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La recta final de la contienda hacia la Casa de Nariño añade un nuevo capítulo de La recta final de la contienda hacia la Casa de Nariño añade un nuevo capítulo de tensión legal en los altos tribunales del país. En este sentido, el Consejo Nacional Electoral (CNE) asumió el estudio de una denuncia formal en contra de la actual senadora y candidata vicepresidencial, Aída Quilcué. Los demandantes cuestionan su reciente presencia en un acto público masivo, argumentando que la ley colombiana prohíbe taxativamente estas conductas a los congresistas en ejercicio antes de las votaciones.
Los hechos que desataron la controversia jurídica
Efectivamente, el escándalo estalló tras la difusión de múltiples videos y fotografías en las redes sociales oficiales de varias agremiaciones sociales. En dicho material, la lideresa del movimiento indígena MAIS aparece compartiendo tarima y emitiendo discursos de apoyo directo a las bases de su colectividad. Por lo tanto, diversos sectores de la oposición consideraron la actuación como una abierta infracción a las garantías de imparcialidad electoral.
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#Política | Crece escándalo contra Aida Quilcué por participar en evento político cuando la ley no lo permite a pocos días de elecciones: el caso llegará al CNEhttps://t.co/Hn3pWCXdfO
— Revista Semana (@RevistaSemana) May 26, 2026
Según los términos de la queja radicada ante el tribunal, la candidata a la vicepresidencia habría utilizado su investidura parlamentaria para influir en la intención de voto de los asistentes. Consecuentemente, los demandantes exigen una medida cautelar de urgencia que frene sus apariciones en plazas públicas durante los días previos a la jornada electoral general.
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La postura de la defensa de la líder indígena
A pesar de las acusaciones, el equipo jurídico de Aída Quilcué desestimó la gravedad de los señalamientos y defendió la legalidad de sus actuaciones. De acuerdo con los voceros de su campaña, los encuentros corresponden estrictamente a asambleas comunitarias de carácter ancestral y de derechos humanos. En este sentido, los defensores argumentan que la Constitución ampara el libre ejercicio de la autonomía de los pueblos originarios de forma independiente al calendario electoral.
“No estamos violando ninguna normatividad vigente. Mis reuniones responden al mandato de orientar a las comunidades en sus territorios, cumpliendo labores de control social”, afirmó la congresista de manera enfática.
El CNE tiene la última palabra
De igual modo, los magistrados del organismo electoral designaron un ponente especial para recopilar todo el material probatorio disponible. La corporación deberá evaluar detalladamente los videos del evento y confrontarlos con el marco normativo de las inhabilidades. Por consiguiente, el pleno del tribunal emitirá un fallo definitivo en las próximas horas debido a la inminencia de la apertura de las urnas en todo el territorio nacional.