viernes, abril 10, 2026
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¡Se acabó la fiesta! Gobierno Petro suspende diálogos con bandas de Medellín tras escandalosa «parranda vallenata»

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Lo que debía ser una mesa de paz técnica se convirtió en un salón de eventos. El Gobierno Nacional anunció la suspensión inmediata de la interlocución con los voceros de las estructuras criminales del Valle de Aburrá, luego de que se conocieran videos de una ostentosa celebración con música en vivo dentro de la cárcel de Itagüí.

La apuesta por la «Paz Total» en Medellín ha recibido un duro golpe, y esta vez no fue por falta de voluntad política, sino por el exceso de «folclor». El Gobierno Petro decidió congelar temporalmente los acercamientos con las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá tras el escándalo desatado por una parrandas vallenata protagonizada por los jefes de estas estructuras en el centro penitenciario de Itagüí.

El detonante: Acordeones en la celda

La indignación estalló cuando se hicieron públicos videos donde se observa a los denominados «voceros» de paz de las bandas criminales disfrutando de un concierto privado. La celebración, que incluyó agrupaciones vallenatas de renombre, violó todos los protocolos de seguridad y respeto hacia las víctimas, enviando un mensaje de impunidad que el Ejecutivo no pudo ignorar.

La Oficina del Consejero Comisionado de Paz calificó el hecho como una falta grave a los compromisos de transparencia y buena fe que rigen la mesa de interlocución. Por ello, se ha ordenado suspender las reuniones hasta que se establezcan nuevas reglas de juego y se sancione a los responsables de permitir el ingreso de músicos y logística de fiesta a un penal de máxima seguridad.

¿Qué pasa con la «Paz Urbana»?

Esta suspensión deja en el limbo los avances que se habían logrado para reducir los índices de homicidios y extorsiones en la capital antioqueña. Los analistas advierten que:

  • Pérdida de credibilidad: El incidente refuerza las críticas de la oposición sobre las supuestas «gabelas» y beneficios excesivos a los criminales.
  • Tensión institucional: La relación entre el Gobierno y el INPEC queda bajo la lupa, cuestionando quién tiene realmente el control de los centros carcelarios.
  • Riesgo de seguridad: Al romperse la interlocución, existe el temor de que se reactiven las confrontaciones territoriales en las comunas de Medellín.

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