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Las autoridades hicieron un llamado a los colombianos para votar de manera libre, secreta y sin presiones durante la segunda vuelta presidencial. En Colombia, los delitos electorales están contemplados en el Título XIV del Código Penal, entre los artículos 386 y 396C, según explica el Ministerio del Interior en su cartilla oficial sobre criminalidad electoral.
La ley castiga la compra de votos y las presiones al elector
La Fiscalía General de la Nación advierte que la compra o venta de votos, el traslado irregular de votantes, las amenazas, el constreñimiento a candidatos o sufragantes, la obstrucción de los comicios y la financiación ilegal son conductas que pueden presentarse antes, durante o después del certamen democrático.
Uno de los delitos más conocidos es la corrupción al sufragante, que ocurre cuando alguien promete, paga, entrega dinero, dádivas o beneficios para que una persona vote por determinado candidato, partido, corriente política, en blanco o se abstenga de votar. Esta conducta puede dar prisión de 4 a 8 años y multa de 200 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Presionar a un votante también da cárcel
El constreñimiento al sufragante se configura cuando una persona amenaza o presiona a un ciudadano para obtener su voto, apoyo a determinado candidato, lista o voto en blanco, o para impedirle votar libremente. La sanción es de 4 a 9 años de prisión y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si quien comete la conducta es un servidor público, la pena puede aumentar de la mitad al doble.
También está el fraude al sufragante, que ocurre cuando mediante engaños se logra que una persona vote por un candidato, partido, corriente política o en blanco. En este caso, la pena va de 4 a 8 años de prisión y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Votar más de una vez o suplantar a alguien es delito
La ley también castiga el voto fraudulento. Este delito se presenta cuando alguien suplanta a un elector, vota más de una vez o deposita un voto sin tener derecho a hacerlo. La sanción es de 4 a 8 años de prisión y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si un servidor público permite esa suplantación, deja votar más de una vez o autoriza votar sin derecho, incurre en favorecimiento de voto fraudulento. En ese caso, la pena sube a 4 a 9 años de prisión, multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el doble de la pena impuesta.
Alterar resultados o retener cédulas puede costar caro
La alteración de resultados electorales también está castigada. Quien altere el resultado de una votación o introduzca documentos o tarjetones indebidamente puede enfrentar 4 a 8 años de prisión y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Otra conducta grave es el ocultamiento, retención o posesión ilícita de cédulas. Esto ocurre cuando alguien hace desaparecer, posee o retiene una cédula ajena o cualquier documento necesario para votar. La sanción también puede ser de 4 a 8 años de prisión y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Trasteo de votos y tráfico de votos
El fraude en inscripción de cédulas, conocido popularmente como trasteo de votos, se presenta cuando una persona logra que ciudadanos inscriban su documento en un lugar diferente al que les corresponde, con el propósito de obtener ventaja electoral. La pena va de 4 a 9 años de prisión y multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Más grave aún es el tráfico de votos, que ocurre cuando alguien ofrece los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádivas. Esta conducta puede dar 4 a 9 años de prisión y multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Cómo denunciar delitos electorales
La Fiscalía pidió denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. Las denuncias pueden hacerse a través de la página de la Fiscalía, el botón Denuncia Fácil o la línea 122 desde celular.
En época electoral, vender el voto, presionar a un ciudadano, retener documentos, alterar resultados o mover votantes de forma irregular no son simples “mañas políticas”: son delitos que pueden terminar en cárcel, millonarias multas e inhabilidades.