Un concejal de Bogotá puso al descubierto los altos costos que asume el Estado para mantener los diálogos. Honorarios, vuelos y escoltas suman cifras astronómicas.
El bolsillo de los colombianos está bajo la lupa tras una nueva denuncia sobre los Gastos Paz Total. Un concejal de Bogotá reveló documentos oficiales que detallan las millonarias sumas destinadas por el Gobierno Petro para este proyecto. Entre los gastos más cuestionados se encuentran jugosos honorarios para asesores, tiquetes aéreos de alto costo y esquemas de seguridad reforzados para los negociadores.
La denuncia señala que, mientras en regiones como el Cesar la inseguridad aumenta, los recursos fluyen hacia la logística de los diálogos. Los Gastos Paz Total incluyen contratos de prestación de servicios que superan los promedios del mercado estatal. Según el cabildante, es necesario que la ciudadanía conozca en qué se invierte cada peso destinado a la reconciliación nacional.
Honorarios y lujos en la danza de los millones
El informe detalla que algunos asesores perciben salarios mensuales que indignan a los sectores más vulnerables. Además de los sueldos, los Gastos Paz Total contemplan traslados constantes en vuelos comerciales y privados. Para muchos críticos, estas cifras no coinciden con la austeridad que pregona la administración central. La transparencia en este manejo es hoy una exigencia nacional.
En el departamento del Cesar, la noticia ha caído con escepticismo. Los ciudadanos se preguntan si este dinero está garantizando la paz en los municipios más afectados por el conflicto. «Vemos millones en escoltas en Bogotá, pero aquí falta pie de fuerza», comentan líderes locales. El contraste entre los gastos administrativos y la realidad en el campo es la principal crítica de este reporte judicial.
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Opinión: ¿Gasto necesario o despilfarro?
Desde Noticias del Cesar creemos que la transparencia no es negociable. Si bien la paz requiere inversión, la falta de resultados tangibles en seguridad hace que estos Gastos Paz Total parezcan excesivos. El Gobierno debe aclarar si estos desembolsos están justificados con avances reales en el cese al fuego y la protección de los civiles.
La veeduría ciudadana será clave para seguir el rastro de este dinero. El país no puede permitirse que la búsqueda de la paz se convierta en una caja menor para la burocracia. Estaremos atentos a las respuestas oficiales del Comisionado de Paz ante estos señalamientos que hoy sacuden la opinión pública.

