Un nuevo terremoto político sacude al Gobierno nacional. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes abrió una investigación penal contra el presidente de la República, Gustavo Petro, por presunta financiación ilícita de su campaña.
Los audios de alias Pipe Tuluá encienden las alarmas
La apertura del proceso ocurre horas después de la extradición de alias Pipe Tuluá, cabecilla de la banda criminal La Inmaculada. Las autoridades conocieron una serie de grabaciones donde el delincuente afirma poseer pruebas sobre dineros ilegales inyectados a la campaña presidencial.
El auto formal de la Comisión advierte que el criminal guardaría audios, videos y soportes de consignaciones. Los recursos ilícitos no solo habrían financiado la contienda electoral, sino que también tocarían presuntos favores e irregularidades dentro de la Dian. El delincuente planea entregar estas evidencias directamente a las autoridades de los Estados Unidos.
Avanzan las diligencias con carácter penal
La congresista Gloria Elena Arizabaleta lidera la investigación rigurosa dentro del órgano legislativo. La célula judicial busca verificar las denuncias publicadas por la periodista Vicky Dávila y la Red de Veedurías Ciudadanas. El despacho de la representante programará una declaración formal del jefe criminal desde su sitio de reclusión.
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— Revista Semana (@RevistaSemana) May 20, 2026
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La conducta bajo la lupa de los congresistas corresponde al delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Debido al fuero presidencial, la Comisión Legal de Investigación y Acusación ratificó su competencia exclusiva para asumir este caso penal.
El despacho de Arizabaleta ya solicitó la cooperación inmediata de la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador deberá compartir las pruebas de su propio expediente, donde aparece imputado Ricardo Roa, exgerente de la campaña presidencial.


