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El abogado asegura que Carmen Alicia Ortega Zambrano habría recibido una solicitud de renuncia. Documentos divulgados plantean preguntas sobre la inspección programada de los 33 bienes vendidos por $31 millones.
La controversia por la venta de bienes en Valledupar sumó un nuevo capítulo. El abogado Jhon Jairo Díaz Carpio afirmó que la almacenista general del municipio, Carmen Alicia Ortega Zambrano, habría recibido una solicitud de renuncia, mientras divulgó documentos que plantean interrogantes sobre la organización de una visita de inspección a los activos enajenados. Según el denunciante, la eventual salida de la funcionaria se produciría después de la presunta desvinculación del asesor de despacho Edwin Girón, quien también intervino en el procedimiento administrativo.
«Me informan que después de la salida de Edwin Girón se va a producir la segunda salida de la Alcaldía de Valledupar con ocasión al contrato que denunciamos», escribió Díaz Carpio en su cuenta de X. El abogado agregó que a Ortega Zambrano «se le habría solicitado su dimisión». Hasta ahora, no existe una confirmación oficial conocida por este medio sobre la supuesta solicitud de renuncia a la almacenista general. Tampoco se ha establecido que una eventual decisión administrativa tenga relación con las denuncias sobre la venta de los bienes municipales.
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¿Qué papel desempeñó Carmen Alicia Ortega?
El nombre de Carmen Alicia Ortega Zambrano aparece en varios de los documentos divulgados sobre el proceso SAEB-SGR-001-2026, mediante el cual se adelantó la venta de 33 bienes municipales por $31 millones. Uno de ellos es el Acta 001 del Comité de Baja de Bienes, del 11 de mayo de 2026. En el fragmento publicado se identifica a Ortega Zambrano como almacenista general y se señala que, en su condición de gestora del proceso, realizó el llamado a lista de los integrantes del comité.
Otro apartado registra que la funcionaria presentó el informe de avalúo correspondiente a la maquinaria, los vehículos y las motocicletas que serían dados de baja. De acuerdo con el documento, durante esa exposición se indicó que el informe contaba con los requisitos y soportes necesarios para continuar el procedimiento; sin embargo, la participación de la almacenista en estas actuaciones no demuestra, por sí sola, que hubiera cometido una irregularidad. Para establecer responsabilidades es indispensable precisar qué funciones le correspondían y cuáles decisiones dependían de otras autoridades o dependencias.
Una visita programada en la Alcaldía, pero con los bienes en otro lugar
Uno de los nuevos cuestionamientos de Díaz Carpio apunta a la visita de inspección prevista para los posibles interesados en adquirir los bienes. El cronograma reproducido por el abogado fijaba la diligencia para el 2 de junio de 2026, a las 3:00 de la tarde, en la carrera 5 n.º 15-69, Plaza Alfonso López, dirección de la sede de la Alcaldía de Valledupar; no obstante, un fragmento de la Resolución 1510 del 12 de mayo de 2026 señala que los bienes estaban ubicados en el antiguo lote Electrocesar.
La diferencia entre ambas direcciones plantea una pregunta: ¿la sede administrativa fue establecida como punto de encuentro para trasladar posteriormente a los interesados hasta el lugar donde permanecían los vehículos y la maquinaria? Los apartados publicados no permiten resolver ese interrogante. Tampoco demuestran que la administración hubiera impedido una inspección física. Para determinarlo sería necesario conocer las instrucciones completas de la visita y las comunicaciones entregadas a los posibles oferentes.
La constancia firmada por la almacenista
Díaz Carpio también divulgó un fragmento de una constancia fechada el 2 de junio de 2026. El documento sitúa la diligencia en la dirección de la Alcaldía y aparece suscrito por Carmen Alicia Ortega Zambrano, en su calidad de almacenista general municipal. Según el denunciante, ningún interesado asistió a la inspección programada; sin embargo, el fragmento exhibido no permite examinar todas las circunstancias de la diligencia. Queda pendiente verificar el contenido íntegro de la constancia y establecer si se contempló alguna alternativa para conocer físicamente los bienes.
La ubicación de la visita adquiere relevancia porque la inspección podía servir a los interesados para evaluar el estado de los activos antes de formular sus ofertas. Una revisión documental deberá determinar si todos los potenciales participantes tuvieron acceso suficiente y oportuno a esa información.
Del avalúo al destino final de los bienes
Otro de los documentos presentados corresponde a las conclusiones del Comité de Baja de Bienes. El apartado divulgado contempla que una empresa con las autorizaciones técnicas y ambientales correspondientes pudiera realizar las labores previstas en el procedimiento. Por otra parte, Díaz Carpio mostró una cláusula de un pliego de condiciones que permitiría al comprador optar por la restauración, reparación o habilitación operativa de vehículos y maquinaria, además del aprovechamiento de sus materiales.
La comparación plantea dudas sobre la coherencia entre el diagnóstico de los activos y los usos permitidos después de su venta; no obstante, antes de determinar si existió una contradicción administrativa, es necesario comprobar la versión definitiva del pliego, el alcance de las conclusiones del comité y las obligaciones efectivamente pactadas. La sola posibilidad de restaurar un vehículo tampoco significa que este se encontrara en condiciones de funcionamiento al momento de la venta.
La administración ha defendido el proceso
La venta de bienes en Valledupar ha generado cuestionamientos por los valores asignados a vehículos, motocicletas y maquinaria pesada. Entre los activos figura una camioneta Toyota Prado modelo 2013, cuyo precio individual fue establecido en $2.500.000. El secretario general de la Alcaldía, Eudes José Orozco, ha defendido el procedimiento y explicado que los bienes presentaban condiciones de deterioro y dificultades para continuar asegurados.
Por su parte, el alcalde Ernesto Orozco anunció el 11 de octubre que solicitó un informe detallado sobre las actuaciones adelantadas y el estado del proceso, con el propósito de poner la documentación a disposición de las autoridades competentes. La revisión de los precios requiere considerar las condiciones técnicas reales de cada bien y la metodología utilizada para determinar su valor de venta.
Las respuestas que siguen pendientes
La nueva denuncia de Díaz Carpio deja dos asuntos que deben esclarecerse. El primero es la situación laboral de Carmen Alicia Ortega Zambrano. Corresponde confirmar si continúa vinculada a la Alcaldía, si recibió alguna solicitud de renuncia y cuáles serían las razones de una eventual desvinculación. El segundo es el procedimiento de inspección de los 33 bienes. La administración deberá explicar por qué el cronograma señaló la sede de la Alcaldía cuando otro documento ubicaba los activos en el antiguo lote Electrocesar.
También resulta pertinente conocer el acta completa de la diligencia del 2 de junio, las instrucciones dirigidas a los interesados y las condiciones establecidas para verificar el estado de los bienes. Noticias del Cesar continuará examinando los documentos de la venta de bienes en Valledupar y buscando las versiones de los funcionarios mencionados. Por ahora, la presunta salida de la almacenista constituye una afirmación de Díaz Carpio pendiente de corroboración. Las diferencias documentales sobre la visita, en cambio, abren preguntas concretas que requieren explicaciones de la administración municipal.
