Escribenos Aquí
Las denuncias contra Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial, sumaron nuevos elementos que ahora deberán ser examinados por la Fiscalía General de la Nación. Los señalamientos se relacionan con presuntas conductas contra la integridad sexual de una niña que tenía ocho años en 2023 y con hechos que también involucrarían a la madre de la menor.
El expediente se encuentra en manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Además de verificar los relatos y las pruebas aportadas, las autoridades deberán esclarecer un supuesto intento de acercamiento a una de las denunciantes por parte de personas cercanas al dirigente político.
Denuncian un supuesto intento de contacto
Uno de los nuevos elementos corresponde a un presunto intento de comunicación entre Caicedo y la madre de la niña. La representación jurídica de las denunciantes considera que este episodio debe investigarse para establecer si se trató de una gestión ordinaria o de una posible forma de presión.
En una declaración incorporada al expediente aparece mencionada Virna Johnson, exalcaldesa de Santa Marta y dirigente cercana al exgobernador. Según el documento conocido públicamente, Johnson habría preguntado por el paradero de la mujer y le habría manifestado que Caicedo buscaba conversar con ella.
La denuncia también menciona la existencia de un audio relacionado con una reunión en la que presuntamente se habría solicitado a la mujer que hablara con el dirigente político. Sin embargo, el hecho de que Johnson aparezca mencionada no implica que exista una responsabilidad establecida en su contra.
Será la Fiscalía la encargada de verificar cómo ocurrió ese acercamiento, quiénes participaron y cuál era el propósito de la comunicación. También deberá determinar si el episodio tiene relevancia dentro de la investigación principal.
Conversaciones fueron incorporadas al expediente
Otro de los elementos revelados corresponde a unas conversaciones por WhatsApp que habrían ocurrido el 22 de junio de 2023. De acuerdo con el documento citado por medios nacionales, durante esos intercambios se le habría pedido a una de las mujeres responder de determinada manera y mantener una actitud favorable hacia Caicedo.
En esas comunicaciones también aparecen expresiones relacionadas con una posible ayuda y con la supuesta existencia de fotografías guardadas en una bodega. El contenido, origen y contexto de esas conversaciones deberán ser sometidos a revisión técnica antes de que puedan recibir algún valor dentro del proceso.
La investigación tendrá que establecer si los mensajes son auténticos, quiénes participaron en ellos y qué relación tendrían con los hechos denunciados. Su divulgación pública, por sí sola, no constituye una prueba definitiva de responsabilidad.
Abogado advierte temor entre las denunciantes
Julián Quintana, abogado de las denunciantes y exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación, aseguró que el supuesto acercamiento debe ser valorado cuidadosamente por las autoridades.
Según el jurista, el temor sería uno de los principales factores que dificultan que las personas acudan de inmediato a la justicia cuando los señalamientos involucran a dirigentes con influencia política.
Quintana afirmó que las denunciantes tendrían miedo de sufrir represalias, perder oportunidades laborales o afrontar riesgos contra su seguridad. También señaló que el poder político atribuido a Caicedo en Santa Marta y el Magdalena aumentaría esa sensación de vulnerabilidad.
Estas afirmaciones corresponden a la posición del abogado y deberán ser contrastadas dentro del proceso. Las autoridades tendrán que determinar si existieron actos concretos de intimidación o si las comunicaciones señaladas tuvieron una explicación distinta.
Investigan la posible existencia de otros casos
La representación jurídica también aseguró que, durante la recopilación de información, habrían aparecido nuevos testimonios sobre presuntas conductas similares.
Ese planteamiento podría ampliar el alcance de la investigación, pues ya no se trataría únicamente de revisar un señalamiento específico. La Fiscalía deberá establecer si existen otros relatos, si guardan relación entre sí y si cuentan con elementos que permitan verificarlos.
Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre una imputación de cargos ni existe una decisión judicial que declare responsable a Caicedo. Los nuevos testimonios deberán atravesar las etapas de evaluación, contraste y verificación previstas por la ley.
MinJusticia pidió una investigación rigurosa
La ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, se pronunció sobre las denuncias conocidas públicamente y pidió a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia adelantar una investigación rigurosa, transparente e imparcial.
La funcionaria calificó los señalamientos como graves y pidió analizar si podría existir un patrón relacionado con el ejercicio del poder, el silencio y el temor de las personas que denuncian.
Rusinque también solicitó proteger la dignidad y los derechos de la niña y de su madre. Además, advirtió que ninguna trayectoria política o respaldo electoral puede utilizarse para restarle importancia a denuncias de esta naturaleza.
El Ministerio de Justicia aclaró que la exigencia de verdad y esclarecimiento debe avanzar junto con el respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia.
Carlos Caicedo rechazó los señalamientos
Carlos Caicedo negó las acusaciones mediante un comunicado público. El exgobernador aseguró que no conocía completamente el contenido de la denuncia y que no había sido notificado formalmente por las autoridades.
También manifestó que los señalamientos harían parte de una supuesta persecución sistemática en su contra y cuestionó que se produzca una condena mediática antes de que pueda ejercer su derecho a la defensa.
Caicedo anunció que acudirá a los mecanismos legales para defender su honra y reiteró que debe respetarse su presunción de inocencia. También planteó que podría existir una estrategia dirigida a afectar su imagen y su trayectoria política.
Autoridades deberán esclarecer los hechos
Los detalles divulgados forman parte de denuncias que todavía se encuentran bajo evaluación. La Fiscalía deberá revisar las declaraciones, verificar las conversaciones, analizar los audios y escuchar a todas las personas mencionadas.
Por tratarse de un caso que involucra a una niña, las autoridades deberán garantizar estrictas medidas de reserva y protección. También deberán evitar que la menor y su entorno familiar sean expuestos innecesariamente durante el avance del proceso.
Carlos Caicedo conserva su derecho a la presunción de inocencia y a defenderse ante las autoridades. Al mismo tiempo, las denunciantes tienen derecho a recibir protección, ser escuchadas y obtener una investigación diligente que permita establecer qué ocurrió y si existe alguna responsabilidad penal.