La pudrición del sistema penitenciario en Colombia ha tocado un fondo nauseabundo. Lo que debería ser un centro de reclusión y castigo se ha transformado en un exclusivo club nocturno financiado por el crimen organizado. El más reciente y grotesco episodio en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí expone una verdad que el Estado se niega a admitir: las prisiones en Colombia son administradas por los delincuentes y los uniformados son apenas sus meseros. Que un guardián del INPEC oficie como el anfitrión de una estruendosa parranda vallenata para los reclusos es una escupida en la cara de las víctimas y de la justicia.
Las rejas y los muros de contención hoy solo sirven para mantener a la prensa y a la ley afuera, mientras adentro reina el libertinaje pagado con sangre. El uniforme de la guardia penitenciaria ha sido reducido a un simple disfraz de complicidad. No estamos frente a una «falla disciplinaria» ni a un hecho aislado, sino ante la confirmación de que el INPEC es una institución colapsada y secuestrada por el soborno. El guardián que organiza la juerga, contrata la música y garantiza el licor para los peores criminales de la región demuestra que en Itagüí la única autoridad vigente es la chequera del narcotráfico y la extorsión.
¿Cuánto cuesta comprar la moral de un Estado?
Este escándalo monumental exige cabezas inmediatas, no simples traslados ni investigaciones exhaustivas que terminan engavetadas. La sociedad colombiana asiste, indignada y asqueada, a la transformación de las penitenciarías en paraísos criminales. El Ministerio de Justicia debe intervenir y desmantelar estas estructuras mafiosas disfrazadas de pabellones de seguridad. Cuando la autoridad del Estado se vende al mejor postor al ritmo de un acordeón, el mensaje para los ciudadanos es aterrador: en Colombia, el crimen no solo paga, sino que además celebra de la mano de quienes deberían custodiarlo.
