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La Fiscalía investiga a una jueza de Bogotá, un funcionario judicial y una abogada por un supuesto acuerdo para favorecer con un hábeas corpus a un ciudadano neerlandés requerido por narcotráfico.
La Fiscalía General de la Nación capturó a una jueza de Bogotá, un funcionario del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao y una abogada por su presunta participación en un acuerdo de $1.200 millones para conseguir la libertad de un ciudadano neerlandés solicitado en extradición por narcotráfico.
Los investigados son Miryam Alcira Martínez López, jueza 77 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá; Waldo Garavito Mejía, funcionario judicial, y la abogada Emperatriz Herrera Cuenca. Las capturas se hicieron efectivas en Bogotá y Cota, Cundinamarca.
Los tres fueron presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó delitos relacionados con cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. A Martínez López también le atribuyó prevaricato por acción. Los procesados no aceptaron los cargos.
El supuesto acuerdo por $1.200 millones
Según la investigación de la Fiscalía, el caso se remonta al 4 de junio de 2026, cuando Herrera Cuenca habría acudido al despacho de la jueza para concertar la concesión de un hábeas corpus a favor de Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, ciudadano de Países Bajos requerido con fines de extradición por delitos relacionados con narcotráfico.
La hipótesis del ente acusador señala que ese día se habría entregado un primer pago de $600 millones, correspondiente a la mitad del supuesto acuerdo. Al día siguiente, la jueza habría enviado a la abogada una fotografía de un formato de libertad con los datos del ciudadano neerlandés.
La investigación también apunta a que Garavito Mejía habría coordinado la radicación de la solicitud durante un turno en el que el caso pudiera llegar al despacho de Martínez López. Ese aspecto forma parte de las evidencias con las que la Fiscalía busca establecer si existió una manipulación del reparto judicial.
La libertad fue concedida y después revocada
El 13 de junio, Martínez López concedió el hábeas corpus y ordenó la libertad inmediata de Van der Voort. La jueza argumentó que habían transcurrido 109 días desde la captura sin que se resolviera el trámite de extradición.
La Fiscalía sostiene que la funcionaria no tenía competencia para resolver esa solicitud. Cinco días después, el 18 de junio, un juez de conocimiento revocó la decisión, por lo que el ciudadano neerlandés continuó privado de la libertad mientras avanzaba el procedimiento de extradición.
Por ahora, la investigación continúa y será un juez quien defina las medidas que correspondan dentro del proceso. La captura y la imputación no significan una condena, por lo que los tres investigados conservan la presunción de inocencia mientras la justicia determina su responsabilidad.
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