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La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenó a cuatro antiguos integrantes del Frente Juan Andrés Álvarez, estructura que perteneció al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
El Tribunal los declaró responsables de 78 hechos delictivos cometidos entre 1995 y 2005 en los departamentos del Cesar y La Guajira. Las conductas afectaron principalmente a comunidades y habitantes de zonas donde operó el grupo paramilitar.
Los cuatro exparamilitares condenados
La decisión cobija a Óscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, quien fue comandante del frente; Amaury Gómez Ramos, alias ‘Bigotes’ o ‘Billaden’; Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez, alias ‘El Pájaro’; y Evangelista Bastos Bernal, alias ‘Pedro’ o ‘Jota’.
Una fiscal de la Dirección de Justicia Transicional presentó las pruebas y argumentos que permitieron demostrar la participación y responsabilidad de los sentenciados.
Según la decisión, los antiguos integrantes de las AUC participaron en múltiples delitos de lesa humanidad y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Entre los hechos aparecen homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos y otras acciones violentas cometidas contra la población civil.
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Incursión paramilitar en Villanueva
Uno de los casos analizados corresponde a la incursión paramilitar ocurrida el 8 de diciembre de 1998 en Villanueva, La Guajira.
Durante la madrugada, hombres armados ingresaron al municipio, irrumpieron en varias viviendas y asesinaron a 11 personas. El Tribunal incluyó estos hechos dentro del conjunto de crímenes atribuidos a la estructura.
La sentencia también evaluó el asesinato del entonces alcalde de Agustín Codazzi, Gilberto Gómez, y del enfermero del hospital municipal, Jairo Ferias Fonseca.
Los hombres fueron interceptados y asesinados el 19 de septiembre de 1997, mientras se movilizaban por la carretera que conecta a Valledupar con Codazzi.
Penas de hasta 480 meses de prisión
El Tribunal impuso condenas de entre 240 y 480 meses de prisión. También ordenó multas que oscilan entre 9.000 y 58.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Además, los sentenciados quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, debido a que se sometieron al proceso de Justicia y Paz, podrán acceder a la pena alternativa prevista en esa legislación. Para recibir ese beneficio deberán cumplir las condiciones establecidas, entre ellas aportar verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y garantizar la no repetición.
La sentencia representa un nuevo avance judicial para esclarecer los crímenes cometidos por el Bloque Norte de las AUC en Cesar y La Guajira.