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Las protestas en Francia reavivan recuerdos de las revueltas de 2005 y 2023, el movimiento de los chalecos amarillos y el paro colombiano de 2021. El incendio de un edificio en Lyon y los enfrentamientos en París muestran cómo el descontento social puede convertirse en una crisis nacional.
Las protestas en Francia volvieron a encender las alarmas este sábado 17 de octubre de 2026. Una oficina de turismo incendiada en Lyon, enfrentamientos entre manifestantes y policías en París, ataques contra instalaciones públicas en Marsella y centenares de detenciones marcaron una jornada de inconformidad social que se extendió por distintas ciudades del país europeo. Lo ocurrido tiene un trasfondo que va más allá de los incendios, las barricadas y los gases lacrimógenos. Francia está reviviendo escenas que marcaron su historia reciente: las revueltas de los barrios populares de 2005, las movilizaciones de los chalecos amarillos de 2018 y los disturbios de 2023, desencadenados por la muerte de un adolescente durante un control policial.
Para Colombia, las imágenes tienen una resonancia particular. Recuerdan episodios del llamado estallido social de 2021, cuando las protestas contra la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque terminaron convirtiéndose en una movilización nacional, acompañada de bloqueos, disturbios, graves denuncias de abusos policiales y una profunda confrontación política. Las causas y los protagonistas no son idénticos. Sin embargo, estos acontecimientos comparten una pregunta inquietante: ¿cómo una inconformidad inicialmente localizada puede terminar poniendo contra las cuerdas a un gobierno?
Lyon, París y Marsella: la inconformidad llega a las calles
Uno de los episodios más impactantes de este sábado ocurrió en Lyon, donde una sede de la oficina de turismo, ubicada en la plaza Bellecour, fue vandalizada e incendiada durante las manifestaciones. Las imágenes mostraron grandes llamas envolviendo el inmueble. De acuerdo con la información divulgada por TF1, grupos encapuchados lanzaron proyectiles contra las fuerzas de seguridad, mientras los bomberos encontraron dificultades para acceder al lugar y controlar el incendio. En París, las concentraciones derivaron en enfrentamientos con la Policía. Hubo lanzamiento de objetos, incendios de vehículos y utilización de gases lacrimógenos y cañones de agua.
Marsella también registró disturbios, daños a instalaciones públicas e incursiones de manifestantes en dependencias municipales. El Ministerio del Interior francés reportó al menos 272 detenciones en todo el país hasta media tarde, según el balance divulgado por Associated Press. La cifra corresponde a un corte parcial y podría modificarse; sin embargo, reducir las movilizaciones a sus expresiones violentas sería ignorar las reivindicaciones de quienes han salido pacíficamente a las calles.
En el origen de esta nueva oleada se encuentran las protestas estudiantiles por las deficiencias de los centros educativos, la falta de personal docente y el deterioro de las instalaciones. A estas reclamaciones se sumaron el encarecimiento de la vida, las dificultades económicas de los hogares y las críticas a las políticas gubernamentales. La participación de sindicatos y de antiguos integrantes del movimiento de los chalecos amarillos terminó conectando inconformidades de distintos sectores sociales.
2005: cuando los barrios populares de Francia estallaron
Para comprender el presente es necesario regresar al 27 de octubre de 2005. Ese día, Zyed Benna, de 17 años, y Bouna Traoré, de 15, murieron electrocutados en una subestación eléctrica de Clichy-sous-Bois, en las afueras de París, mientras intentaban evitar un control policial. La tragedia desencadenó una oleada de disturbios que se extendió durante tres semanas por numerosos barrios populares franceses. Miles de vehículos fueron incendiados, se produjeron ataques contra edificios públicos y las autoridades recurrieron al estado de emergencia para intentar recuperar el orden.
Aquella explosión social puso en evidencia problemas acumulados durante décadas: desempleo juvenil, segregación urbana, discriminación y deterioro de las relaciones entre la Policía y determinados sectores de la población. Buena parte de los protagonistas eran jóvenes franceses descendientes de familias inmigrantes del norte de África y de otras regiones del continente africano. No se trataba simplemente de extranjeros enfrentados al Estado francés. Muchos habían nacido y crecido en Francia y reclamaban reconocimiento, oportunidades y un trato igualitario. La revuelta dejó una lección que sigue vigente: cuando una sociedad acumula frustraciones sin resolver, un acontecimiento puntual puede convertirse en el detonante de un conflicto mucho mayor.
2018: los chalecos amarillos pusieron a Macron contra las cuerdas
Trece años después, Francia volvió a estremecerse. El 17 de noviembre de 2018 comenzó el movimiento de los chalecos amarillos, inicialmente impulsado por el rechazo al aumento de los impuestos sobre los combustibles. Lo que parecía una protesta de automovilistas se convirtió rápidamente en una movilización contra el costo de vida, la desigualdad económica y la distancia entre las decisiones del Gobierno y las necesidades de los ciudadanos.
Las manifestaciones llegaron al corazón de París. Los Campos Elíseos fueron escenario de enfrentamientos, incendios, daños materiales y una fuerte intervención policial. El presidente Emmanuel Macron terminó anunciando concesiones económicas y la suspensión del incremento tributario que había contribuido a desencadenar la crisis. Los chalecos amarillos demostraron que una reivindicación concreta, como el precio del combustible, podía convertirse en el símbolo de un malestar nacional. Ahora, en octubre de 2026, algunos participantes de aquel movimiento vuelven a aparecer en las calles junto con estudiantes y organizaciones sindicales.
Esa confluencia entre generaciones y sectores sociales constituye uno de los elementos más importantes de las actuales protestas en Francia.
