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La ejecución del desalojo en Sabanas 1, Valledupar, vuelve a quedar en medio de una compleja discusión jurídica, social y de seguridad. El alcalde Ernesto Orozco explicó que la administración debe cumplir una orden judicial, pero advirtió que actualmente existen limitaciones materiales para desplegar el operativo en la fecha fijada por la Inspección Séptima Urbana.
En entrevista con Radio Guatapurí, el mandatario señaló que la magnitud de la diligencia exigiría una movilización extraordinaria de fuerza pública y la disponibilidad previa de espacios para albergar a las familias afectadas. A esto se suma, según explicó, la emergencia nacional generada por el terremoto, que ha reducido la capacidad operativa de las autoridades.
“Necesitaríamos alrededor de 2.000 o 3.000 policías”
Orozco explicó que el proceso no depende únicamente de la voluntad de la Alcaldía, sino de condiciones logísticas y de seguridad que permitan ejecutar el desalojo sin generar una crisis mayor.
“Nosotros estamos cumpliendo una orden judicial y el inspector puso una fecha de desalojo. Ahí estamos hablando del tema con la comunidad, con la fuerza pública. Para hacer un desalojo de ese tipo estamos hablando de que tendríamos que tener alrededor de 2.000 o 3.000 policías especializados. Tendríamos que disponer de los sitios donde vamos a llevar esas personas. Pero en estos momentos, con la situación que tenemos en el centro del país por el terremoto, la fuerza pública nos ha hablado de la imposibilidad material de poder hacer ese desalojo”.
La declaración deja claro que la principal dificultad inmediata está en reunir el personal especializado suficiente y, al mismo tiempo, garantizar condiciones mínimas para las personas que tendrían que abandonar el predio.
Más de 30.000 personas estarían involucradas
La dimensión social del procedimiento también explica la dificultad del operativo.
De acuerdo con datos de la administración municipal citados en la información conocida, más de 30.000 personas habitan en sectores como Brisas de La Popa, Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte 2, todos vinculados al proceso de restitución de los terrenos.
Por esa razón, la diligencia no puede limitarse únicamente a retirar a los ocupantes. Las decisiones judiciales también exigen que las autoridades adopten medidas para atender a las familias vulnerables y dispongan de albergues provisionales antes de cualquier traslado.
La Alcaldía debe cumplir decisiones judiciales
El conflicto tiene un componente jurídico que mantiene presión constante sobre la administración municipal.
La Alcaldía debe atender sentencias relacionadas con la restitución de los predios a la familia Pimienta, propietaria de las tierras involucradas en el proceso. Esto significa que la administración enfrenta simultáneamente la obligación de cumplir la orden judicial y la responsabilidad de proteger los derechos de las familias asentadas.
La situación ya tuvo consecuencias para el alcalde.
Alcalde fue sancionado en 2024 por retrasos en el proceso
En julio de 2024, el Juzgado Quinto Civil del Circuito sancionó a Ernesto Orozco con tres días de arresto y una multa económica debido a los retrasos en la ejecución del traslado relacionado con este proceso.
Ese antecedente evidencia la presión jurídica que enfrenta la Alcaldía para avanzar en el cumplimiento de las decisiones judiciales.
Sin embargo, el escenario actual incorpora nuevas dificultades: la necesidad de disponer de miles de uniformados, garantizar espacios temporales para las familias y responder a una emergencia nacional que ha requerido el despliegue de fuerza pública y organismos de atención en otras regiones.
El problema no es únicamente de seguridad
Aunque la disponibilidad de policías especializados representa una de las principales limitaciones, el alcalde dejó claro que el operativo también necesita una solución para quienes tendrían que abandonar el terreno.
Antes de ejecutar la diligencia, las autoridades deben definir dónde serán trasladadas las familias, qué capacidad tendrán los albergues y cómo se atenderá a niños, adultos mayores, víctimas del conflicto y otras personas en condición de vulnerabilidad.
La magnitud de la población involucrada convierte este punto en uno de los principales desafíos del proceso.
La fecha sigue bajo presión
Por ahora, la Alcaldía continúa dialogando con la comunidad y la Fuerza Pública mientras analiza cómo responder a la fecha establecida por la Inspección Séptima Urbana.
La administración se encuentra en una situación compleja: si no ejecuta la orden, puede enfrentar nuevas consecuencias judiciales; si avanza sin las condiciones necesarias, podría generar problemas de seguridad y una crisis humanitaria.
El futuro de Sabanas 1 dependerá entonces de la capacidad de las autoridades para coordinar un operativo de gran escala, garantizar albergues y atender las obligaciones judiciales sin desconocer los derechos de las más de 30.000 personas que, según la administración, habitan los sectores involucrados.