El uso del agua por parte de algunas actividades productivas en el Cesar quedó en el centro del debate luego de que el Ministerio de Ambiente anunciara una revisión a la Tasa por Uso de Agua (TUA), una medida con la que busca determinar cuánto se está cobrando, quiénes están pagando y si el sistema actual responde realmente a criterios de equidad.
La advertencia fue hecha por la ministra de Ambiente, Irene Vélez, durante su paso por Valledupar, donde planteó la necesidad de revisar a fondo este mecanismo, al considerar que podría haber desequilibrios en la forma como se distribuye la carga económica entre los distintos usuarios del recurso hídrico.
Según explicó la funcionaria, la intención del Gobierno es avanzar hacia un modelo de justicia hídrica, en el que quienes hacen un mayor uso del agua también asuman una retribución acorde con el volumen que consumen y el impacto que generan sobre las fuentes naturales.
En sus declaraciones, Vélez puso especial atención sobre sectores productivos que, a juicio del Ministerio, hacen un uso intensivo del recurso, como algunos monocultivos, y advirtió que estas dinámicas no solo afectan la disponibilidad de agua para las comunidades, sino que también pueden generar consecuencias ambientales por la contaminación asociada al uso de agroquímicos.
La revisión al sistema de cobro abre interrogantes sobre posibles irregularidades o desbalances en la aplicación de la TUA, un instrumento que en teoría debe servir tanto para regular el aprovechamiento del agua como para financiar acciones de conservación y uso sostenible del recurso en el departamento.
La ministra insistió en que la meta no es solo recaudar más, sino establecer criterios más justos, teniendo en cuenta la escala de producción y el nivel de aprovechamiento del agua por parte de cada usuario.
Actualmente, la Tasa por Utilización de Aguas es el cobro que se aplica a quienes acceden al recurso desde fuentes naturales bajo concesión, y en el caso del Cesar su recaudo está a cargo de Corpocesar, entidad que también tiene la responsabilidad de velar por la sostenibilidad ambiental del territorio.
Con esta revisión, el Gobierno pone sobre la mesa un tema sensible en una región donde el acceso al agua y su distribución siguen siendo motivo de discusión entre comunidades, autoridades y sectores productivos.