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Una propuesta legislativa busca eliminar el cobro del seguro obligatorio para las motocicletas de hasta 250 cc. La iniciativa plantea un respiro para la economía popular, pero enciende alarmas sobre la financiación de la salud vial.
El costo del seguro obligatorio se ha convertido en una barrera financiera para millones de colombianos que utilizan la motocicleta como su principal herramienta de sustento. Ante este panorama, la senadora Paloma Valencia ha radicado formalmente un proyecto de ley que busca eximir del pago del SOAT para motos de bajo cilindraje (hasta 250 cc). La premisa de la iniciativa es que este gravamen afecta desproporcionadamente a los estratos 1, 2 y 3, donde la moto no es un lujo, sino un activo productivo.
De ser aprobada, la medida beneficiaría a cerca del 90% del parque automotor de dos ruedas en el país. El proyecto propone que los recursos para cubrir los siniestros viales de este segmento provengan de un fondo estatal o de una reestructuración de las transferencias del sector salud, evitando que el conductor asuma el costo anual de la póliza.
Los pilares de la propuesta y el reto del hueco fiscal
La iniciativa no se limita a la exención del pago; también sugiere una revisión integral de cómo se atienden las emergencias viales en Colombia. Sin embargo, el principal obstáculo radica en la sostenibilidad financiera del sistema. El SOAT para motos de bajo cilindraje representa una de las mayores fuentes de recaudo y, simultáneamente, de mayor siniestralidad para las aseguradoras.
Los puntos críticos del debate parlamentario incluyen:
- Impacto en la accidentalidad: Se cuestiona si la gratuidad del seguro podría desincentivar la conducción preventiva.
- Carga presupuestal: El Gobierno Nacional deberá determinar de dónde saldrán los billones de pesos que dejarían de percibir las aseguradoras y el ADRES.
- Fraude y evasión: La propuesta busca reducir la altísima tasa de evasión actual, formalizando el amparo para todos los conductores de cilindraje pequeño.
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Análisis Técnico: ¿Solución social o riesgo sistémico?
Se observa que la propuesta utiliza una lógica de justicia social para abordar un problema técnico-administrativo. Si bien el alivio económico es innegable para el mototrabajador, la viabilidad del proyecto dependerá de una ingeniería financiera que no desproteja a las víctimas de accidentes. La eliminación del cobro directo debe ir acompañada de un fortalecimiento en las medidas de seguridad vial, evitando que el beneficio fiscal se traduzca en un aumento del riesgo en las vías.
El éxito de esta ley en el Congreso marcaría un hito en la política social, pero también obligaría a una reforma profunda del modelo de aseguramiento en Colombia. La discusión apenas comienza y tendrá como protagonistas a los gremios de motociclistas, las aseguradoras y el Ministerio de Hacienda.