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Dos controversias simultáneas ponen bajo examen los esquemas de seguridad vinculados al entorno del presidente Gustavo Petro. Un audio atribuido a Juliana Guerrero indicaría que buscaba ser reconocida como activista política o defensora de derechos humanos para conservar su protección. Al mismo tiempo, un borrador de decreto pretendía extender un esquema vitalicio a Verónica Alcocer, pero la ministra encargada de Defensa se negó a firmarlo.
Los esquemas de seguridad abren un doble frente político
La recta final del Gobierno Petro quedó marcada por una nueva discusión sobre el uso de recursos públicos destinados a la protección de personas en riesgo.
Los casos de Juliana Guerrero y Verónica Alcocer no son jurídicamente iguales. Sin embargo, ambos plantean interrogantes sobre los criterios utilizados para asignar o conservar esquemas de seguridad.
En el caso de Guerrero, la controversia gira alrededor de un estudio individual de riesgo adelantado por la Unidad Nacional de Protección, UNP. En el de Alcocer, la discusión surgió por un proyecto que buscaba modificar las reglas de protección de expresidentes, exvicepresidentes y sus parejas.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿las medidas de protección se están definiendo exclusivamente por el nivel de riesgo o también intervienen cercanías políticas y decisiones tomadas desde las altas esferas del poder?
Audio atribuido a Juliana Guerrero desata nueva controversia
La revista Semana publicó este jueves 6 de agosto una denuncia presentada por dos organizaciones sindicales de la UNP. Según esa información, un analista encargado de estudiar el caso de Juliana Guerrero habría acudido a los sindicatos porque supuestamente lo presionaban para realizar una evaluación por fuera de los parámetros habituales.
Giovanni Gallo, presidente nacional de Analtraseg, aseguró que Guerrero buscaba conseguir el respaldo de un partido político. El objetivo habría sido presentarse ante la UNP como activista política o defensora de derechos humanos.
Esa clasificación podría permitirle argumentar que requiere mantener el esquema de protección con el que cuenta actualmente.
En la grabación atribuida a Guerrero se escucha una referencia a una presunta instrucción relacionada con el presidente Gustavo Petro y con Augusto Rodríguez, director de la UNP. También se anuncia el envío de un documento partidista.
“Ya me van a mandar el certificado de militancia del partido Polo Democrático”, señala la voz que Semana atribuye a Juliana Guerrero.
De acuerdo con la denuncia sindical, el sistema no registra actualmente un nivel de riesgo que justifique la continuidad de la protección. Por esa razón, la eventual modificación de su condición generó cuestionamientos dentro de la entidad.
Sin embargo, la autenticidad del audio debe ser verificada técnicamente. La información publicada corresponde a una denuncia sindical y no constituye, por sí sola, una decisión judicial ni una prueba definitiva de una actuación irregular.
Tampoco aparece en la publicación una respuesta detallada de Guerrero frente a la grabación o una explicación institucional de la UNP sobre las supuestas presiones denunciadas.
La controversia no comenzó ahora. Meses atrás, el director de la UNP defendió públicamente el esquema de Guerrero y calificó de exageradas las críticas por la protección que había recibido.
La joven cesarense también presentó recientemente su renuncia como delegada del presidente Petro ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar. La decisión tuvo efectos desde el 27 de julio de 2026.
Frenaron borrador que habría favorecido a Verónica Alcocer
Mientras crecía la polémica por Juliana Guerrero, Semana reveló que en el Ministerio de Defensa estaba listo un borrador que pretendía modificar el Decreto 1069 de 2018.
La norma vigente establece que los expresidentes y exvicepresidentes de Colombia pueden contar con protección vitalicia. También incluye a su cónyuge supérstite, es decir, la persona que conserva la condición de esposo o esposa al momento del fallecimiento del exmandatario. La composición del esquema depende del correspondiente estudio de riesgo.
El proyecto conocido por Semana ampliaba esa protección a quienes hubieran tenido la condición de cónyuges mientras el presidente o vicepresidente ejercía su periodo constitucional.
Ese cambio habría abierto la puerta para que Verónica Alcocer, identificada por la publicación como exesposa de Gustavo Petro, pudiera recibir un esquema de protección de carácter vitalicio después de finalizar el Gobierno.
El borrador habría llegado desde el Ministerio del Interior a la Oficina Jurídica del Ministerio de Defensa. Para convertirse en decreto necesitaba las firmas de los ministros del Interior, Hacienda y Defensa.
Según fuentes citadas por Semana, Angélica Verbel, ministra encargada de Defensa, rechazó firmarlo. La funcionaria incluso habría roto el documento físico que llegó a su despacho.
Su negativa frenó el trámite. Por lo tanto, no se trató de la eliminación de un esquema que Alcocer ya tuviera reconocido de forma vitalicia.
Lo que quedó detenido fue un borrador que pretendía cambiar las reglas existentes para permitir que antiguas parejas de presidentes y vicepresidentes también fueran beneficiarias.
Una protección necesaria que no puede convertirse en privilegio
El Estado tiene la obligación de proteger a cualquier ciudadano que enfrente amenazas reales, extraordinarias o extremas. Esa responsabilidad adquiere mayor importancia cuando se trata de dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas o personas expuestas por sus funciones.
Sin embargo, las decisiones deben sustentarse en estudios técnicos y criterios transparentes. La cercanía con el poder no puede reemplazar la evaluación objetiva del riesgo.
En el caso de Juliana Guerrero, la UNP deberá explicar si existieron presiones contra el analista, cuál es el nivel de riesgo de la beneficiaria y bajo qué categoría conserva actualmente su protección.
También será necesario establecer si la voz de la grabación corresponde realmente a Guerrero y si hubo alguna instrucción desde la Presidencia o desde la dirección de la UNP.
En el caso de Verónica Alcocer, los ministerios involucrados deberían revelar el contenido completo del borrador, explicar quién promovió la modificación y exponer las razones jurídicas que pretendían justificarla.
Los dos episodios dejan una misma preocupación: los esquemas de seguridad, creados para salvar vidas, no pueden manejarse como beneficios políticos entregados o prolongados desde los despachos oficiales.