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El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, se pronunció sobre la decisión judicial que le impuso tres días de arresto por el incumplimiento de órdenes relacionadas con el predio Sabanas 1. El mandatario aseguró que respeta la determinación, aunque no la comparte, y confirmó que su equipo jurídico presentará las justificaciones correspondientes ante el superior.
La medida fue adoptada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar dentro del seguimiento a la Sentencia T-946 de 2011. Además del arresto, el despacho impuso una multa equivalente a cinco salarios mínimos. La decisión deberá pasar por el grado jurisdiccional de consulta, por lo que todavía será revisada por el Tribunal Superior de Valledupar.
Orozco: “Respetamos, pero no compartimos el fallo”
Durante sus declaraciones, Orozco explicó que la decisión conocida el viernes no tiene un recurso ordinario de apelación. Sin embargo, indicó que existe una revisión ante el superior y que la Alcaldía prepara los argumentos para ese trámite.
“La justicia y las órdenes judiciales hay que cumplirlas”, manifestó el alcalde. No obstante, agregó que las condiciones existentes cuando se profirió la sentencia, hace cerca de 15 años, son muy diferentes a las que enfrenta hoy Valledupar.
El mandatario sostuvo que la administración ha buscado alternativas para solucionar el conflicto. Entre ellas mencionó la declaratoria de utilidad pública del predio, la realización de avalúos y la búsqueda de recursos para intentar una negociación con sus propietarios.
La sanción no corresponde a una orden de captura penal
La decisión contra Ernesto Orozco corresponde a una sanción de arresto por desacato dentro de un proceso judicial. Por tanto, no se trata de una orden de captura derivada de una investigación penal.
El Juzgado analizó las actuaciones de la Alcaldía frente al cumplimiento de la Sentencia T-946 de 2011. Según la decisión reseñada públicamente, la evaluación se concentra especialmente en lo ocurrido antes del 18 de agosto de 2026, fecha en la que otro despacho judicial suspendió la diligencia de desalojo que estaba prevista para el 31 de agosto.
Esto significa que la sanción no parte simplemente de que el desalojo no se haya realizado este 31 de agosto. El juzgado consideró insuficientes algunas de las actuaciones adelantadas previamente para cumplir las órdenes constitucionales.
“Sacar 30.000 personas sería iniciar otra guerra”
Uno de los argumentos centrales del alcalde es la transformación que tuvo el territorio. Según Orozco, cuando comenzó el proceso judicial se hablaba de unas 800 personas. Actualmente, asegura, más de 30.000 habitantes estarían asentados en sectores vinculados con Sabanas 1.
El mandatario afirmó que ejecutar un desalojo masivo en las condiciones actuales implicaría una operación de enormes proporciones. Según explicó, los requerimientos recibidos hablaban de alrededor de 2.000 miembros del componente antidisturbios, además de vehículos, maquinaria y personal institucional.
“Eso se va a convertir en una guerra”, aseguró Orozco al referirse al riesgo de enfrentamientos durante una eventual diligencia.
También recordó que allí viven niños, adultos mayores y familias que llevan años construyendo sus viviendas. Por eso, sostiene que la administración busca una salida que permita cumplir la decisión judicial sin generar una crisis humanitaria.
El predio tiene cerca de 80 hectáreas
El alcalde señaló que Sabanas 1 comprende alrededor de 80 hectáreas. Con el paso del tiempo, la ocupación dio origen o se extendió hacia sectores como Brisas de La Popa, Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte II.
La Alcaldía enfrenta además una dificultad adicional. Mientras la situación jurídica del terreno siga sin resolverse, existen limitaciones para ejecutar inversiones estructurales en servicios públicos.
Orozco explicó que muchas viviendas utilizan pozas sépticas. Algunas familias, según relató, han tenido que construir una segunda o tercera debido al agotamiento de las anteriores.
Energía y servicios públicos también hacen parte del problema
El alcalde también puso sobre la mesa el servicio eléctrico. Señaló que existen conexiones y consumos que no se encuentran normalizados, situación que termina generando impactos sobre el sistema y los demás usuarios.
Para Orozco, una eventual legalización permitiría avanzar posteriormente en redes formales de servicios públicos, planificación urbana y mejoramiento de las condiciones de vida.
Como referencia, mencionó procesos anteriores de legalización en Valledupar que permitieron transformar asentamientos informales en barrios con infraestructura organizada.
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La Alcaldía insiste en comprar el terreno
En lugar de apostar exclusivamente por un desalojo, Orozco insiste en que la salida más viable sería adquirir los terrenos y avanzar hacia su regularización.
El mandatario indicó que la administración realizó avalúos y trabaja en la consecución de recursos. También dijo haber buscado apoyo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, congresistas del Cesar, la Gobernación y el Ministerio de Justicia.
Sin embargo, la vía de la compra tampoco ha sido sencilla. Reportes sobre el expediente señalan que anteriormente el juzgado rechazó una solicitud para modificar la forma de cumplimiento de la sentencia. Además, existen situaciones jurídicas particulares relacionadas con la propiedad del inmueble.
Orozco reconoce los derechos de los propietarios
El alcalde aclaró que la posición de la Alcaldía no pretende desconocer los derechos de la familia propietaria.
“Reconocemos que tienen derechos sobre la propiedad”, señaló. Sin embargo, considera que actualmente también deben valorarse los derechos de miles de habitantes que han construido allí sus viviendas.
Orozco también admitió que dentro del terreno existirían casos que no corresponden estrictamente a viviendas de familias vulnerables. El abogado de la contraparte ha denunciado la presencia de negocios y otras construcciones.
Según el alcalde, una eventual adquisición del predio permitiría realizar la caracterización necesaria para definir quién podría acceder a soluciones de vivienda o subsidios y quién no cumple las condiciones.
“No nos tiembla la mano” frente a ocupaciones ilegales
El mandatario citó como ejemplo reciente el retiro de construcciones ubicadas sobre espacio público cerca del colegio Comfacesar, en el Anillo Vial. Según explicó, la Alcaldía indemnizó a las personas cuando correspondía y posteriormente recuperó el área.
Con ese ejemplo, Orozco busca diferenciar entre la actuación frente a ocupaciones individuales y el caso de Sabanas 1, donde la dimensión social y demográfica hace mucho más compleja cualquier intervención.
Ahora la decisión queda en revisión
El arresto de Ernesto Orozco por Sabanas 1 todavía deberá surtir el grado de consulta ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. Esa instancia podrá revisar la decisión adoptada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito.
Mientras tanto, el alcalde asegura que continuará buscando recursos para adquirir los terrenos.
“Voy a trabajar hasta el último día de mi mandato para buscar la forma de conseguir los recursos para adquirir esos bienes”, afirmó.
La controversia entra así en una nueva etapa. Por un lado, existe una sentencia que lleva 15 años reclamando cumplimiento. Por otro, la realidad territorial cambió profundamente y hoy involucra a miles de habitantes.
El reto para Valledupar será encontrar una fórmula que permita cumplir las decisiones judiciales, proteger la propiedad privada y evitar una crisis social de grandes dimensiones.