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El presidente del Congreso, Lidio García, salió al paso de la polémica que sacudió al país tras el documento firmado por la representante Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, con el que se pretendía suspender provisionalmente al presidente Gustavo Petro hasta el 21 de junio. El pronunciamiento de García fue contundente: la Comisión no tendría competencia para tomar una decisión de ese alcance.
Lidio García pone freno a la polémica
La controversia estalló luego de que se conociera un documento suscrito por Gloria Arizabaleta, congresista del Pacto Histórico, en el que se ordenaba la suspensión temporal del mandatario en medio de una investigación por presunta participación en política durante la campaña presidencial.
Sin embargo, Lidio García, presidente del Congreso, pidió calma y advirtió que una determinación de ese tipo debe cumplir requisitos constitucionales estrictos. Según su postura, la Comisión de Investigación y Acusación tiene la función de investigar, practicar pruebas y presentar eventualmente una acusación ante la plenaria de la Cámara, pero no puede suspender por sí sola al presidente de la República.
“No hagamos política con la ley”
García fue directo al cuestionar la actuación conocida públicamente. Señaló que no se debe hacer política con la Constitución ni con la ley, y calificó el proyecto de decisión como abiertamente ilegal e inconstitucional.
El punto central del debate está en que, según el procedimiento constitucional, cualquier suspensión del presidente solo podría darse dentro de un juicio político ante el Senado, después de que la Cámara de Representantes formule una acusación en pleno.
Gloria Arizabaleta queda en el centro del debate
La representante Gloria Arizabaleta quedó en el centro de una tormenta política y jurídica. Su decisión fue interpretada por distintos sectores como una actuación unilateral, pues no habría contado con el respaldo de los demás integrantes de la Comisión de Acusación.
La situación escaló rápidamente porque ocurre en plena campaña presidencial y a pocos días de la segunda vuelta. Por eso, la supuesta suspensión de Petro abrió un debate nacional sobre los límites de la Comisión de Acusación, el papel del Congreso y el respeto al debido proceso.
Petro también reaccionó
El presidente Gustavo Petro rechazó la actuación y aseguró que no ha participado indebidamente en política. Además, cuestionó duramente a Arizabaleta y sostuvo que detrás de la decisión habría intereses políticos.
La discusión también generó reacciones en diferentes sectores políticos, incluidos dirigentes que han señalado que la decisión no tendría efectos jurídicos reales mientras no se cumpla el procedimiento establecido en la Constitución.
Un golpe político en plena campaña
Aunque el pronunciamiento de Lidio García busca cerrar la polémica jurídica, el impacto político ya está servido. La controversia se produce en un momento de alta tensión electoral, con el país pendiente de la segunda vuelta presidencial y con fuertes enfrentamientos entre sectores del petrismo, la oposición y distintas fuerzas del Congreso.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿hasta dónde puede llegar la Comisión de Acusación cuando investiga al presidente de la República?
Por ahora, la respuesta del presidente del Congreso fue clara: una suspensión presidencial no puede nacer de una decisión individual dentro de la Comisión, sino de un procedimiento formal ante las instancias competentes.