Una cosa es gobernar desde la Casa de Nariño, y otra muy distinta es querer gobernar desde la plaza pública a punta de megáfono. El reciente llamado del presidente Gustavo Petro y sus cuentas oficiales, incitando a la ciudadanía a volcarse a las calles para «defender» el aumento del salario mínimo, ha encendido las alarmas que van mucho más allá de un simple trancón en la ciudad.
Si miramos la situación con cabeza fría y nos quitamos la camiseta política, lo que está haciendo el mandatario tiene un lado bastante oscuro y preocupante para la estabilidad institucional del país.
¿El fin justifica los medios?
Para nadie es un secreto que el bolsillo de los colombianos está golpeado y que todos queremos ganar mejor. Pero aquí el problema no es el «qué», sino el «cómo». Cuando el Consejo de Estado —máximo juez de la administración pública— decide suspender provisionalmente el decreto del incremento, lo hace basado en la ley, en las matemáticas y en la Constitución, no por un capricho o para llevarle la contraria al Gobierno.
Lo verdaderamente grave de este llamado a las calles es el mensaje que envía el jefe de Estado: «Si la justicia no falla a mi favor, le echo el pueblo encima». Eso, aquí y en cualquier democracia sana del mundo, se llama presión indebida. Es poner a los magistrados contra la pared y debilitar la separación de poderes, esa misma que garantiza que un presidente no se convierta en un rey absoluto y que la ley sea igual para todos.
El costo oculto de «incendiar» la calle
Hablemos claro sobre a quiénes afectan realmente estas marchas. Mientras los altos funcionarios trinan desde la comodidad y seguridad de sus despachos, es el ciudadano de a pie el que paga los platos rotos:
- El pequeño comerciante: Ese que madrugó a abrir su tienda esperando vender el almuerzo del día, hoy tiene que bajar la reja por miedo a los disturbios o bloqueos.
- El trabajador informal: El que vive del diario no gana absolutamente nada si se paraliza la ciudad; al contrario, pierde el pan que iba a llevar a su mesa esta noche.
- El caos urbano: Vías cerradas, sistemas de transporte bloqueados y un estrés colectivo que no le suma ni un solo peso al salario mínimo, pero que sí le resta millones a la productividad de una economía que apenas intenta asomar la cabeza.
Gobernar no es ser activista
El gran cuestionamiento que hoy se le hace al presidente Petro es su resistencia a dejar el papel de activista para asumir verdaderamente el de estadista. Un líder con madurez política respeta las decisiones judiciales y busca soluciones técnicas, legales y económicas en los tribunales o en el Congreso para sacar adelante sus proyectos.
Lanzar a la gente a las calles para resolver un lío estrictamente jurídico es jugar con fuego. Es venderle a la ciudadanía la ilusión óptica de que gritando más fuerte se puede pasar por encima de la ley.
Hoy, el país necesita soluciones de fondo, concertación y respeto por las instituciones, no demostraciones de fuerza en el asfalto. Porque cuando la política se hace a los empujones, el que siempre termina magullado es el pueblo.
