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Durante un recorrido por los ministerios de Hacienda, Interior y Cultura, el presidente instruyó a la ministra Paola Holguín para retirar estas representaciones de lugares públicos, al considerar que constituyen una apología del terrorismo.
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, ordenó retirar de los lugares públicos las representaciones de Carlos Pizarro Leongómez, antiguo comandante del M-19, y de otras personas a quienes calificó como terroristas. El anuncio lo hizo este jueves 15 de octubre, durante una jornada de visitas a los ministerios de Hacienda, Interior y Cultura, en Bogotá. Aunque el recorrido estuvo orientado a conocer las instalaciones de las entidades, saludar a sus funcionarios y acercarse a su funcionamiento, fue durante su intervención ante el personal del Ministerio de Cultura cuando el mandatario impartió una instrucción que podría abrir una nueva controversia sobre los símbolos históricos presentes en espacios públicos del país.
«Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara», manifestó el jefe de Estado. Acto seguido, se dirigió a la ministra de Cultura, Paola Holguín, y anunció la instrucción que constituye el centro de su declaración: «Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecido de los lugares públicos. No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar».
La expresión «Pizarro y demás terroristas» amplía el alcance de lo anunciado por el presidente, pues su señalamiento no se limita al antiguo dirigente del M-19; sin embargo, durante el fragmento conocido de su intervención no identificó a otras personas cuyas imágenes deban retirarse, ni precisó cuáles serían los espacios afectados.
«No acepto la apología al terrorismo»
De La Espriella justificó su decisión como parte de la defensa de los principios institucionales que, según afirmó, orientan su administración. «No acepto la apología al terrorismo. En este gobierno se acabó. Aquí defendemos la legalidad, la libertad, la institucionalidad y la democracia. Y si uno defiende esos postulados fundamentales, no puede bajo ninguna circunstancia permitir la apología al terrorismo», sostuvo. El mandatario cerró su intervención reiterando la instrucción a la titular de Cultura:
«Así que, señora ministra, proceda de conformidad, como corresponde. Para eso nos eligió el pueblo colombiano». Finalmente, vinculó sus declaraciones con lo que denominó «la recuperación del orgullo por la cultura colombiana». La intervención formó parte del recorrido institucional que el presidente difundió en sus redes sociales, donde explicó que su propósito era mantener un Gobierno cercano a los funcionarios y comprometido con una gestión eficiente, transparente y orientada a resultados.
Carlos Pizarro, entre la historia del M-19 y el proceso de paz
Carlos Pizarro Leongómez fue uno de los principales comandantes del Movimiento 19 de Abril (M-19), organización guerrillera que protagonizó episodios de violencia y confrontación armada en Colombia durante las décadas de 1970 y 1980. También encabezó la etapa final del proceso de negociación que culminó con la desmovilización del M-19 y la firma de un acuerdo de paz con el Gobierno de Virgilio Barco, el 9 de marzo de 1990.
Tras dejar las armas, Pizarro ingresó a la actividad política legal y se convirtió en candidato a la Presidencia de la República. Fue asesinado el 26 de abril de 1990, durante la campaña electoral. Su trayectoria reúne, por tanto, distintos capítulos de la historia colombiana: la insurgencia armada, la negociación de paz, la reincorporación política y la violencia contra dirigentes que abandonaron la lucha guerrillera. Esa dimensión histórica forma parte del debate que puede surgir alrededor de las representaciones de Pizarro en espacios públicos, más allá de la valoración expresada por el actual presidente.
El antecedente del sombrero de Pizarro
La declaración presidencial ocurre apenas quince días después de una decisión del Consejo de Estado relacionada con otro símbolo del antiguo comandante guerrillero. El 30 de septiembre de 2026, la corporación suspendió provisionalmente los efectos de la Resolución 218 del 17 de junio de 2024, mediante la cual el Ministerio de las Culturas, durante el Gobierno de Gustavo Petro, había reconocido el sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural de la Nación.
El alto tribunal consideró, en su análisis preliminar, que las disposiciones utilizadas para sustentar la resolución no facultaban al Ministerio para otorgar ese reconocimiento mediante el procedimiento empleado. La determinación fue adoptada como medida cautelar y no constituye una sentencia definitiva sobre la legalidad del acto administrativo. Es importante distinguir ambos acontecimientos: el Consejo de Estado examinó las competencias y el procedimiento utilizados para reconocer un objeto patrimonial, mientras que la nueva instrucción presidencial se refiere a representaciones de personas en espacios públicos. Por ahora, no se ha establecido que ambas decisiones tengan una relación jurídica directa.
¿Qué alcance tendrá la orden presidencial?
La instrucción anunciada por De La Espriella deja varios interrogantes sobre su aplicación. Entre ellos están las representaciones que podrían ser objeto de retiro, las entidades encargadas de ejecutar la medida y los procedimientos administrativos que tendrían que adelantarse. También será necesario establecer si la disposición se limitará a instalaciones administradas por entidades nacionales o si el Gobierno buscará extenderla a otros espacios públicos sujetos a competencias territoriales o regímenes especiales de protección patrimonial.
La declaración presidencial, por sí sola, no permite concluir que exista una orden administrativa formalizada ni que hayan comenzado los retiros. La controversia de fondo estará en determinar cómo se concilia la posición del Gobierno frente a la exaltación de antiguos actores armados con las normas que protegen el patrimonio cultural, la memoria histórica y las competencias de las autoridades públicas. Por ahora, la instrucción política quedó expresada públicamente. Falta conocer cómo pretende materializarla el Ministerio de Cultura y cuál será su alcance efectivo.
