El «negocio» se les vino abajo. En un movimiento que ha dejado fríos a los aliados de la actual administración, el Tribunal de Garantías Electorales de la UPC acaba de firmar el acta de defunción política de Guillermo Andrés Echavarría Gil. Ya no hay marcha atrás: la nulidad es un hecho y el rector electo queda en la calle.
La sombra de la ilegalidad finalmente alcanzó a Echavarría Gil. Bajo el radicado del Acuerdo No. 015 del 9 de abril de 2026, la máxima autoridad electoral de la universidad decidió que su inscripción fue una farsa, un acto administrativo viciado que nunca debió existir porque el candidato simplemente no cumplía con los requisitos mínimos para sentarse en el trono de la Rectoría.
Sin salida y sin recursos
Lo que más morbo genera en este escándalo es la contundencia del golpe: CONTRA ESTE ACUERDO NO PROCEDE NINGÚN RECURSO. Echavarría Gil y su equipo jurídico se han quedado sin oxígeno, pues la decisión es la última palabra de la máxima autoridad electoral de la IES. Se acabó la pataleta: la exclusión es definitiva.
¿Qué pasará en la cúpula?
El Tribunal no solo lo sacó por la puerta de atrás, sino que le tiró la brasa caliente al Consejo Superior Universitario. Ahora, el CSU está obligado a «deshacer» el nombramiento de un rector que, técnicamente, nunca tuvo el derecho de serlo.
¿Estamos ante el destape de una red de favores para inscribir candidatos «a dedo» que no dan la talla legal? La Universidad Popular del Cesar arde y Valledupar se pregunta quiénes fueron los cómplices que permitieron que este proceso llegara tan lejos antes de que se declarara la NULIDAD TOTAL.
