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La crisis de orden público en el sur del Cesar llevó este lunes 28 de septiembre a la Gobernación, la Policía y periodistas del departamento a sentarse frente a frente. La convocatoria buscaba discutir el manejo de la información sobre seguridad, pero la conversación terminó abarcando también la verificación de mensajes atribuidos a grupos armados, la difusión de la respuesta institucional y las inconformidades de algunos comunicadores frente al acceso a las fuentes judiciales.
La mesa fue liderada por la gobernadora Elvia Milena Sanjuan, junto con el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Gómez, y el comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel Raúl Pérez. La convocatoria contó, además, con la participación de organizaciones gremiales de periodistas. El encuentro se produjo en momentos en que el departamento enfrenta una situación de seguridad especialmente compleja en su zona sur. Ataques contra la Fuerza Pública mediante drones, acciones de grupos armados y economías ilícitas han obligado a mantener un Puesto de Mando Unificado y reforzar las operaciones en varios municipios.
Verificar antes de amplificar
Uno de los asuntos planteados durante la conversación fue el tratamiento periodístico de mensajes, comunicados y contenidos que circulan en redes sociales y que son atribuidos a organizaciones armadas. El llamado de las autoridades fue a extremar la verificación antes de convertir esos contenidos en noticia y contrastarlos con fuentes institucionales, ante la posibilidad de que circulen documentos falsos o información que no corresponda a comunicaciones auténticas de esas estructuras.
La invitación oficial había definido, precisamente, el propósito de la jornada como una mesa para “articular el manejo de la información sobre seguridad y orden público”, bajo la premisa de ofrecer información clara, veraz y responsable a los cesarenses. Después de la reunión, la Gobernación señaló públicamente que buscaba compartir información con los medios y “mantener un mismo hilo comunicacional” sobre lo que sucede en el Cesar. La discusión, sin embargo, no se limitó a cómo verificar las noticias. Las autoridades también expusieron las acciones que consideran necesario incorporar al relato público de la situación de seguridad: operaciones de la Fuerza Pública, fortalecimiento tecnológico, aumento de capacidades y coordinación entre los gobiernos departamental y nacional.
Entre ellas está la Operación Urano, desplegada en el sur del Cesar para enfrentar estructuras criminales y atacar economías ilícitas, particularmente el robo de hidrocarburos. La Gobernación había informado desde el 31 de agosto que una Fuerza de Tarea Conjunta se encontraba en Aguachica desarrollando esa operación; incluso, Noticias del Cesar dio la primicia de la conformación de esta fuerza, un día antes de que se hiciera oficial la noticia.
La respuesta estatal en medio de los ataques
La preocupación institucional tiene como telón de fondo una sucesión de hechos violentos y, especialmente, el uso de drones con capacidad ofensiva contra la Fuerza Pública. El Gobierno departamental mantiene un PMU permanente y el pasado 25 de septiembre elevó hasta $150 millones la recompensa por información que permita identificar y capturar a quienes operan drones utilizados en ataques en Aguachica, Pelaya, Pailitas, Curumaní, Tamalameque y La Gloria.
La respuesta también ha involucrado al Gobierno Nacional. En un Consejo de Seguridad Regional realizado el 11 de septiembre en Aguachica participaron los ministros de Defensa e Interior, autoridades departamentales, alcaldes, Fiscalía y mandos de la Fuerza Pública. Allí se acordó avanzar en proyectos tecnológicos de cámaras, monitoreo y control, además de fortalecer patrullajes y coordinación operacional en el corredor que conecta el sur de Bolívar, el Cesar y el Catatumbo. Durante la mesa de este lunes, la gobernadora destacó precisamente ese respaldo institucional y las nuevas capacidades que, según explicó a los asistentes, han llegado al departamento.
La conversación terminó mirando hacia el propio periodismo
La reunión, inicialmente orientada especialmente al cubrimiento de seguridad y orden público, tomó otro rumbo cuando algunos periodistas comenzaron a expresar inquietudes sobre cómo circula la información entre las autoridades y los medios. Durante el intercambio surgieron cuestionamientos de comunicadores sobre los grupos de WhatsApp utilizados para relacionarse con las fuentes policiales y sobre el acceso que tienen periodistas que no pertenecen a los círculos tradicionales de la fuente judicial.
Algunos asistentes, particularmente periodistas más jóvenes, hablaron, incluso, de una supuesta “rosca” alrededor de esos canales. La expresión correspondió a intervenciones realizadas durante el encuentro y no implica que se haya establecido la existencia de un mecanismo deliberado de exclusión. La discusión permitió, en todo caso, escuchar también las posiciones de periodistas con años de experiencia en la fuente judicial, que han construido relaciones especializadas con Policía y organismos investigativos durante su ejercicio profesional.
El episodio terminó convirtiendo la reunión en algo diferente a una presentación institucional: periodistas y autoridades expusieron directamente inconformidades que normalmente circulan por fuera de estos escenarios. Y la composición de los asistentes fue más amplia que la fuente judicial. A la reunión llegaron periodistas dedicados a otras áreas, entre ellas política, debido a que la actual situación del Cesar involucra asuntos que trascienden el reporte policial: presencia de grupos armados, decisiones del Gobierno Nacional, inversiones en seguridad y operaciones que comprenden varios departamentos.
Una conversación que continuará
La Gobernación planteó mantener estos espacios de interlocución y apoyarse también en las organizaciones gremiales para dar continuidad a las conversaciones con los periodistas. Entre los asistentes estuvo Aquiles Hernández, presidente del Círculo de Periodistas de Valledupar, CPV, además de María Eloísa Araújo Morón, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Cesar. Ambas organizaciones aparecieron junto a la Gobernación y la Policía Nacional en la convocatoria de la jornada.
El encuentro dejó así dos discusiones abiertas. Una corresponde a las autoridades: cómo comunicar las acciones estatales sin que la violencia y la desinformación terminen imponiendo por sí solas la agenda pública. La otra corresponde a los medios: cómo garantizar acceso amplio a las fuentes, verificar información en medio de un conflicto y conservar al mismo tiempo la independencia necesaria para contar tanto los resultados institucionales como los problemas de seguridad que enfrenta la población.
La Gobernación resumió después su propósito diciendo que informar bien también constituye una forma de cuidar a la ciudadanía. Para el periodismo del Cesar queda un desafío complementario: hacerlo con rigor, contraste y autonomía.
