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La senadora cesarense Claudia Margarita Zuleta Murgas, del Centro Democrático, respaldó el proyecto de ley de sometimiento a la justicia que impulsa el Gobierno de Abelardo de la Espriella y cuestionó la política de paz total del expresidente Gustavo Petro. Su pronunciamiento se conoció el viernes 30 de octubre de 2026, durante la discusión de la iniciativa en la plenaria del Senado.
En una publicación en su cuenta de X, la congresista aseguró que el proyecto busca poner fin a lo que calificó como la «fallida paz total de Petro». También defendió la necesidad de combinar una respuesta más contundente del Estado contra las organizaciones criminales con mecanismos que permitan su colaboración con la justicia.
«Es momento de utilizar todas las herramientas para luchar contra el crimen, fortalecer a la Fuerza Pública y tener una acción contundente y decidida del Estado en contra de las organizaciones criminales, pero también de abrir una puerta para que quienes quieran colaborar con la justicia puedan hacerlo», expresó Zuleta.
La declaración coincidió con una jornada en la que el Senado aprobó, con 48 votos a favor y cinco en contra, la ponencia positiva del proyecto. Los congresistas también negaron una proposición de archivo y avanzaron en la aprobación de cuatro artículos. Sin embargo, la iniciativa todavía no se ha convertido en ley.
¿Qué propone la ley de sometimiento?
El Proyecto de Ley 296 de 2026 Senado y 433 de 2026 Cámara busca modificar y prorrogar la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público. Su objetivo es establecer condiciones para que integrantes de organizaciones armadas ilegales se sometan a la justicia, abandonen las actividades criminales y contribuyan a la reparación de las víctimas.
La propuesta contempla reducciones de hasta el 50 % de las penas para integrantes de base y hasta el 30 % para quienes hayan ejercido funciones de liderazgo, sujetas al cumplimiento de los requisitos legales. Entre las obligaciones figuran la entrega de armas y bienes, el suministro de información sobre las estructuras criminales y la colaboración con las investigaciones judiciales.
También establece compromisos para facilitar la liberación de personas secuestradas, conocer el paradero de desaparecidos y entregar a los menores reclutados por estos grupos.
Durante el trámite legislativo, sectores de oposición han cuestionado los beneficios penales previstos para integrantes de organizaciones criminales. Los promotores de la iniciativa sostienen que el sometimiento estará sujeto a obligaciones verificables y al control de las autoridades judiciales.
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El Congreso tiene pocos días para decidir
El Senado retomará la discusión el martes 3 de noviembre, cuando deberá estudiar los 25 artículos pendientes. La Cámara de Representantes, por su parte, fue convocada para el lunes 2 de noviembre.
El Gobierno busca completar el trámite antes del 4 de noviembre, fecha señalada para el vencimiento de la vigencia de la Ley 418. Para entrar en vigor, la nueva iniciativa deberá superar las votaciones pendientes, resolver las diferencias que puedan surgir entre ambas cámaras y recibir la sanción presidencial.
Mientras tanto, el respaldo expresado por Claudia Margarita Zuleta refleja su posición frente al cambio de enfoque en la política de seguridad, aunque la aprobación definitiva del proyecto continúa pendiente.
