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El exgobernador de La Guajira fue trasladado desde la cárcel de La Dorada, luego de una requisa en la que el Inpec encontró un celular. La decisión se produjo en medio de las alertas de seguridad surgidas tras la condena de Gómez y los disparos contra la oficina de un procurador que intervino en el proceso.
El exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar fue trasladado este jueves a la cárcel de Picaleña, en Ibagué, por orden del presidente Abelardo De La Espriella, en medio del escándalo generado por las amenazas que estarían relacionadas con funcionarios de la Corte Suprema de Justicia.
La decisión se conoció después de que el Inpec realizara una inspección en la celda que Gómez ocupaba en la cárcel de La Dorada, Caldas, donde fue encontrado un teléfono celular. El hallazgo llevó al Gobierno a ordenar nuevas medidas de seguridad y evaluar el traslado del condenado.
La Corte Suprema había encendido las alarmas
La situación comenzó a tomar una dimensión mayor después de que el magistrado José Joaquín Urbano Martínez, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, alertara sobre posibles riesgos para los integrantes de esa corporación y sus familias.
La preocupación surgió después de varios hechos relacionados con funcionarios que participaron en el proceso judicial contra ‘Kiko’ Gómez. Uno de ellos involucró al procurador delegado Pedro Luis Bonilla Bolaños, quien intervino ante la Corte Suprema en el proceso contra el exgobernador.
Según la información conocida por las autoridades, en la oficina del funcionario, ubicada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría en Bogotá, fue encontrada inicialmente una bala disparada. Posteriormente aparecieron daños en las ventanas y evidencias de otros dos impactos de arma de fuego. La Fiscalía y la Dijín asumieron los análisis correspondientes para establecer quién estuvo detrás de los disparos y determinar si existe alguna relación con el proceso judicial contra Gómez.
La condena que puso nuevamente a ‘Kiko’ Gómez en el centro del caso
El trasfondo de esta controversia está en la decisión adoptada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema el 29 de abril de 2026. En esa oportunidad, el alto tribunal revocó la absolución que había favorecido a Gómez Cerchar por el homicidio agravado del concejal de Barrancas Luis Gregorio López Peralta y lo condenó a 31 años y ocho meses de prisión.
La decisión fue adoptada por unanimidad y tuvo como ponente al magistrado José Joaquín Urbano. El fallo se produjo después de que el Tribunal Superior de Bogotá hubiera tomado decisiones diferentes frente a los tres homicidios incluidos en el proceso: dos acciones penales fueron declaradas prescritas, mientras que Gómez había sido absuelto por el homicidio de López Peralta y condenado por concierto para delinquir.
La Corte Suprema modificó, posteriormente, ese escenario al revocar la absolución por el asesinato del concejal.
Un celular en la celda cambió el escenario
En medio de las alertas de seguridad, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó que funcionarios del Inpec ingresaran a la celda de Gómez para realizar una inspección. El procedimiento permitió encontrar un teléfono celular, elemento que quedó bajo investigación de las autoridades.
El mandatario había advertido que, dependiendo de los resultados de la inspección, Gómez podría ser trasladado a otro centro penitenciario. Horas después se confirmó su traslado a Picaleña, en Ibagué. El Gobierno ha dejado claro que la investigación deberá determinar quién está detrás de las amenazas y si existe alguna relación entre estas, el teléfono encontrado en la celda y los hechos registrados en la Procuraduría.
“Lo que es con la Sala Penal de la Corte es conmigo”
La reacción presidencial fue contundente. Tras conocer las preocupaciones expresadas por la Sala de Casación Penal, De La Espriella anunció el refuerzo de las medidas de protección para los magistrados y sus familias, con participación de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección.
“Lo que es con la Sala Penal de la Corte es conmigo”, advirtió el mandatario. El presidente también dejó una precisión importante: si ‘Kiko’ Gómez o cualquier otra persona está detrás de las amenazas, deberá ser identificada y llevada ante la justicia. De esta manera, el Gobierno evitó dar por probado que Gómez sea responsable de las intimidaciones y dejó esa determinación en manos de las investigaciones.
‘Kiko’ Gómez niega estar detrás de las amenazas
La defensa de la familia del exgobernador también salió al paso de los señalamientos. El abogado Juan Felipe Criollo, representante de la esposa y la hija de Gómez, negó que el exmandatario esté relacionado con el ataque contra la Procuraduría o con un supuesto plan para intimidar a magistrados y funcionarios judiciales.
La defensa sostuvo que corresponde a las autoridades investigar y establecer quién realizó los disparos y quién estaría detrás de las amenazas. Por eso, hasta ahora, no puede afirmarse que ‘Kiko’ Gómez haya ordenado los ataques o las amenazas. Lo que sí está confirmado es que la Corte Suprema activó alertas de seguridad, la Procuraduría reportó impactos de bala en la oficina de un funcionario que participó en el proceso y el Gobierno ordenó una requisa en la celda del condenado, donde fue encontrado un celular.
De La Dorada a Picaleña
Con el traslado, Gómez deja la cárcel de La Dorada y pasa al complejo penitenciario de Picaleña, en Ibagué, en una decisión adoptada en medio de uno de los momentos más delicados para la seguridad de la Corte Suprema. La medida no constituye por sí misma una declaración de responsabilidad frente a las amenazas, pero sí evidencia la gravedad con la que el Gobierno está tratando las alertas surgidas alrededor del proceso judicial.
La investigación tendrá ahora que establecer si existe una conexión entre los hechos registrados en la Procuraduría, las amenazas denunciadas por funcionarios judiciales y el celular encontrado en la celda de Gómez. El caso, por ahora, sigue abierto.