2023: la muerte de Nahel reabrió las heridas
El 27 de junio de 2023, otro acontecimiento desencadenó una grave crisis de orden público. Nahel Merzouk, un adolescente francés de 17 años y ascendencia norteafricana, murió después de recibir un disparo policial durante un control de tránsito en Nanterre, cerca de París. La difusión de las imágenes provocó indignación y una sucesión de disturbios que alcanzó distintas ciudades.
Se registraron incendios de vehículos, ataques contra dependencias oficiales, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La respuesta gubernamental incluyó el despliegue de decenas de miles de agentes. Los acontecimientos de 2023 pusieron nuevamente sobre la mesa las denuncias de discriminación, las relaciones conflictivas entre la Policía y los barrios populares y el papel de las redes sociales en la expansión de las movilizaciones. Francia comprobó que las tensiones de 2005 no habían desaparecido por completo. El episodio también mostró que las imágenes difundidas por internet podían acelerar la indignación pública y convertir un hecho local en una crisis nacional.
Colombia 2021: el antecedente que inevitablemente viene a la memoria
Aunque las protestas en Francia responden a circunstancias propias, para los colombianos resulta difícil observar estas escenas sin recordar lo ocurrido durante el gobierno de Iván Duque. El 28 de abril de 2021 comenzó el paro nacional, convocado principalmente contra una reforma tributaria que el Ejecutivo pretendía tramitar en medio de las dificultades económicas derivadas de la pandemia. La inconformidad inicial se amplió rápidamente.
A las críticas por los impuestos se sumaron reclamaciones relacionadas con el desempleo, la pobreza, la desigualdad, las oportunidades para los jóvenes y la actuación de las instituciones. Incluso después de que Duque anunciara el retiro de la reforma tributaria, las movilizaciones continuaron. En ciudades como Cali y Bogotá se presentaron concentraciones multitudinarias, bloqueos, enfrentamientos, ataques contra establecimientos y bienes públicos, así como denuncias de uso excesivo de la fuerza.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos examinó los hechos y documentó graves afectaciones de derechos humanos durante las jornadas de protesta. Al mismo tiempo, el Gobierno colombiano denunció actos de vandalismo, violencia contra integrantes de la fuerza pública y bloqueos que afectaron el abastecimiento, la movilidad y las actividades económicas. La controversia política fue igualmente intensa.
Sectores opositores consideraban que las movilizaciones expresaban un descontento legítimo frente a las políticas gubernamentales. Desde el oficialismo y otros sectores se cuestionó la participación de grupos violentos y el aprovechamiento político de los disturbios. Sin embargo, una cosa es reconocer que diferentes organizaciones intentaron capitalizar políticamente el paro y otra, muy distinta, concluir que toda la movilización respondió a un plan coordinado para derrocar al Gobierno. Esa última afirmación requiere pruebas que no pueden reemplazarse por interpretaciones partidistas.
Protesta legítima, violencia y aprovechamiento político: la frontera que no debe desaparecer
Las semejanzas entre Francia y Colombia también obligan a abordar una discusión incómoda: ¿dónde termina el derecho a protestar y dónde comienza la responsabilidad penal de quienes destruyen bienes o agreden a otras personas? En una democracia, manifestarse contra las decisiones de un gobierno constituye un derecho fundamental; pero ese derecho no convierte en legítimos los incendios provocados, los saqueos, las agresiones ni los ataques contra edificios públicos o privados.
Tampoco autoriza a las autoridades a responder indiscriminadamente contra quienes participan pacíficamente en las manifestaciones. Las dos responsabilidades deben examinarse por separado. El Estado tiene la obligación de garantizar el orden público, proteger la integridad de las personas y perseguir los delitos. Simultáneamente, debe respetar los derechos de los manifestantes y responder por eventuales abusos cometidos por sus agentes.
Y hay un tercer elemento: la intervención de los actores políticos. Los movimientos de protesta pueden surgir espontáneamente, ser promovidos por organizaciones sociales o recibir el respaldo de partidos y dirigentes interesados en sus consecuencias políticas. Esa participación merece escrutinio periodístico, especialmente cuando existen acusaciones de financiación irregular, instigación a la violencia o intentos de instrumentalizar las manifestaciones. Pero las responsabilidades deben establecerse mediante hechos verificables, no por la identidad ideológica de quienes participan.
¿Está Francia ante un nuevo estallido social?
La jornada del 17 de octubre evidencia que el descontento francés ha superado las reivindicaciones de un solo sector. Los estudiantes reclaman mejores condiciones educativas. Trabajadores y sindicatos expresan preocupación por su poder adquisitivo. Otros ciudadanos cuestionan el funcionamiento de los servicios públicos y las decisiones económicas. Los episodios violentos de Lyon, París y Marsella muestran, además, los riesgos de que los enfrentamientos terminen desplazando la discusión sobre las causas originales de las manifestaciones.
No obstante, todavía sería prematuro afirmar que Francia enfrenta una crisis de las mismas dimensiones que las de 2005, 2018 o 2023. Su alcance dependerá de la evolución de las convocatorias, la respuesta gubernamental y la capacidad de los sectores movilizados para mantener una agenda común. El antecedente colombiano deja una enseñanza igualmente relevante: una protesta puede conseguir la retirada de una medida gubernamental y, aun así, continuar porque sus causas sociales son más profundas.
Francia vuelve a encontrarse ante una disyuntiva conocida: atender las reclamaciones ciudadanas, contener a los responsables de la violencia y evitar que la respuesta policial agrave todavía más el conflicto. Y desde Colombia, donde el estallido social de 2021 continúa provocando controversias políticas y judiciales, la pregunta conserva toda su vigencia: ¿cómo impedir que el descontento legítimo termine convertido en una espiral de confrontación de la que pierdan tanto los ciudadanos como las instituciones?
