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El Gobierno nacional prepara una ley de sometimiento para grandes estructuras criminales y espera presentar en las próximas dos semanas una primera experiencia de aplicación. El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que el modelo no reconocerá estatus político ni abrirá negociaciones prolongadas con las organizaciones que decidan abandonar la ilegalidad.
El anuncio adquiere especial relevancia después de que el Gobierno de Abelardo De La Espriella cerrara varios espacios de negociación heredados de la administración anterior. También coincide con la reciente intención de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, de someterse a la justicia junto con integrantes de esa estructura.
Ley de sometimiento: no habrá negociación política
Cancino explicó que el proyecto todavía está en construcción y que en su elaboración participan la Presidencia, el Ministerio del Interior y otras entidades del Estado. Además, el Gobierno ha adelantado conversaciones con la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para definir la ruta jurídica.
El ministro marcó una diferencia entre el sometimiento que propone la nueva administración y una negociación política. Según dijo, “no hay marco para la impunidad, no hay negociaciones largas”, mientras las condiciones deberán surgir de las instituciones y posteriormente pasar por el Congreso.
Cancino fue aún más explícito sobre el margen que tendrían las organizaciones ilegales. Quienes pretendan acogerse deberán aceptar las reglas que establezca el Estado y decidir, en palabras del ministro, “me someto o no me someto”.
Comandos de la Frontera serían la primera prueba
La primera muestra de esta política podría conocerse antes de finalizar septiembre. Cancino señaló específicamente el proceso relacionado con integrantes de Comandos de la Frontera, organización que hizo parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
El caso tiene una particularidad. Un grupo de 99 personas concentradas en una Zona de Ubicación Temporal, en Valle del Guamuez, Putumayo, había expresado su decisión de apartarse de esa organización y avanzar hacia la vida civil. El Gobierno terminó posteriormente la zona mediante la Resolución 389 del 9 de septiembre, con efectos a partir del próximo 30 de septiembre.
La decisión dejó en manos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización el estudio individual de la situación de quienes fueron reconocidos como desmovilizados. Ahora, las declaraciones de Cancino indican que ese proceso puede convertirse en la primera demostración práctica del esquema de sometimiento que impulsa la nueva administración.
El anuncio toca directamente el caso de las ACSN
La nueva discusión jurídica aparece apenas días después de que alias ‘Pinocho’ manifestara públicamente su disposición de entregarse y pidiera reglas claras sobre las consecuencias penales que enfrentaría. El 12 de septiembre, el Ministerio de Justicia respondió oficialmente que Castillo debe acudir ante las autoridades, formalizar su voluntad por los canales institucionales y someterse a las decisiones que adopte la justicia. La cartera agregó que no habrá privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley.
Ese mismo episodio llevó al presidente Abelardo De La Espriella a pedirles a los ministros de Defensa y Justicia que coordinaran el eventual sometimiento del jefe de las ACSN. Por tanto, la futura ley podría terminar convirtiéndose en el marco general para casos semejantes, aunque hasta ahora el Gobierno no ha presentado el articulado ni ha definido públicamente cuáles organizaciones podrán acogerse.
La legislación actual ya contempla el sometimiento
La futura ley de sometimiento no partirá de cero. La Ley 2272 de 2022 ya estableció dos caminos distintos frente a las organizaciones armadas: negociaciones políticas con determinados grupos armados y acercamientos con estructuras de crimen de alto impacto orientados específicamente hacia su sometimiento a la justicia y desmantelamiento.
La legislación vigente también establece que los procesos de sometimiento deben incorporar condiciones relacionadas con el desarme, la colaboración con la justicia y, para las estructuras de crimen de alto impacto, información suficiente que contribuya al desmantelamiento de las economías ilegales.
Sin embargo, Cancino plantea ahora llevar al Congreso un nuevo modelo que establezca las reglas que aplicará el Gobierno de De La Espriella. Todavía faltan por conocerse asuntos esenciales como eventuales reducciones de penas, entrega de bienes, reparación de víctimas, aportes de verdad, tratamiento de solicitudes de extradición y condiciones para un sometimiento colectivo.
Noviembre marca otro plazo para el Gobierno
La discusión también tiene un reloj jurídico en marcha. La Ley 2272 fue promulgada el 4 de noviembre de 2022 y prorrogó durante cuatro años numerosas disposiciones de la Ley 418 de 1997. Además, varios de sus propios instrumentos relacionados con la política de paz recibieron esa misma vigencia temporal.
Cancino ya advirtió que el Ejecutivo deberá revisar ese escenario antes de noviembre. De esta manera, el Gobierno tendrá que definir simultáneamente la prórroga o modificación de instrumentos existentes y el contenido de la nueva ley con la que pretende establecer su política de sometimiento.
El punto de fondo comienza a quedar definido: la administración De La Espriella cerró las mesas que consideró improductivas, pero no cerró la puerta a que estructuras armadas abandonen la ilegalidad. La ruta que ahora propone es diferente: sometimiento bajo condiciones fijadas por el Estado y sin reconocimiento de una negociación política.
