Gobierno activa ruta de protección para joven que denunció a Petro

El Gobierno nacional ordenó activar una ruta institucional de protección para Deicy Jiménez, la mujer que este domingo hizo graves señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro relacionados con presuntos contratos estatales y encuentros personales. La decisión fue anunciada por el Ministerio del Interior y se produjo pocas horas después de conocerse la entrevista que Jiménez concedió a Semana, en la que aseguró que habría recibido contratos mientras mantenía una relación con Petro y afirmó conocer otros casos similares.

Por instrucción expresa del presidente Abelardo de la Espriella, el ministro de Justicia y ministro del Interior encargado, Iván Cancino González, inició la coordinación con la Unidad Nacional de Protección, UNP, para evaluar la situación de seguridad de la denunciante.

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Gobierno ordenó proteger su vida e integridad

En el comunicado oficial, el Gobierno señaló que la decisión busca salvaguardar la vida, seguridad e integridad de Deicy Jiménez después de la publicación de sus declaraciones. La administración nacional sostuvo que ninguna persona debe ser objeto de amenazas, intimidaciones o represalias por entregar un testimonio o acudir ante las autoridades. El Gobierno indicó además que las actuaciones serán adelantadas bajo criterios de confidencialidad y respeto por los derechos de Jiménez. La medida constituye la primera reacción institucional del Ejecutivo después de la publicación de las acusaciones contra Petro.

¿Qué significa que la UNP active una ruta de protección?

La activación de una ruta de protección no significa automáticamente que Jiménez ya tenga asignados escoltas o un vehículo blindado. El procedimiento de la Unidad Nacional de Protección contempla una evaluación para determinar el nivel de riesgo de una persona. Posteriormente, el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas, CERREM, analiza el caso y puede recomendar las medidas que considere necesarias. Dependiendo del nivel de riesgo, estas pueden incluir diferentes mecanismos de seguridad.

La normativa también contempla medidas provisionales de emergencia cuando existe un riesgo considerado inminente y suficientemente sustentado. Hasta el momento, el comunicado oficial no especifica cuáles medidas concretas serán asignadas a Jiménez ni si existe un esquema de seguridad ya desplegado.

La denuncia que originó la reacción

Deicy Jiménez aseguró en entrevista con Semana que conoció a Gustavo Petro en 2019 y que posteriormente obtuvo contratos con diferentes entidades estatales. La mujer sostuvo que esos contratos habrían estado relacionados con la relación personal que, según su versión, mantuvo con Petro. También afirmó que existirían decenas de mujeres en circunstancias similares. Los señalamientos todavía no han sido establecidos judicialmente como ciertos.

Registros revisados por medios como La Silla Vacía confirman que Jiménez tuvo vinculaciones contractuales con entidades como el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior. Sin embargo, la existencia de esos contratos no demuestra por sí sola que hayan sido otorgados como contraprestación por encuentros íntimos. Ese es uno de los aspectos que deberán determinar las autoridades si se abre una investigación formal.

Gobierno: “Nadie debe ser silenciado”

El Ejecutivo aseguró que el Estado debe proteger a quienes consideren que su vida o integridad se encuentran en riesgo por sus actividades o por entregar información de interés público. La decisión adquiere especial relevancia debido a que la propia Jiménez manifestó temor por posibles represalias luego de hacer públicos sus señalamientos. El caso entra ahora en una nueva etapa: mientras las acusaciones contra Petro deberán ser contrastadas e investigadas, la UNP deberá determinar el nivel de riesgo de la denunciante y establecer qué medidas de seguridad corresponden.

Por ahora, el Gobierno ha dejado clara su posición institucional: la protección de Jiménez debe tramitarse con carácter prioritario, independientemente del resultado que tengan las investigaciones sobre sus denuncias.

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