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El nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció una revisión de contratos y procesos de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) que superarían los $250.000 millones. La decisión se produce en plena transición entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella y abre una fuerte controversia sobre actuaciones adelantadas durante los últimos días de la administración anterior.
La atención se concentró en la entidad después de que su presidente, César Augusto Pachón Achury, habilitara excepcionalmente el sábado 8 de agosto como día hábil administrativo para desarrollar actividades misionales, presupuestales y contractuales. El Gobierno entrante anunció que examinará los expedientes antes de establecer si existieron o no irregularidades.
Un sábado habilitado para mover procesos encendió las alarmas
La polémica surgió por la Resolución 407 del 6 de agosto de 2026. Según la información conocida, el acto administrativo permitió que funcionarios de la ADR trabajaran durante el sábado en procesos administrativos, presupuestales, precontractuales, contractuales y poscontractuales, incluidos algunos vinculados con proyectos de desarrollo rural.
La ADR justificó la decisión en la necesidad de mantener la continuidad de actuaciones sujetas a términos legales y presupuestales. La medida no habría ampliado ni suspendido los plazos existentes y tampoco incluyó áreas como atención al ciudadano o control disciplinario. Sin embargo, el momento escogido generó cuestionamientos del nuevo Gobierno.
Dangond llegó a la ADR y anunció una revisión de los contratos
Indalecio Dangond acudió a las instalaciones de la Agencia para conocer las actuaciones que avanzaban durante el proceso de empalme. Después de la visita, anunció que su despacho revisará varios contratos por los montos involucrados y por las características de algunos proyectos, especialmente aquellos relacionados con inversiones rurales.
Entre los procesos mencionados aparecen iniciativas relacionadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Los valores señalados incluyen cerca de $70.000 millones para una planta de sacrificio porcino, alrededor de $190.000 millones en otro proceso y unos $30.000 millones para un proyecto en Casanare.
Los contratos serán revisados, pero todavía no hay irregularidades probadas
El anuncio del ministro abre una etapa de revisión documental y técnica. Los cuestionamientos planteados hasta el momento no demuestran por sí mismos la existencia de hechos irregulares, por lo que cada expediente deberá analizarse antes de establecer responsabilidades administrativas, fiscales, disciplinarias o penales.
La atención también se dirige hacia los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, conocidos como Pidar. Algunos procesos están vinculados a obras e inversiones en diferentes regiones del país y ahora quedarán bajo el escrutinio de la nueva administración del Ministerio de Agricultura.
Cambio en una vicepresidencia agrega tensión a la transición
En medio de la controversia, César Pachón firmó la Resolución 408 del 8 de agosto, mediante la cual declaró insubsistente al vicepresidente de Gestión Contractual, Jhon Kennedy Wilchez Carreño, quien había llegado al cargo el pasado 23 de julio. La decisión tendrá efectos desde el 10 de agosto.
El acto administrativo establece que se trata de un puesto de libre nombramiento y remoción. No existe hasta ahora evidencia documental que permita relacionar directamente su salida con los contratos cuestionados, por lo que cualquier interpretación en ese sentido requerirá información adicional.
Eliana Teresa Zambrano Almansa, vicepresidenta de Proyectos, asumirá las funciones de Gestión Contractual. La funcionaria continuará simultáneamente con las responsabilidades de su cargo principal mientras avanza el proceso de transición dentro de la entidad.
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El nuevo Gobierno tendrá que decidir qué sigue en la ADR
La Agencia de Desarrollo Rural tiene una responsabilidad central en la ejecución de proyectos destinados al campo colombiano. Su estructura oficial todavía registra a César Augusto Pachón Achury como presidente de la entidad, mientras el Gobierno de Abelardo de la Espriella comienza a tomar control de las diferentes instituciones del Ejecutivo.
La revisión anunciada por Dangond será determinante para establecer qué proyectos continuarán, cuáles necesitarán ajustes y si existen actuaciones que deban trasladarse a organismos de control. Por ahora, la controversia deja bajo la lupa más de $250.000 millones y convierte a la ADR en uno de los primeros focos de atención de la nueva administración nacional.