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Angie Rodríguez aseguró que el presidente Gustavo Petro se negó a firmar el decreto que habría permitido reemplazar a Juliana Guerrero como su delegada en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. La exdirectora del Dapre también denunció presiones, restricciones de seguridad y una presunta campaña para silenciarla dentro del Gobierno nacional.
El decreto que habría quedado guardado en Presidencia
Angie Rodríguez afirmó que, mientras dirigía el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, solicitó cambiar a Juliana Guerrero como representante del presidente ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.
Según su relato, habló del asunto con el mandatario y con el entonces ministro de Educación, pues consideraba “impresentable” que Guerrero continuara participando en ese órgano universitario debido a los cuestionamientos existentes en su contra.
Rodríguez sostuvo que el Gobierno alcanzó a elaborar el decreto con el que se produciría el relevo. Sin embargo, aseguró que el documento quedó guardado en la Presidencia porque Gustavo Petro no quiso firmarlo.
La Universidad Popular del Cesar precisa que su órgano superior de dirección se denomina Consejo Superior Universitario. Entre sus integrantes debe estar una persona designada por el presidente de la República que haya tenido vínculos con el sector universitario.
Rodríguez cuestionó el papel de Juliana Guerrero
La exdirectora del Dapre aseguró que fue la única funcionaria del Gobierno que denunció internamente las actuaciones que le atribuía a Juliana Guerrero. También afirmó que su oposición le habría costado el puesto y que Guerrero habría solicitado su salida, al igual que la de otras mujeres vinculadas a la administración.
Rodríguez acusó a Guerrero de ejercer presiones en diferentes entidades, pese a no ocupar formalmente algunos de los cargos desde los cuales, según ella, habría intentado influir para solicitar puestos y tomar decisiones administrativas.
Estas declaraciones coinciden con señalamientos que Rodríguez había formulado anteriormente sobre una supuesta red de influencias dentro de la Casa de Nariño. No obstante, se trata de acusaciones que deben ser investigadas y comprobadas por las autoridades competentes.
Juliana Guerrero ha estado vinculada al Consejo Superior de la UPC como delegada presidencial. Desde esa posición participó en decisiones de la institución, incluida la elección de rector realizada en marzo de 2026, posteriormente cuestionada judicialmente.
Denunció restricciones cuando todavía dirigía el Dapre
Durante la entrevista, Rodríguez relató que, mientras todavía ejercía como directora del Dapre, le impidieron ingresar a la Casa de Nariño y retiraron el acceso biométrico tanto a ella como a integrantes de su equipo.
También aseguró que comenzaron a reducirle las medidas de protección. De acuerdo con su versión, posteriormente estableció un convenio interadministrativo con la Unidad Nacional de Protección para conservar su esquema de seguridad.
Angie Rodríguez asumió en febrero de 2025 como directora encargada del Departamento Administrativo de la Presidencia. Más adelante quedó al frente del Fondo Adaptación, inicialmente como gerente encargada. Las entidades oficiales han confirmado su paso por ambos organismos.
Responsabilizó a funcionarios si algo le ocurre
La exfuncionaria hizo una advertencia pública sobre su seguridad y la de su familia. Señaló que, si les sucede algo, responsabiliza, entre otros, a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; a Juliana Guerrero; a Lety Leal, exsubdirectora del Dapre y gerente del Fondo Paz, y a Raúl Moreno, jefe de despacho del presidente.
Rodríguez indicó que puso en conocimiento de las autoridades varios hechos que considera irregulares. Aseguró que, en lugar de recibir respaldo institucional, encontró una situación adversa y acciones destinadas a desacreditarla.
Las denuncias sobre presuntas amenazas, espionaje y hostigamientos ya habían sido conocidas públicamente meses atrás. Carlos Carrillo rechazó los señalamientos y los calificó como una estrategia mediática para desestabilizar al Gobierno, mientras que la Unidad Nacional de Protección controvirtió la afirmación de que Rodríguez estuviera completamente desprotegida.
Una nueva controversia dentro del Gobierno Petro
Las declaraciones reavivan las tensiones internas que han marcado la etapa final del Gobierno de Gustavo Petro. En este caso, el punto central es la afirmación de Rodríguez sobre la existencia de un decreto destinado a cambiar la representación presidencial en la UPC que nunca habría sido firmado.
Para esclarecer plenamente el episodio será necesario establecer si el documento fue efectivamente elaborado, quiénes participaron en su preparación y cuáles fueron las razones por las que no llegó a expedirse. Mientras no exista una respuesta oficial o se conozca el decreto mencionado, la denuncia permanece sustentada únicamente en el testimonio de Angie Rodríguez.