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Los grupos armados ilegales en Colombia pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026, un incremento del 90% durante el Gobierno de Gustavo Petro. El Clan del Golfo registró el crecimiento más acelerado, mientras el ELN, las disidencias de las antiguas Farc y otras estructuras ampliaron su capacidad humana en medio de disputas territoriales, economías ilícitas y cuestionamientos a la política de Paz Total.
Más de 13.000 integrantes nuevos en cuatro años
El consolidado atribuido a la Fundación Ideas para la Paz, elaborado con base en conteos oficiales de la Fuerza Pública, muestra que las organizaciones armadas sumaron 13.682 integrantes adicionales entre diciembre de 2022 y julio de 2026.
La cifra representa uno de los balances más delicados del cuatrienio. Aunque no significa que las 28.802 personas porten fusiles o participen directamente en combates, sí refleja un crecimiento de la capacidad operativa, logística, financiera y territorial de las estructuras ilegales.
El aumento estuvo distribuido de la siguiente manera:
- Clan del Golfo: pasó de 4.061 a 10.268 integrantes, un crecimiento del 152%.
- ELN: aumentó de 5.851 a 7.123 miembros, equivalente al 22%.
- Disidencias de ‘Iván Mordisco’: llegaron a 4.480 integrantes.
- Disidencias de ‘Calarcá’: fueron calculadas en 3.001 miembros.
- Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano: registró 2.359 integrantes.
- Segunda Marquetalia: apareció con 584 miembros.
- Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: alcanzaron 737 integrantes.
- Comuneros del Sur: fueron contabilizados con 250 miembros.
En el caso de las disidencias, la comparación debe hacerse con cautela. Algunas organizaciones que hoy son contabilizadas por separado surgieron de divisiones internas ocurridas durante el cuatrienio. Por eso, el crecimiento porcentual de esos bloques agrupa estructuras que en 2022 todavía aparecían como una sola organización.
El Clan del Golfo tuvo el crecimiento más fuerte
El dato más impactante corresponde al Clan del Golfo, también denominado Ejército Gaitanista de Colombia. La organización incorporó más de 6.200 integrantes y terminó el periodo como la estructura armada ilegal más numerosa del país.
Su expansión no fue solamente humana. Otros estudios han señalado que el grupo aumentó su presencia territorial y fortaleció un modelo de operación parecido a una federación, con mandos regionales, redes de apoyo, control de economías ilegales y capacidad de ejercer presión sobre comunidades, comerciantes y transportadores.
El crecimiento también resulta paradójico frente a los balances oficiales. El entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo que el Clan del Golfo fue la organización más golpeada durante el Gobierno Petro. Según su reporte, de 16.371 integrantes de organizaciones ilegales neutralizados durante el cuatrienio, el 51% pertenecía a ese grupo y el 93% de las neutralizaciones correspondió a capturas.
Esto revela uno de los principales problemas de la política de seguridad: las capturas y operaciones no necesariamente superaron la capacidad de reclutamiento, reemplazo y expansión de las estructuras.
La cifra incluye combatientes y redes de apoyo
El número de 28.802 integrantes no puede interpretarse como una estimación exclusiva de personas uniformadas y armadas. La metodología conocida como Apreciación de las Capacidades Críticas de la Amenaza, Accam, incluye tanto hombres y mujeres en armas como personas vinculadas a redes de apoyo criminal.
En el conteo correspondiente a julio de 2025, por ejemplo, la FIP explicó que el 48% de los integrantes estaba en armas y el 52% pertenecía a redes de apoyo. Sin embargo, no se ha divulgado públicamente una distribución equivalente para el consolidado de julio de 2026.
Estas redes pueden desempeñar labores de inteligencia, vigilancia, transporte, cobro de extorsiones, suministro de alimentos, administración de recursos, comunicaciones y control social. Algunas también podrían tener acceso a armas cortas, aunque no participen permanentemente en combates.
El presidente Gustavo Petro cuestionó anteriormente estos conteos por incluir a civiles que prestan colaboración a las organizaciones. La FIP respondió que, pese a sus limitaciones, el Accam es uno de los pocos mecanismos sistemáticos disponibles para comparar la evolución de los grupos y advirtió que podría existir un subregistro de entre el 20% y el 25%.
¿Por qué crecieron los grupos armados ilegales?
La Fundación Ideas para la Paz ha identificado tres grandes factores detrás del fortalecimiento de estas organizaciones. El primero es la expansión territorial y la consolidación de formas de gobernanza criminal. Los grupos no solamente buscan controlar cultivos ilícitos o corredores de narcotráfico. En varias regiones imponen horarios, regulan actividades económicas, resuelven disputas comunitarias, cobran extorsiones y determinan quién puede circular por determinados territorios.
