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El impuesto vehicular, una de las rentas que la Gobernación del Cesar contempla utilizar como respaldo del nuevo crédito de $75.000 millones, acumula una cartera morosa cercana a $121.000 millones. La administración busca recuperar parte de esos recursos mediante descuentos tributarios que comenzaron a aplicarse el 19 de octubre, cuatro días antes de que la Asamblea aprobara el empréstito.
Las dos decisiones forman parte de la situación financiera que enfrenta el departamento: por un lado, recuperar impuestos que algunos propietarios de vehículos adeudan desde hace años y, por otro, asumir nuevas obligaciones para financiar infraestructura vial en 13 municipios.
La secretaria de Hacienda del Cesar, Olga Lucía Iglesias Ibarra, explicó previamente a Noticias del Cesar que la cartera pendiente se acumula desde 2016 y que su recuperación permitiría fortalecer las inversiones del Plan de Desarrollo.
La cifra de $121.000 millones corresponde a obligaciones tributarias históricas y no significa que ese dinero esté disponible para pagar el préstamo. Las garantías bancarias se establecerían sobre los ingresos que el departamento pueda comprometer legalmente, bajo las condiciones que se acuerden con las entidades financieras.
El impuesto vehicular y el pago del nuevo crédito
La ponencia que acompañó la aprobación de la Ordenanza 334 establece que Hacienda contempla respaldar el empréstito con el impuesto sobre vehículos automotores y la sobretasa al ACPM.
Sin embargo, la misma ponencia precisa que las fuentes definitivas de financiación se concretarán durante las negociaciones bancarias.
La Gobernación también revisó al alza sus estimaciones de ingresos para 2026. En la información presentada ante los diputados, Hacienda proyectó que el recaudo por impuesto vehicular alcanzaría aproximadamente $29.982 millones, frente a los $22.854 millones contemplados inicialmente.
La diferencia es de alrededor de $7.128 millones, aunque se trata de una estimación de cierre de vigencia y no de recursos adicionales efectivamente recaudados.
En conjunto, las rentas propias del Cesar pasaron de una proyección inicial cercana a $219.838 millones a otra de $278.813 millones. El incremento estimado llega a $58.975 millones, pero incluye ingresos de libre destinación y recursos de estampillas que tienen usos específicos.
Mientras tanto, la recuperación de cartera sigue en marcha. La Ordenanza 333, publicada en la Gaceta Departamental, estableció descuentos escalonados del 90 %, 85 % y 80 % sobre intereses y sanciones susceptibles de reducción para contribuyentes morosos que cumplan los requisitos.
El primer periodo de beneficios comenzó el 19 de octubre y se extiende hasta el 18 de noviembre. La estrategia busca recuperar parte de las obligaciones pendientes, sin eliminar el capital adeudado.
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Los $6.985 millones que todavía requieren una definición
La otra cuestión pendiente corresponde al costo de las obras. Durante la discusión del crédito, la Secretaría de Infraestructura presentó un paquete de 22,88 kilómetros de vías urbanas y rurales, con una inversión estimada de $81.985 millones.
Sin embargo, el préstamo autorizado es de $75.000 millones. La diferencia asciende a $6.985 millones, distribuidos entre aproximadamente $1.989 millones que exceden el crédito para obras civiles y $4.996 millones correspondientes a interventoría.
La mayor proyección de recaudo departamental no significa que esos $6.985 millones ya estén financiados. Para establecerlo se necesita conocer qué recursos serán apropiados para completar el paquete vial y qué fuentes cubrirán cada componente.
A esto se suman los compromisos que deberán asumir los municipios para la reposición de redes de servicios públicos, cuando las condiciones de las vías hagan necesarias esas intervenciones.
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Una deuda que se proyecta hasta 2037
La Secretaría de Hacienda sostiene que el Cesar mantiene capacidad legal para adquirir el nuevo préstamo. Sus proyecciones sitúan en 2028 el año de mayor exigencia financiera, cuando el indicador de sostenibilidad de la deuda podría alcanzar el 84,99 %, frente al límite legal del 100 %.
El estudio presentado a la Asamblea contempla obligaciones hasta 2037, por lo que las condiciones de pago también tendrán efectos sobre las finanzas de administraciones posteriores.
La aprobación de la Ordenanza 334 permite negociar y contratar el crédito, pero no constituye por sí sola un desembolso. El documento tampoco fija una distribución individual de los recursos entre las obras viales anunciadas.
La Secretaría de Hacienda deberá informar a la Asamblea sobre las modificaciones presupuestales que realice para incorporar el dinero, dentro de los diez días siguientes a la expedición de los respectivos decretos.
Con el cupo ya autorizado, quedan por definir las condiciones bancarias, las garantías concretas del empréstito y la financiación complementaria de las intervenciones. De esas decisiones dependerá el costo definitivo del crédito y la programación contractual de las obras.
