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La cárcel para Timochenko será uno de los objetivos políticos del gobierno de Abelardo De la Espriella. Así lo anunció el presidente electo durante su alocución de la noche del lunes 13 de julio. De la Espriella aseguró que trabajará para que Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como alias ‘Timochenko’, permanezca preso de por vida.
“Ese bandido de ‘Timochenko’ merece estar preso de por vida; voy a trabajar en ello”, afirmó el mandatario electo. El anuncio abrió una discusión política y jurídica. Por un lado, muchos colombianos reclaman penas más severas contra los antiguos comandantes de las Farc. Por otro, el Estado debe respetar los compromisos que asumió durante la negociación de paz.
El viaje de ‘Timochenko’ aumentó la polémica
La declaración de Abelardo ocurrió después de que Rodrigo Londoño viajara a Madrid, España. Allí participó en una actividad política y académica. La Jurisdicción Especial para la Paz autorizó el desplazamiento. El antiguo comandante guerrillero recibió la invitación de sectores políticos y académicos españoles.
Sin embargo, el viaje generó fuertes cuestionamientos. Londoño perteneció al último Secretariado de las Farc y reconoció su responsabilidad en graves crímenes cometidos durante el conflicto.
La JEP explicó que el viaje no violó las condiciones de la sanción. Las restricciones territoriales y de movilidad comenzarán a aplicarse formalmente el próximo 15 de agosto. Desde esa fecha, Londoño deberá solicitar autorización para salir de los espacios asignados por el tribunal.
Para Abelardo, el viaje muestra que el sistema de justicia transicional ofrece beneficios excesivos a los antiguos comandantes guerrilleros.
La JEP sancionó a los antiguos jefes de las Farc
La JEP impuso su máxima sanción propia contra Rodrigo Londoño y otros seis integrantes del antiguo Secretariado de las Farc. El tribunal los responsabilizó por secuestros y otros delitos relacionados con esa práctica. La sanción tendrá una duración de ocho años.
Los antiguos comandantes deberán participar en proyectos restaurativos. Esas actividades incluirán la búsqueda de personas desaparecidas, el desminado humanitario y la recuperación ambiental.
También deberán colaborar en acciones de memoria y reparación simbólica para las víctimas. La sanción incluye horarios obligatorios, vigilancia y restricciones de movilidad. Además, los responsables deberán permanecer en los lugares que determine la JEP.
No obstante, el tribunal no ordenó su reclusión en una cárcel ordinaria. La JEP advirtió que un incumplimiento grave podría causar la pérdida de los beneficios. En ese caso, el responsable podría enfrentar penas dentro del sistema ordinario.
¿El Acuerdo de Paz prohibió la cárcel?
El Acuerdo de Paz no estableció una regla absoluta de cero cárcel para todos los antiguos guerrilleros. El sistema creó varios tipos de sanciones. Cada una depende del momento en que el responsable reconozca los delitos y aporte verdad.
Quienes reconocen temprano su responsabilidad pueden recibir sanciones propias de cinco a ocho años. Estas incluyen restricciones de derechos y trabajos restaurativos, pero no prisión ordinaria.
Quienes aceptan tardíamente los delitos pueden recibir penas de cárcel de entre cinco y ocho años. En cambio, quienes niegan su responsabilidad y luego resultan condenados pueden enfrentar hasta 20 años de prisión.
Por eso, la ausencia de cárcel para los antiguos comandantes no representa una absolución. Corresponde al modelo de justicia transicional que aceptaron el Gobierno y las Farc. Ese tratamiento genera rechazo entre muchas víctimas. También incomoda a sectores que consideran insuficientes las sanciones restaurativas frente a crímenes como el secuestro.
Sin embargo, el Estado no puede cambiar unilateralmente las reglas después de la dejación de las armas. Una decisión de ese tipo afectaría la seguridad jurídica del proceso.
Cárcel para Timochenko enfrenta límites jurídicos
La promesa de conseguir cárcel para Timochenko tiene un fuerte impacto político. Sin embargo, el presidente de la República no puede ordenar directamente la captura de una persona. La Constitución entrega esa función a los jueces y fiscales competentes. Por tanto, Abelardo no podría enviar a Rodrigo Londoño a prisión mediante una orden presidencial.
La JEP también forma parte del sistema constitucional colombiano. Sus magistrados toman decisiones judiciales que el Ejecutivo no puede revocar. Además, Colombia no permite actualmente la prisión perpetua. La Corte Constitucional eliminó la reforma que había creado esa posibilidad para determinados delitos.
Por esa razón, la expresión “preso de por vida” representa una promesa política. No corresponde a una pena que pueda imponerse bajo las normas vigentes. El nuevo gobierno sí podría presentar reformas ante el Congreso. También podría promover controles más estrictos sobre las sanciones de la JEP.
Asimismo, podría exigir que el tribunal retire los beneficios a quienes incumplan sus obligaciones. No obstante, cualquier reforma tendría que respetar el debido proceso, la separación de poderes y los compromisos internacionales del Estado.
Abelardo anuncia un cambio en la política de paz
Durante la misma alocución, Abelardo anunció cambios profundos en la política de paz y seguridad. El presidente electo planteó eliminar la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. También propuso suprimir la Unidad de Implementación del Acuerdo Final.
En su reemplazo, crearía un Comisionado Nacional de Seguridad. Ese funcionario trabajaría junto con los ministerios del Interior y de Justicia. El objetivo sería revisar los procesos de negociación y combatir lo que Abelardo considera un sistema de impunidad.
Estas propuestas marcarán una ruptura con la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, eliminar oficinas del Gobierno no elimina automáticamente las obligaciones del Acuerdo de Paz. Tampoco anula las competencias constitucionales de la JEP.
Justicia para las víctimas y respeto por lo pactado
La discusión sobre una posible cárcel para Timochenko enfrenta dos posiciones difíciles de conciliar. Las víctimas tienen derecho a exigir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Muchas consideran que las sanciones actuales no corresponden a la gravedad de los delitos.
Al mismo tiempo, el Estado debe respetar la palabra que entregó durante las negociaciones. El cumplimiento de los acuerdos también protege la estabilidad institucional del país.
La paz exigió concesiones dolorosas. Para una parte de Colombia, aceptar que los antiguos comandantes no fueran a una prisión ordinaria fue uno de esos sacrificios. Eso no significa que el país deba tolerar el incumplimiento. La JEP debe vigilar las sanciones con firmeza y transparencia.
También debe actuar cuando un compareciente oculte información, abandone sus obligaciones o incumpla las restricciones. Abelardo podrá cuestionar el modelo y promover reformas. Sin embargo, no podrá desconocer una sentencia judicial mediante una decisión administrativa.
La promesa de enviar a ‘Timochenko’ a prisión será una de las primeras controversias jurídicas del nuevo gobierno. Su cumplimiento dependerá del Congreso, los jueces y la Constitución, no solamente de la voluntad presidencial.