Escribenos Aquí
A los conductores de Valledupar les queda una semana de etapa pedagógica. Desde el 2 de septiembre, las tres cámaras de fotodetección en Valledupar comenzarán la fase sancionatoria y quienes crucen un semáforo en rojo podrán recibir un comparendo cuya multa para 2026 asciende a $1.266.222. Sin embargo, cada caso deberá ser revisado previamente por un agente de tránsito.
La pedagogía termina el próximo miércoles
Las cámaras comenzaron a operar el pasado 19 de agosto con un periodo pedagógico de dos semanas, durante el cual las detecciones no generan todavía sanciones económicas.
La secretaria de Tránsito y Transporte de Valledupar, Marianela Guillén, confirmó que esta etapa finalizará el miércoles 2 de septiembre y, desde entonces, comenzará el procedimiento sancionatorio para las presuntas infracciones captadas por los equipos.
Durante estos primeros días, según la funcionaria, las autoridades han observado cambios en el comportamiento de algunos conductores, particularmente frente al respeto de la luz roja de los semáforos.
Noticias del Cesar había explicado desde julio cómo funcionaría la fotodetección en Valledupar, incluida la obligación de que un agente revise cada evidencia antes de expedir un comparendo.
¿Dónde están las tres cámaras?
Los primeros dispositivos se encuentran en la diagonal 16 con carrera 12, frente al Colegio Nacional Loperena; carrera 9 con calle 17, sector de La Viña; y diagonal 21 con carrera 19, en Los Manguitos, sobre la avenida Fundación.
Aunque estos sistemas pueden tener capacidad tecnológica para detectar diferentes conductas, la Secretaría de Tránsito decidió comenzar gradualmente.
En esta primera etapa, la infracción sobre la que se concentrará el sistema es cruzar una intersección cuando el semáforo se encuentra en rojo.
Pasarse el rojo cuesta $1.266.222 en 2026
La conducta corresponde al código D04 del Código Nacional de Tránsito, que sanciona a quien no se detenga ante una luz roja o amarilla, una señal de Pare o un semáforo intermitente en rojo. Para la vigencia 2026, las infracciones clasificadas en la categoría D tienen un valor de $1.266.222.
Esto significa que, una vez termine la pedagogía, cruzar en rojo frente a cualquiera de las tres cámaras podría iniciar un procedimiento administrativo que termine en esa sanción económica.
Sin embargo, hay una diferencia importante entre ser captado por una cámara y quedar automáticamente multado.
La cámara detecta; un agente decide si hay comparendo
Los equipos capturan imágenes o videos de una presunta infracción. Después, un agente de tránsito debe analizar la evidencia y determinar si existe mérito para expedir la orden de comparendo.
La Ley 1843 establece que la expedición de comparendos no puede delegarse a particulares y corresponde exclusivamente a las autoridades de tránsito.
Guillén explicó que este procedimiento permitirá descartar situaciones justificadas.
Un ejemplo es el conductor que tenga que avanzar mientras el semáforo está en rojo para facilitar el paso de una ambulancia. Si la grabación demuestra que la maniobra ocurrió por esa circunstancia, el agente podrá descartar la captura.
La funcionaria recordó que, además, los conductores están obligados a facilitar el paso de los vehículos de emergencia y anunció que la Secretaría prepara pedagogía específica para enseñar cómo actuar en esos casos.
Una fotodetección tampoco elimina el derecho a defenderse
Incluso cuando un agente valida la evidencia y expide el comparendo, eso no equivale por sí mismo a una declaración definitiva de responsabilidad.
El ciudadano conserva la posibilidad de comparecer ante la autoridad de tránsito y controvertir la presunta infracción dentro del procedimiento establecido.
Por esta razón también resulta importante mantener actualizados los datos de contacto en el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, especialmente dirección, teléfono y correo electrónico, debido a que son utilizados para los procesos de notificación.
Gobierno revisará las fotomultas de todo el país
La entrada en la etapa sancionatoria ocurre en medio de un debate nacional sobre estos sistemas.
El Ministerio de Transporte anunció el 23 de agosto una revisión integral de los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de infracciones, por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella. La evaluación se realizará con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Transporte y otras autoridades.
El Gobierno pretende establecer si las cámaras cuentan con sustento técnico y legal y si realmente responden a criterios de seguridad vial, en lugar de convertirse principalmente en mecanismos de recaudo.
Pero hasta este miércoles no se ha anunciado una suspensión general de las fotodetecciones ni una medida específica que paralice los tres equipos de Valledupar.
Por tanto, mientras no exista una decisión diferente, el cronograma anunciado por la Secretaría de Tránsito continúa vigente.
Valledupar ya tuvo problemas con comparendos electrónicos
El contexto local hace especialmente relevante esa revisión.
La Superintendencia de Transporte informó este año que investigó a la Secretaría de Tránsito de Valledupar por más de 35.000 comparendos electrónicos impuestos entre marzo de 2024 y agosto de 2025, periodo en el cual, según el organismo, no existía autorización vigente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para ese tipo de control.
Se trata de un antecedente distinto al proceso de las nuevas cámaras instaladas en 2026, pero explica por qué el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos será uno de los aspectos que deberá vigilarse con especial atención.
La ANSV mantiene actualmente un sistema público donde pueden consultarse las cámaras de fotodetección autorizadas en Colombia.
El 2 de septiembre será la verdadera prueba
Durante la pedagogía, el principal objetivo ha sido modificar comportamientos sin afectar el bolsillo de los conductores.
Desde el próximo miércoles comenzará otra etapa. La prueba ya no estará únicamente en determinar cuántos conductores dejan de cruzar los semáforos en rojo. También deberá garantizarse que cada evidencia sea revisada correctamente, que los ciudadanos sean notificados y que se respete su derecho a controvertir un comparendo.
En otras palabras, desde el 2 de septiembre las cámaras comenzarán a tener consecuencias económicas, pero seguirán detectando presuntas infracciones: la decisión final no la toma una máquina.