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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio un giro inesperado en su discurso político al reconocer que la paz de Uribe y su proceso de desmovilización redujeron la violencia en el país [0h]. En una sorpresiva declaración difundida por la Revista Semana, el mandatario afirmó que la negociación con los paramilitares funcionó para desplomar la tasa de homicidios [0h].
Estas palabras causaron revuelo inmediato, ya que Petro ha sido históricamente el mayor crítico de las políticas de seguridad de su predecesor.
La negociación con los paramilitares bajo la lupa
Con este pronunciamiento, el jefe de Estado cambió radicalmente la narrativa que sostuvo por décadas sobre la Ley de Justicia y Paz. Según sus declaraciones actuales, el descenso histórico de muertes violentas no ocurrió por la presión militar, sino por la vía dialogada
El argumento central del mandatario se basó en dos puntos clave:
- Efectividad del diálogo: Aseguró que el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) logró resultados reales en las cifras de criminalidad
- Justificación de su agenda: Utilizó el éxito de la paz de Uribe como un argumento para defender su propia estrategia de Paz Total ante la opinión pública.
Debate por los resultados en seguridad
El reconocimiento de Petro reabrió el debate sobre el manejo de la violencia entre ambos periodos presidenciales. La oposición cuestionó la comparación, argumentando que las condiciones actuales de orden público son diferentes.
| Criterio de Evaluación | Periodo de Álvaro Uribe (2002-2010) | Periodo de Gustavo Petro (2022-Presente) |
|---|---|---|
| Homicidios nacionales | Cayeron drásticamente en un 46% tras la desmovilización colectiva. | Registran tasas promedio bajas de 26 por cada 100,000 habitantes hacia finales de 2025. |
| Resultados operativos | Reducción de delitos de alto impacto, aunque con fuertes críticas por derechos humanos. | Alertas regionales por el fortalecimiento de disidencias y bandas criminales de alto alcance. |
Líderes de la oposición afirmaron que, a diferencia de la negociación con los paramilitares de los años 2000, los diálogos actuales no exigen el cese definitivo de hostilidades contra la población civil. Esto mantiene bajo constante escrutinio la efectividad de las medidas gubernamentales vigentes en los territorios más vulnerables del país.