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El proyecto de ley antitrámites radicado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca reducir una de las prácticas más cuestionadas de la burocracia colombiana: obligar a ciudadanos y empresarios a presentar documentos que el propio Estado ya tiene. La iniciativa pretende reducir tiempos, costos y duplicidades, aunque varias de esas obligaciones ya existen en la legislación y el reto será lograr que finalmente se cumplan.
Proyecto de ley antitrámites: que el ciudadano no haga de mensajero
La idea puede resumirse en una frase sencilla: si el Estado ya tiene un documento o una información, no debería pedirle al ciudadano que vuelva a llevarla de una oficina pública a otra. Ese principio está entre los ejes del Proyecto de Ley de Competitividad radicado ante el Senado por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.
“Vamos a simplificar la vida de los empresarios, sobre todo de las mipymes para que puedan crear empresa”, señaló Gómez Amín al anunciar la iniciativa. El Gobierno plantea reducir trámites, costos y barreras que afectan la creación de empresas, la formalización de negocios y el desarrollo de nuevas inversiones.
Sin embargo, hay una precisión importante. La prohibición de exigir documentos que ya reposan en poder del Estado no nace con este proyecto. El artículo 9 del Decreto Ley 019 de 2012 establece que una entidad no puede solicitar documentos que ya tenga en sus archivos. También dispone que, si la información se encuentra en otra entidad pública, debe ser requerida directamente entre las instituciones.
En otras palabras, la legislación colombiana ya buscaba desde hace más de una década que el ciudadano dejara de actuar como mensajero entre oficinas estatales. La apuesta del nuevo proyecto sería fortalecer la interoperabilidad y convertir ese principio en un mecanismo más efectivo, especialmente para empresarios, emprendedores e inversionistas.
Un solo expediente para evitar documentos repetidos
Uno de los puntos anunciados consiste en fortalecer la Ventanilla Única Empresarial (VUE) y crear un Expediente Único Empresarial Digital. Con este instrumento, diferentes entidades podrían compartir información para evitar que una empresa entregue varias veces los mismos documentos durante distintos trámites.
La VUE no sería creada por la nueva ley. Ya funciona bajo la coordinación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y es operada con participación de las cámaras de comercio. Actualmente integra diferentes trámites relacionados con la creación y operación de empresas, incluidos procesos mercantiles, tributarios y de seguridad social.
El proyecto pretende profundizar esa integración. Además, busca impedir que una entidad haga requerimientos sucesivos durante un mismo procedimiento. En determinados trámites, la administración tendría que realizar un requerimiento único e integral, en lugar de solicitar nuevos documentos o correcciones en diferentes etapas.
Para las empresas dedicadas al comercio exterior, el Gobierno también plantea fortalecer la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). Se trata de una plataforma distinta de la VUE y está orientada a coordinar trámites relacionados con importaciones, exportaciones y operaciones de comercio internacional.
Construcción tendría plazos más claros
El sector de la construcción aparece entre los llamados a beneficiarse de la simplificación. Según la información divulgada sobre el proyecto, en los trámites de construcción y urbanismo se propone un requerimiento único para evitar solicitudes fragmentadas de información.
También se contempla un certificado urbanístico vinculante en un plazo de 15 días hábiles, con el propósito de ofrecer mayor certeza a ciudadanos, constructores e inversionistas antes de poner en marcha sus proyectos.
En este punto también resulta necesaria una precisión. El silencio administrativo positivo en materia de licencias urbanísticas no es una figura nueva. La Ley 388 de 1997 ya estableció términos para que las autoridades competentes se pronuncien sobre solicitudes de licencia y contempló que, bajo determinadas condiciones, el vencimiento del plazo sin una decisión puede producir efectos favorables para el solicitante.
Por eso, el alcance definitivo de cualquier modificación sobre esta materia dependerá del articulado que tramite el Congreso. La simplificación administrativa no elimina las normas urbanísticas, ambientales, de seguridad ni las obligaciones técnicas que deben cumplir los proyectos.
Menos burocracia también es competitividad
La discusión va más allá de las fotocopias. Cada documento repetido, desplazamiento, requerimiento adicional o demora administrativa representa tiempo y dinero para los ciudadanos. Para una pequeña empresa, esos costos pueden convertirse incluso en una barrera para formalizarse o empezar a operar.
El debate llega, además, en un momento en que Colombia enfrenta dificultades en materia de competitividad. Noticias del Cesar informó recientemente que el país cayó cinco posiciones en el Ranking de Competitividad Mundial 2026 del IMD, hasta ubicarse en el puesto 59 entre 70 economías. Uno de sus peores resultados estuvo precisamente en eficiencia gubernamental.
La reducción de trámites también había aparecido entre las propuestas económicas de Abelardo de la Espriella antes de asumir la Presidencia. Su programa planteaba facilitar la actividad empresarial, reducir cargas administrativas y convertir la inversión privada en uno de los motores del crecimiento económico.
Para departamentos como Cesar y La Guajira, donde buena parte del tejido productivo depende de pequeños negocios, comercio, construcción, agricultura y ganadería, una verdadera interoperabilidad entre entidades podría tener un efecto especialmente importante. La simplificación será útil, sin embargo, solo si funciona también lejos de Bogotá y llega a las oficinas donde el ciudadano realiza sus trámites cotidianos.
El proyecto apenas comienza su camino
La iniciativa fue radicada ante el Senado y ahora deberá superar el trámite correspondiente en el Congreso antes de convertirse en ley. Por esa razón, las medidas anunciadas todavía no están vigentes y pueden sufrir modificaciones durante los debates legislativos.
Además, hasta este jueves 20 de agosto algunos medios nacionales advertían que el articulado completo aún no estaba públicamente disponible para establecer con precisión todo su alcance. Por ahora, se conocen las líneas generales anunciadas por el Ministerio de Comercio y diferentes medidas divulgadas alrededor de la iniciativa.
El proyecto pone nuevamente sobre la mesa una vieja deuda del Estado colombiano: que sus entidades se comuniquen entre ellas antes de obligar al ciudadano a cargar papeles de una ventanilla a otra.
La norma de 2012 ya había dicho que esa práctica debía terminar. El nuevo proyecto tendrá que demostrar si esta vez la transformación digital consigue llevar esa obligación del papel a la realidad.