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La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a siete personas señaladas de integrar una estructura dedicada al tráfico local de estupefacientes en Valledupar. Según las investigaciones, los procesados también estarían relacionados con el alquiler de armas de fuego y motocicletas que presuntamente eran utilizadas para la comisión de homicidios selectivos en la capital del Cesar.
Los judicializados fueron identificados como Angie Michell Prasca Reales, Luis Gabriel Ribón Castillo, Franklin David Caldera Pérez, Maihcol Andrés Bonet Gutiérrez, Luis David Arzusa Anaya, José David Freyle Torres y Jhon Jader Larios Díaz.
De acuerdo con la Fiscalía, las labores adelantadas por la Policía Judicial permitieron recopilar elementos de prueba que vincularían a los investigados con actividades de comercialización de sustancias estupefacientes en diferentes sectores de Valledupar.
CAPTURAS EN DOS BARRIOS DE LA CIUDAD.
La investigación permitió que el pasado 20 de mayo la Policía Nacional realizara diligencias de registro y allanamiento en los barrios Villa Consuelo y Brisas de La Popa, donde fueron capturadas las siete personas ahora vinculadas al proceso judicial.
Durante los procedimientos, las autoridades incautaron estupefacientes, dos armas de fuego, munición de diferentes calibres y dos motocicletas que harán parte del material probatorio dentro de la investigación.
Según la Fiscalía, estos elementos refuerzan la hipótesis de que la estructura presuntamente no solo se dedicaba al tráfico local de drogas, sino que también facilitaba recursos utilizados en actividades criminales.
LOS DELITOS IMPUTADOS:
Un fiscal de la Seccional Cesar imputó a los procesados, de acuerdo con la responsabilidad individual atribuida a cada uno, los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas; fabricación, tráfico o porte de estupefacientes; y otros cargos relacionados con armas y municiones de uso restringido.
Sin embargo, los investigados no aceptaron los cargos formulados por el ente acusador.
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO:
Tras analizar los elementos presentados por la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión contra seis de los procesados.
Por su parte, Angie Michell Prasca Reales recibió medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.
Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para establecer el alcance de las actividades atribuidas a los procesados y determinar si existen otras personas vinculadas a esta presunta estructura delincuencial que operaría en Valledupar.