Contrato deportivo en Curumaní abre dudas por los precios

La compra de implementos para las escuelas de formación deportiva de Curumaní quedó en medio de una controversia por los valores pactados en un contrato de $249,2 millones.

El debate surgió después de que el concejal Álex Oliveros Galindo difundiera documentos del proceso y cuestionara cuánto pagará el municipio por balones, guayos, petos y otros elementos destinados a fútbol, voleibol, futsala y patinaje.

La administración municipal respondió que los precios no pueden evaluarse únicamente con referencias comerciales y defendió la planeación del proceso.

Los valores que encendieron la discusión

Entre los productos cuestionados aparecen balones de voleibol por $258.000 cada uno, guayos deportivos por $246.000 y balones de fútbol número 5 por $228.000.

El concejal comparó esos valores con cotizaciones comerciales de fabricantes y distribuidores. Según la información divulgada, varias referencias disponibles en el mercado tienen precios considerablemente inferiores.

Uno de los ejemplos corresponde a los guayos. El contrato contempla la compra de 200 pares, mientras que una cotización de un fabricante nacional citada en la denuncia muestra un valor mucho menor por unidad.

Algo similar ocurre con los balones de fútbol, voleibol y futsala.

Sin embargo, esas comparaciones no bastan para demostrar un sobrecosto. Para establecer una eventual irregularidad habría que revisar las especificaciones técnicas, calidad, transporte, impuestos, garantías y demás costos asociados al contrato.

La diferencia que cuestiona el concejal

Uno de los cálculos presentados en la controversia se concentra en 500 balones y 200 pares de guayos.

Según las cifras divulgadas, esos elementos suman alrededor de $160,2 millones dentro del contrato.

La cotización utilizada por los denunciantes para compararlos arrojaría un valor cercano a $42,7 millones, lo que deja una diferencia superior a $117 millones.

Ese contraste se convirtió en uno de los principales argumentos del concejal para pedir explicaciones sobre la construcción del presupuesto oficial.

También fueron cuestionados los precios de petos deportivos y canilleras.

Solo hubo un proponente

Otro punto que genera atención es la participación en el proceso.

La selección abreviada mediante subasta inversa se realizó el 6 de agosto de 2026 y contó con un solo proponente: Cindy Paola Díaz Payares, propietaria del establecimiento Suministros Payares.

La propuesta presentada fue por $249.235.000, apenas $765.000 por debajo del presupuesto oficial de $250 millones.

Al existir una sola oferta habilitada, el proceso podía continuar sin una puja entre varios participantes.

El acta de inicio se firmó el 18 de agosto y el plazo de ejecución quedó establecido en dos meses.

La Alcaldía defiende la contratación

El secretario general de Curumaní, César Centeno Cadena, rechazó que las diferencias de precios permitan concluir automáticamente que hubo sobrecostos.

El funcionario aseguró que el contrato se estructuró con estudios de mercado y que los soportes pueden consultarse en la plataforma estatal de contratación.

También sostuvo que el municipio buscó adquirir elementos con determinadas condiciones de calidad y que no necesariamente debe escoger la alternativa más barata.

Según su explicación, un contrato público incluye cargas económicas que no siempre aparecen en una compra individual. Entre ellas mencionó impuestos, estampillas y otros costos que debe asumir el contratista.

Lo que todavía falta por aclarar

La discusión ahora se concentra en varios puntos: qué cotizaciones utilizó la Alcaldía para construir el presupuesto, cuáles fueron las especificaciones exactas de cada producto y cómo se verificará la calidad de los elementos entregados.

También queda bajo revisión la limitada participación de oferentes y la cercanía entre el presupuesto oficial y la propuesta ganadora.

Por ahora, la controversia está sustentada en comparaciones de precios y documentos contractuales. No existe una decisión de un organismo de control que haya establecido detrimento patrimonial, sobrecostos o responsabilidad disciplinaria, fiscal o penal.

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