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La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, concluyó que integrantes del Gaula Cesar presentaron asesinatos como resultados operacionales entre noviembre de 2005 y enero de 2007. Durante una audiencia realizada en Valledupar, comparecientes reconocieron la presión ejercida para reportar bajas, mientras las víctimas exigieron verdad, reparación y la recuperación del buen nombre de sus familiares.
JEP documentó una práctica sistemática
Los hechos fueron abordados durante una audiencia del Subcaso Costa Caribe II, en la que la JEP escuchó reconocimientos relacionados con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate.
Según lo expuesto por la magistratura, durante el periodo en el que Alejandro Roballo Rodríguez comandó el Gaula Cesar, la totalidad de los resultados operacionales reportados por esa unidad habría correspondido a ejecuciones ilegales.
La Sala señaló que no se trató de casos aislados. Por el contrario, identificó una práctica sistemática que incluyó el asesinato de civiles y la elaboración de montajes para presentar los hechos como operaciones legítimas.
La documentación de los casos habría involucrado alteraciones en órdenes de operaciones, informes de inteligencia y otros documentos utilizados para dar apariencia de legalidad a las muertes.
Presiones para aumentar los resultados operacionales
Durante su reconocimiento, el coronel retirado Alejandro Roballo Rodríguez habló sobre la cadena de mando y la presión que recibía para incrementar los resultados.
Roballo aseguró que el entonces comandante de la Décima Brigada Blindada, coronel Hernán Giraldo Restrepo, le exigía superar los resultados operacionales alcanzados por su antecesor.
De acuerdo con su relato, la presión también provenía de otros niveles de la estructura militar, entre ellos la Primera División del Ejército y el Comando Conjunto Caribe. En ese contexto, las bajas se convirtieron en uno de los principales indicadores utilizados para medir el éxito de las operaciones.
El oficial retirado reconoció que trasladó esa presión a sus subordinados. Ante la JEP, admitió que impartió órdenes directas e indirectas y que terminó priorizando las cifras sobre la vida de las personas.
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Incentivos y validación pública de los resultados
Los testimonios también expusieron que la lógica de los resultados operacionales no permanecía únicamente dentro de las unidades militares. Los reportes de supuestos combates eran divulgados públicamente y ayudaban a construir una imagen de efectividad operacional.
Víctimas y comparecientes señalaron que medios y emisoras locales difundían información sobre presuntos delincuentes muertos en combate. Entre los medios mencionados durante la audiencia apareció Radio Guatapurí.
Asimismo, algunos testimonios hicieron referencia a incentivos y recompensas por presentar bajas. Para la magistratura, estos elementos hicieron parte de una dinámica que combinaba presión institucional, estímulos económicos y reconocimiento público.
La JEP explicó que estas actuaciones no surgieron de manera espontánea. Estaban relacionadas con políticas de medición de resultados y con una estructura que valoraba el número de muertes reportadas.
Víctimas rechazaron la estigmatización
Las familias aprovecharon la audiencia para rechazar los señalamientos que durante años pesaron sobre las víctimas. Insistieron en que sus familiares eran personas humildes y no integrantes de organizaciones armadas.
Viviana Padilla, madre de un joven asesinado en 2008, cuestionó que las víctimas fueran presentadas públicamente como delincuentes. Según manifestó, esas versiones afectaron durante años el buen nombre de familias enteras.
Otros testimonios recordaron que algunas víctimas fueron engañadas con falsas ofertas de trabajo y posteriormente aparecieron reportadas como muertas en combate.
Las familias también reclamaron que la responsabilidad no recaiga únicamente sobre soldados o reclutadores. Durante la diligencia exigieron esclarecer el papel de los mandos superiores y de quienes impartieron o permitieron las órdenes.
El daño se extendió a comunidades del Cesar
La magistratura advirtió que las ejecuciones extrajudiciales no ocasionaron únicamente daños individuales. Comunidades campesinas e indígenas vivieron bajo el temor de que cualquiera de sus integrantes pudiera ser señalado como enemigo.
Autoridades del pueblo Wiwa participaron en la audiencia realizada en Valledupar y desarrollaron un acto de armonización espiritual. Durante su intervención pidieron verdad plena, respeto por las víctimas y reparación.
Los testimonios indicaron que los asesinatos, las desapariciones y la posterior estigmatización rompieron relaciones comunitarias y generaron miedo en diferentes territorios del Cesar.
Para la JEP, el impacto también alcanzó a las familias que siguen buscando a sus seres queridos y que todavía no han recibido los restos de las víctimas.
Más de 120 personas continúan sin identificar
Durante la audiencia se recordó que más de 120 personas relacionadas con estos hechos no han sido plenamente identificadas. Varias familias continúan buscando información en cementerios del departamento, incluido el de El Copey.
En la primera fila del auditorio fueron ubicadas 12 sillas vacías acompañadas de flores blancas. El acto simbolizó a 12 hombres cuyos restos todavía no han sido entregados a sus familiares.
Las sillas representaron la ausencia que permanece en los hogares y la necesidad de avanzar en la búsqueda, identificación y entrega digna de los cuerpos.
La JEP continuará analizando los reconocimientos de los comparecientes, los testimonios de las víctimas y la posible responsabilidad de quienes integraron la cadena de mando. Las familias, entretanto, mantienen su exigencia de conocer toda la verdad sobre los asesinatos y desapariciones presentados como resultados militares.
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