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Jorge Rodrigo Tovar Vélez, representante de la CITREP 12 por Magdalena, Cesar y La Guajira, encabezó la divulgación del respaldo que 11 de las 16 curules de paz anunciaron al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. El acompañamiento, sin embargo, quedó condicionado a resultados en inversión territorial, reparación de las víctimas y construcción de una política de paz efectiva.
Once curules de paz se acercan al nuevo Gobierno
La declaración pública fue firmada por la mayoría de los representantes elegidos para ocupar las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz durante el periodo constitucional 2026-2030. Los congresistas señalaron que adoptaron la decisión de manera libre, autónoma e independiente, en representación de las organizaciones sociales, asociaciones, consejos comunitarios y resguardos indígenas que avalaron sus candidaturas.
“‘La Patria Milagro’ debe necesariamente iniciar su construcción en los municipios más afectados por la violencia”, manifestó Tovar Vélez al compartir el documento. El congresista aparece como primer firmante y representa una circunscripción integrada por municipios rurales de Magdalena, Cesar y La Guajira afectados históricamente por el conflicto armado.
Además de Jorge Rodrigo Tovar, firmaron James Mosquera Torres, Karen López, Juan Carlos Vargas, Luis Ramiro Ricardo Buelvas, Javier López Díaz, Alejandro Castillo Gaitán, Janeth Sabogal, Laura Díaz, Tatiana Gaona y Jhon Fredi Valencia. Los representantes pertenecen a territorios como Chocó, Antioquia, Montes de María, Guaviare, Meta, Tolima, Córdoba, Catatumbo y Putumayo.
El respaldo no sería un cheque en blanco
Aunque el documento expresa la decisión de acompañar la construcción de la llamada “Patria Milagro”, los firmantes dejaron establecido que su respaldo estará guiado por los intereses de las comunidades que representan.
Los congresistas pidieron que los municipios golpeados por la violencia, la pobreza, la exclusión y la débil presencia institucional ocupen un lugar prioritario en el próximo Gobierno. Para ello, reclamaron inversión social, infraestructura, desarrollo rural, acceso a servicios públicos, fortalecimiento institucional y oportunidades para sus habitantes.
“La paz no puede entenderse únicamente como el silenciamiento de las armas”, sostiene la declaración. Para los representantes, la consolidación de la paz requiere cerrar las brechas que alimentaron el conflicto y garantizar que las instituciones lleguen con eficacia a las regiones históricamente marginadas.
También solicitaron al Gobierno de De la Espriella una política de paz “seria, responsable y eficaz”, capaz de avanzar hacia la terminación definitiva del conflicto armado. A esto sumaron la exigencia de garantizar la reparación integral de las víctimas, considerada por ellos un mandato constitucional, legal y ético que no admite más dilaciones.
El contraste con las propuestas de De la Espriella
El respaldo tiene un significado especial porque las curules de paz surgieron como uno de los mecanismos de representación derivados del Acuerdo de Paz de 2016. Estos escaños fueron creados para llevar al Congreso la voz de las víctimas y de las comunidades rurales pertenecientes a 167 municipios priorizados por los efectos del conflicto armado.
El periodo 2026-2030 será el segundo y último para estas circunscripciones. Su inicio coincide con los anuncios del presidente electo de modificar la institucionalidad encargada de la política de paz.
De la Espriella anunció la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final. Según lo planteado durante la transición, parte de sus funciones pasaría a una nueva figura denominada Comisionado Nacional de Seguridad. También ha expresado cuestionamientos al funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Esta diferencia explica por qué los representantes no solo ofrecieron acompañamiento político, sino que fijaron exigencias relacionadas con la reparación, la reconciliación y la presencia efectiva del Estado en las regiones.
Comunidades cuestionan la decisión
El anuncio provocó críticas entre sectores políticos y organizaciones sociales. Los representantes Alejandro Ocampo y Julián López, integrantes del Pacto Histórico, cuestionaron públicamente que congresistas elegidos por las curules de paz decidieran acercarse al Gobierno entrante.
La reacción más directa surgió en Córdoba. La Plataforma Departamental de Derechos Humanos rechazó la decisión de la representante Laura Díaz, elegida por la CITREP del sur de ese departamento, de firmar la declaración.
La organización sostuvo que cualquier alineamiento político debía surgir de un proceso de consulta con las víctimas, las comunidades y los movimientos sociales que respaldaron su candidatura. Asimismo, pidió a Díaz explicar públicamente las razones, los alcances y los compromisos derivados de su decisión.
La Plataforma advirtió que el mandato de las curules de paz no representa un cheque en blanco para respaldar proyectos políticos y reclamó que estos congresistas preserven su autonomía e independencia frente al Gobierno de turno.
Un bloque con peso político y simbólico
Los 11 votos no representan por sí solos una mayoría en la Cámara de Representantes. No obstante, constituyen un respaldo importante para De la Espriella mientras busca acuerdos que le permitan tramitar su agenda legislativa desde el próximo 7 de agosto.
El pronunciamiento también tiene un alto valor simbólico. Una mayoría de los congresistas elegidos para representar a territorios afectados por la guerra decidió abrir un canal de cooperación con un Gobierno que ha planteado una transformación profunda de la política de paz.
La continuidad de ese respaldo dependerá ahora de que la “Patria Milagro” anunciada por el presidente electo se traduzca en carreteras, servicios públicos, desarrollo rural, reparación para las víctimas y una presencia institucional real en los municipios que durante décadas soportaron el mayor costo del conflicto armado.