¡Plomo o votos! Farc secuestra elecciones

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Disidencias imponen terror electoral en Caquetá

El gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, denunció un plan sistemático orquestado por las disidencias de las FARC para direccionar los votos de la población rural hacia un candidato específico en las próximas elecciones. A través de amenazas de desplazamiento forzado y sanciones económicas, los grupos armados ilegales vulneran la libertad de los electores.

El esquema de extorsión y presión armado

Las acciones de constreñimiento son atribuidas al bloque Jorge Suárez Briceño, liderado por alias ‘Calarcá’, con influencia directa en los frentes Rodrigo Cadete y Raúl Reyes. El plan incluye las siguientes tácticas documentadas:

  • Listas de control: Exigen a líderes comunales, pastores y comerciantes entregar los nombres y números de cédula de los ciudadanos que habitan en sus zonas.
  • Pruebas fotográficas: Obligan a los votantes a tomar una foto de su tarjetón al salir de las urnas bajo amenaza de represalias directas.
  • Multas individuales: Cobran entre 150.000 y 200.000 pesos a quienes no porten un carné de empadronamiento obligatorio impuesto por ellos.
  • Castigos colectivos: Las Juntas de Acción Comunal (JAC) deberán pagar hasta 2 millones de pesos si en sus mesas de votación aparecen sufragios por un candidato distinto al ordenado por la estructura ilegal.
Vallas publicitarias enfrentadas de los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en una avenida colombiana.
La contienda electoral se toma las calles: vallas de las campañas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella compiten frente a frente a pocos días de las elecciones.

Choque directo con el Gobierno Nacional

La grave situación ha generado un fuerte cruce de versiones con el Ministerio de Defensa. El gobernador Ruiz califica la postura del Gobierno como una «negación dolosa», asegurando que las autoridades nacionales ignoran los hechos al basarse únicamente en la falta de denuncias formales. El mandatario departamental aclara que el miedo y la inseguridad impiden a la población reportar estos delitos.

A pesar de la presencia de la Fuerza Pública en los puestos de votación, se advierte que es insuficiente. Supuestas guardias campesinas y miembros de grupos armados se instalan en las periferias y entradas de los recintos para generar pánico, asegurando así el control sobre el proceso electoral.

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