.
El nuevo Gobierno podría revisar la resolución
La decisión también abre un frente político y jurídico para el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella.
El ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, ha expresado reparos frente a una prohibición general de la minería. Según su posición, excluir completamente esas actividades podría terminar favoreciendo economías ilegales si no existe suficiente control territorial.
Además, especialistas consultados por el medio advierten que la resolución podría enfrentar demandas por parte del sector minero-energético. También existe la posibilidad de que el nuevo Gobierno intente modificarla o derogarla mediante otro acto administrativo, sujeto a las reglas legales correspondientes.
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Una decisión ambiental con futuro todavía abierto
La declaratoria marca uno de los últimos movimientos de gran alcance ambiental antes del cambio de Gobierno.
Por ahora, la Amazonia colombiana queda cerrada a nuevos contratos legales de minería y petróleo, pero el futuro de la medida dependerá de su defensa jurídica, de la postura del nuevo Ejecutivo y de la capacidad del Estado para enfrentar las actividades ilegales que siguen presionando la región.
La discusión, por tanto, apenas comienza: proteger la Amazonia no dependerá solo de restringir nuevos contratos, sino también de controlar la minería ilegal, reducir la deforestación y garantizar alternativas económicas para las comunidades que habitan el territorio.