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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella decidió no prorrogar el contrato del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) con Fiduprevisora S. A., que vence este sábado 31 de octubre de 2026. La decisión pone fin a la vigencia del contrato fiduciario suscrito hace 36 años y abre una etapa de transición que comenzará el domingo 1 de noviembre.
El anuncio lo hizo el Ministerio de Educación Nacional el viernes 30 de octubre, luego de una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del FOMAG. La decisión corresponde al Contrato de Fiducia Mercantil número 083 de 1990, mediante el cual Fiduprevisora ha administrado los recursos del Fondo.
Según el comunicado oficial, la determinación tuvo en cuenta las recomendaciones de los ministerios de Trabajo y Hacienda, así como de representantes de Fecode. También se consideraron revisiones jurídicas, técnicas, financieras y operativas, informes de supervisión y hallazgos de entidades de control.
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, explicó que el propósito es corregir las deficiencias identificadas en el funcionamiento del sistema.
«No podemos prolongar las condiciones que han contribuido a esta crisis ni normalizar sus consecuencias», afirmó la funcionaria, quien aseguró que el Gobierno asumirá la responsabilidad de conducir la transición y rendir cuentas sobre los avances.
¿Qué pasará con la atención médica de los maestros?
La transición tendrá una duración inicial de un año, prorrogable por otro año. Durante ese periodo, el Gobierno deberá adoptar las medidas necesarias para evitar interrupciones en la atención médica de los docentes y sus familias.
El Ministerio de Educación aseguró que la medida contempla la continuidad de los tratamientos en curso, el suministro de medicamentos y los servicios prestados por las instituciones de salud que atienden al magisterio.
También deberán mantenerse los trámites y reconocimientos de las prestaciones económicas, incluidas las obligaciones correspondientes a los afiliados del Fondo.
La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, sostuvo que «los maestros no pueden asumir las consecuencias de las fallas administrativas». Agregó que la transición debe proteger los derechos de los docentes y evitar que los problemas administrativos afecten la prestación de los servicios.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, señaló que los recursos destinados a la salud del magisterio deben administrarse con transparencia y controles que permitan garantizar su utilización en la atención de los beneficiarios.
Fiduprevisora continuará durante la transición
Aunque el Gobierno decidió no renovar el contrato vigente, esto no significa que Fiduprevisora dejará de participar inmediatamente en la administración del FOMAG.
En un pronunciamiento publicado el 30 de octubre, la entidad informó que acoge la decisión del Consejo Directivo y que pondrá en marcha un plan de acción para acompañar el proceso de transición administrativa y contractual.
Fiduprevisora señaló que continuará garantizando, desde su gestión, la administración de los procesos financieros, contractuales y operativos relacionados con la salud, las prestaciones sociales y las cesantías de los docentes.
El Ministerio de Educación también solicitó a la fiduciaria un plan detallado de actividades para asegurar el funcionamiento del sistema durante esta etapa.
Asimismo, pidió a la Superintendencia Nacional de Salud ejercer especial seguimiento y vigilancia sobre las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), con el propósito de garantizar la atención de los maestros y sus familias.
La decisión ocurre después de que el Ministerio de Educación recogiera, durante una reunión con representantes de 29 departamentos, preocupaciones relacionadas con las dificultades en los servicios médicos, el reconocimiento de prestaciones y la administración del Fondo.
Con el inicio de la transición, el Gobierno tendrá que definir y ejecutar los ajustes administrativos y contractuales necesarios. Con ello, los docentes y sus beneficiarios deberán conservar el acceso a los servicios de salud y a sus prestaciones, según los compromisos anunciados por las autoridades.