El segundo factor es el aumento de las disputas internas. Las divisiones de las disidencias de las Farc y los enfrentamientos entre organizaciones rivales generaron una mayor demanda de combatientes y redes de apoyo. Al cierre de 2025 existían al menos 13 zonas de disputa activa, casi el doble de las registradas al comienzo del Gobierno Petro.
El tercero corresponde a las nuevas modalidades de reclutamiento. Las organizaciones utilizan redes sociales, ofrecimientos de salarios, bonos, periodos de descanso y promesas de protección. También siguen presentes las amenazas contra familias, el reclutamiento de menores y la vinculación por medio de redes familiares o comunitarias.
A esto se suman las condiciones de pobreza, falta de empleo juvenil y débil presencia institucional en regiones rurales. En esos lugares, los grupos ilegales pueden presentarse como una fuente de ingresos, autoridad o protección, incluso cuando son responsables de controlar y atemorizar a la misma población.
La Paz Total quedó bajo cuestionamiento
El Gobierno Petro inició su mandato apostándole a la negociación simultánea con el ELN, las disidencias de las Farc, bandas urbanas y organizaciones como el Clan del Golfo. La estrategia incluyó ceses al fuego, reconocimientos como interlocutores y suspensión temporal de operaciones ofensivas.
Sin embargo, la FIP ha cuestionado que varios procesos de diálogo no condicionaran suficientemente a los grupos a detener el reclutamiento, la expansión territorial y las agresiones contra las comunidades. La organización considera que los ceses, con problemas de monitoreo y verificación, terminaron favoreciendo en algunos territorios el fortalecimiento de las estructuras ilegales.
En 2023, la Fuerza Pública registró 80 acciones contra organizaciones ilegales, el nivel más bajo desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, según el seguimiento de la FIP. Posteriormente, el Gobierno modificó su estrategia y elevó las operaciones de 174 en 2024 a 234 durante 2025, un incremento del 34,5%.
Ese giro permitió capturas, bombardeos, destrucción de laboratorios, incautaciones y golpes contra mandos regionales. No obstante, el crecimiento de los grupos demuestra que los resultados tácticos no lograron convertirse en un debilitamiento estructural sostenido.
El impacto también se siente en el Cesar
Aunque buena parte de las confrontaciones más intensas se concentra en Cauca, Catatumbo, Arauca, Chocó, Antioquia y el sur del país, el Caribe colombiano tampoco está al margen de la expansión armada.
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas también como Los Pachenca, aparecen en el nuevo conteo con 737 integrantes. Su presencia genera preocupación en zonas de Magdalena, La Guajira y el norte del Cesar.
En abril de 2026, autoridades indígenas kankuamas alertaron sobre una reconfiguración de actores armados en la Sierra Nevada, restricciones a la movilidad, presiones sobre las familias y amenazas contra dirigentes del cabildo. Ante la situación, se ordenaron nuevas evaluaciones de riesgo y medidas de protección colectiva.
Noticias Valledupar también ha documentado operaciones contra presuntos integrantes del Clan del Golfo vinculados con extorsiones en el Magdalena, un fenómeno que evidencia la cercanía de estas redes criminales con el territorio cesarense.
El Ministerio de Defensa anunció durante 2026 un incremento del pie de fuerza para Cesar, La Guajira y Magdalena, así como nuevas unidades y capacidades de movilidad. La cartera informó además que 21 niños, niñas y adolescentes reclutados por organizaciones armadas habían sido recuperados en la región.
Un país con organizaciones más grandes y fragmentadas
El balance del cuatrienio no puede reducirse únicamente al fracaso de unas negociaciones o a la disminución de operaciones durante los primeros años. Colombia enfrenta organizaciones más flexibles, fragmentadas y adaptables, capaces de combinar narcotráfico, minería ilegal, extorsión, secuestro, tráfico de migrantes y control territorial.
También utilizan tecnologías como drones cargados con explosivos, redes digitales de reclutamiento y sistemas financieros destinados a ocultar sus recursos. Durante 2025 fueron reportados 277 ataques con drones explosivos, más del doble de los registrados el año anterior.
Por eso, la discusión no debería limitarse a determinar cuántos integrantes fueron capturados o cuántas operaciones se realizaron. El desafío es impedir que las organizaciones reemplacen rápidamente sus bajas, cortar sus fuentes de financiación y garantizar una presencia estatal permanente en los territorios.
El Gobierno Petro termina dejando una conclusión difícil de ignorar: mientras el Estado dialogó, combatió y anunció golpes operacionales, los grupos armados consiguieron aumentar su capacidad humana en un 90%. El próximo ciclo de la política de seguridad deberá combinar inteligencia, justicia, persecución financiera, oportunidades sociales y control territorial, porque las operaciones aisladas ya demostraron no ser suficientes.