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Las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela presentaron una demanda civil contra el expresidente Nicolás Maduro ante un tribunal federal de Estados Unidos. En el documento lo señalan de haber ordenado ejecuciones extrajudiciales como parte de una política de represión ejercida durante su gobierno.
La acción judicial, de 44 páginas, fue radicada en una corte de Brooklyn, Nueva York. Allí se sostiene que los homicidios ocurrieron entre 2017 y 2020 y fueron ejecutados por integrantes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), una unidad policial señalada en varias ocasiones por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Denuncian un patrón de violencia estatal
Según la demanda, los cinco casos hacen parte de un patrón de ejecuciones extrajudiciales que, presuntamente, se repitió durante la administración de Maduro. Los demandantes aseguran que miles de personas fueron asesinadas por distintos cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos las FAES, organización que fue disuelta en 2021 tras las denuncias por abusos.
El documento describe que los agentes llegaban de madrugada a los barrios donde vivían las víctimas, vestidos de negro y con el rostro cubierto. Después separaban a los jóvenes de sus familiares y, según la acusación, les disparaban. Posteriormente, los funcionarios habrían presentado los hechos como supuestos enfrentamientos con la autoridad.
Buscan justicia en Estados Unidos
Las familias interpusieron la demanda bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de Estados Unidos. Además de solicitar una compensación económica, sostienen que el sistema judicial venezolano no les ha garantizado acceso a la justicia ni ha investigado de manera efectiva los hechos denunciados.
Por razones de seguridad, las identidades de los demandantes permanecen bajo reserva.
Maduro enfrenta otros procesos judiciales
De acuerdo con la información conocida, Nicolás Maduro permanece detenido en una cárcel de Nueva York, donde espera juicio por cargos penales relacionados con narcotráfico y otros delitos. En ese proceso se ha declarado no culpable y ha manifestado que se considera un «prisionero de guerra».
Mientras tanto, se prevé que su defensa solicite inmunidad como exjefe de Estado frente a la nueva demanda civil presentada en Estados Unidos.
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