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Didier Lobo y el presunto tráfico de influencias vuelven al centro del debate político. Tras la admisión de una demanda de pérdida de investidura por parte del Consejo de Estado, el senador respondió a Noticias del Cesar y aseguró que nunca ha ejercido tráfico de influencias.
En diálogo con Noticias del Cesar, Lobo sostuvo que la demanda se basa en una interpretación equivocada de los hechos y manifestó su confianza en que el proceso concluirá a su favor una vez el alto tribunal estudie el caso.
Didier Lobo niega haber ejercido tráfico de influencias
El senador explicó que el caso gira alrededor del nombramiento de una persona cercana a él. Según indicó, ella trabajó anteriormente en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Después fue designada en un cargo público.
Según Lobo, esa circunstancia no constituye una conducta irregular. Explicó que el cargo fue provisto mediante un concurso de méritos. Añadió que ese mecanismo garantiza la selección de los aspirantes conforme a la ley.
«En ningún momento ha habido tráfico de influencia. Eso es un concurso y el hecho de que una persona sea cercana a uno o haya trabajado en mi UTL no significa que no pueda ocupar cualquier cargo», expresó el congresista.
El senador insistió en que el parentesco o la cercanía personal con una persona no impiden que esta pueda acceder a un empleo público cuando cumple los requisitos legales establecidos.
Confía en que el proceso se resolverá a su favor
Lobo también aseguró que mantiene plena confianza en las instituciones judiciales y en que el Consejo de Estado resolverá el caso conforme al derecho.
«En derecho tiene que salir bien, porque en ningún momento yo he ejercido ningún tráfico de influencia», afirmó.
El congresista indicó que ejercerá su derecho de defensa durante el trámite judicial y presentará los argumentos que considere pertinentes ante el alto tribunal.
El proceso apenas comienza
La respuesta del senador se produce después de que el Consejo de Estado admitiera la demanda de pérdida de investidura presentada en su contra, decisión que no constituye un fallo sobre su responsabilidad, sino únicamente el inicio formal del proceso judicial.
Durante esta etapa, las partes podrán aportar pruebas. También presentarán sus argumentos y ejercerán su derecho de defensa. Después, el alto tribunal adoptará una decisión definitiva.
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