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El Ministerio del Trabajo puso en consulta pública ocho proyectos de decreto con los que busca derogar o modificar varias normas laborales expedidas durante el gobierno de Gustavo Petro. La cartera sostiene que algunos de esos decretos incluyeron sanciones, competencias o reglas que excederían la facultad reglamentaria del Ejecutivo.
Las propuestas podrán recibir comentarios hasta el 9 de noviembre de 2026. El Ministerio aclaró que esta revisión no modifica la Ley 2466 de 2025, que contiene la reforma laboral actualmente vigente.
¿Por qué el Gobierno quiere cambiar estos decretos?
Según el análisis de la cartera, se detectaron disposiciones con multas superiores a los límites legales, funciones similares a las de un juez asignadas a inspectores y normas que ya habían sido anuladas por el Consejo de Estado. También se encontraron problemas técnicos, como artículos duplicados y referencias a disposiciones inexistentes.
La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, ha defendido la revisión bajo el argumento de que los derechos laborales deben quedar respaldados por normas que puedan sostenerse jurídicamente. Desde el Ministerio insisten en que la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y las leyes aprobadas por el Congreso mantienen las garantías existentes.
Tercerización laboral, uno de los primeros puntos
Uno de los proyectos propone derogar el Decreto 581, relacionado con la tercerización laboral ilegal. La cartera considera que la norma contemplaba sanciones que excedían lo autorizado y retomaba disposiciones previamente anuladas.
Sin embargo, esto no significa que quede permitida la contratación irregular mediante terceros. La prohibición de utilizar intermediarios para cubrir labores permanentes continuará vigente y podrá ser sancionada conforme a la legislación laboral.
Pactos colectivos volverían a reglas del Código Laboral
Otro de los cambios apunta al Decreto 992 de 2026, que regulaba los pactos colectivos entre empresas y trabajadores no sindicalizados.
La propuesta plantea que estos acuerdos vuelvan a regirse por el Código Sustantivo del Trabajo. Se mantendría, sin embargo, la prohibición de celebrar pactos colectivos cuando un sindicato agrupe a más de una tercera parte de los trabajadores de la empresa.
Las organizaciones sindicales han expresado reparos frente a este tipo de acuerdos porque consideran que pueden afectar el derecho de asociación. El debate sobre este punto seguirá abierto durante la etapa de comentarios.
Inspectores laborales tendrán límites más definidos
El Ministerio también plantea cambios al Decreto 720, que regula algunas facultades de los inspectores de trabajo.
La nueva propuesta permitiría que estos funcionarios actúen preventivamente cuando exista una situación de riesgo. Sin embargo, sus decisiones tendrían que estar debidamente sustentadas, ser temporales y permitir los recursos previstos por la ley.
La cartera argumenta que la reglamentación anterior otorgaba a los inspectores facultades que podían acercarse a funciones propias de los jueces.
Repartidores de plataformas: cambiaría la base de cotización
Uno de los ajustes con mayor impacto directo recaería sobre los trabajadores de plataformas digitales.
El proyecto que modifica el Decreto 991 propone que los repartidores independientes calculen sus aportes a seguridad social sobre el 40 % de sus ingresos reales. Actualmente, en determinados casos, deben cotizar sobre un salario mínimo completo aunque sus ingresos sean inferiores.
El borrador también contempla que algunas obligaciones entren en vigor 12 meses después de que el Ministerio de Salud certifique que existen las herramientas tecnológicas necesarias para aplicar el nuevo sistema.
Acoso sexual conservaría medidas de protección
La revisión del Decreto 1040 mantendría las medidas relacionadas con prevención y atención a víctimas de acoso laboral, violencia y discriminación.
También conservaría una protección especial de seis meses frente al acoso sexual. La atención psicológica quedaría a cargo de las administradoras de riesgos laborales, ARL.
El Ministerio pretende retirar algunas presunciones y reglas probatorias porque considera que ese tipo de disposiciones debe ser establecido mediante una ley y no a través de un decreto.
Además, otro proyecto mantiene sanciones contra empleadores que despidan a víctimas de acoso sexual, aunque incorporaría la gravedad de la conducta como uno de los criterios para determinar el monto de la multa.
Trabajo doméstico y periodistas también entran en la revisión
El paquete incluye modificaciones al Decreto 993, relacionado con el trabajo doméstico. La propuesta establece que las inspecciones puedan realizarse sin necesidad de ingresar a las viviendas, con el objetivo de proteger la intimidad del hogar.
Otro de los proyectos revisa el Decreto 660, sobre periodistas y comunicadores. El Ministerio busca ajustarlo a los límites establecidos por la reforma laboral y evitar que la reglamentación cree obligaciones que no estén expresamente previstas en la ley.
Sindicatos y empresarios mantienen posiciones diferentes
La revisión de los decretos estuvo precedida por reuniones entre el Gobierno, centrales obreras y gremios empresariales. Durante octubre se realizaron espacios de concertación para analizar las normas y recibir observaciones.
Organizaciones sindicales han advertido que la derogación o flexibilización de algunos decretos podría afectar el principio de progresividad de los derechos laborales. Desde sectores empresariales, en cambio, se ha defendido la necesidad de corregir normas que podrían generar inseguridad jurídica.
Por ahora, los ocho textos continúan en etapa de consulta. Una vez termine el periodo de comentarios, el Ministerio deberá decidir qué modificaciones incorpora y cuáles de los proyectos serán finalmente expedidos.
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