González, en el sur del Cesar, enfrenta una doble crisis: mientras aumentan los desplazamientos por la violencia en el Catatumbo, la Personería municipal opera prácticamente sin recursos, lo que deja a las familias que buscan ayuda sin atención oportuna.
En este municipio, considerado puerta de entrada para quienes huyen de zonas como Tibú y El Tarra, la situación institucional se ha deteriorado al punto de que la Personería no cuenta con internet, transporte ni dinero para funcionamiento básico. La propia personera, Luisa Fernanda Santana, ha tenido que pedir a los desplazados que esperen o se trasladen a otros municipios, ya que no puede recibir sus declaraciones.
El problema se origina en un conflicto administrativo entre la Alcaldía y el Concejo Municipal por la titularidad del cargo. Aunque Santana fue elegida por el Concejo, la Alcaldía expidió un decreto nombrando a un personero encargado, lo que derivó en una disputa jurídica que hoy mantiene bloqueados los recursos de la entidad.
Como consecuencia, la Personería lleva varios meses sin recibir giros presupuestales. Esto ha afectado el pago de salarios, contratos y servicios esenciales. Incluso, la oficina no cuenta con herramientas básicas como impresora en funcionamiento, y depende de terceros para tareas mínimas.
Desde la Alcaldía, la decisión de no girar recursos se justifica en la incertidumbre legal sobre quién ostenta la titularidad del cargo, argumentando que un desembolso podría generar responsabilidades fiscales o disciplinarias. Sin embargo, la personera insiste en que su elección sigue vigente y que ninguna autoridad judicial la ha suspendido.
En medio de este pulso institucional, las denuncias ya fueron llevadas ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, sin que hasta ahora se haya logrado una solución de fondo. Mientras tanto, la atención a la comunidad sigue limitada, en un contexto donde la llegada de desplazados podría aumentar en cualquier momento.
La situación preocupa aún más por el contexto regional. La intensificación de la violencia en el Catatumbo podría generar nuevos desplazamientos hacia González, pero la Personería advierte que no tiene capacidad para responder ante una emergencia de mayor escala.
Ante este panorama, la personera ha hecho un llamado urgente a la Gobernación del Cesar para que intervenga y ayude a destrabar el conflicto, garantizando los recursos necesarios para atender a la población. Para ella, lo que está en juego no es solo un cargo, sino la protección de los derechos de una comunidad vulnerable en medio de la violencia.
