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La resolución de Petro sobre Bendito Menor volvió a cobrar relevancia después de la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel durante un operativo realizado en Riohacha. El documento, expedido el 1.º de abril de 2025, lo reconoció como representante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y abrió el trámite para suspender las órdenes de captura que estuvieran vigentes en su contra.
Se trata de la Resolución Ejecutiva 091 de 2025, firmada por el entonces presidente Gustavo Petro. El acto incluyó a Pérez Toncel y a otros seis integrantes de esa estructura en el Espacio de Conversación Sociojurídico con el Gobierno nacional. La finalidad declarada consistía en verificar su voluntad de transitar hacia el Estado de derecho y fijar términos de sometimiento a la justicia.
Sin embargo, el documento no borró los antecedentes judiciales ni concedió una amnistía. Tampoco suspendió directamente las órdenes de captura. En cambio, ordenó comunicar la decisión a las autoridades competentes para que evaluaran y aplicaran esa suspensión mientras estuviera vigente el reconocimiento como representante.
Naín fue reconocido junto con otros seis integrantes
La resolución identificó a Naín Andrés Pérez Toncel con su nombre completo y número de cédula. Junto a él fueron reconocidos Orlando Pérez Ortega, José Luis Pérez Villanueva, Loryin Emilio Pertuz Ballestas, Elmer David Reyes Carrillo, Jhon Rafael Salazar Salcedo y Daniel Bravo Arias. Según el acto administrativo, las Autodefensas Conquistadoras comunicaron por escrito los nombres de sus representantes el 4 de marzo de 2025. El Gobierno aceptó esa designación bajo los principios de buena fe y confianza legítima. Además, vinculó el reconocimiento con el espacio autorizado desde agosto de 2024.
El artículo segundo constituye el punto central de la resolución de Petro sobre Bendito Menor. Allí se ordenó a la Consejería Comisionada de Paz comunicar el documento a las autoridades correspondientes, dentro del marco de la Ley 418 de 1997 y la Ley 2272 de 2022.
La finalidad de esa comunicación era proceder con “la suspensión de las órdenes de captura a que haya lugar”. No obstante, el beneficio quedó condicionado a la vigencia del reconocimiento como miembro representante. Por tanto, no se trataba de una cancelación definitiva de los procesos ni de las decisiones judiciales.
La suspensión dependía de las autoridades judiciales
La diferencia jurídica resulta importante. La Presidencia reconocía a los voceros y comunicaba esa condición; sin embargo, las autoridades judiciales competentes debían materializar la suspensión de cada orden de captura, después de comprobar que correspondiera aplicar ese tratamiento. La Ley 2272 de 2022 estableció que, una vez iniciado un proceso de diálogo o acercamiento, podían suspenderse órdenes contra miembros representantes de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. La medida buscaba permitir su participación en conversaciones o en la definición de términos de sometimiento.
En consecuencia, sería impreciso afirmar que Petro eliminó directamente la orden contra Pérez Toncel. Lo documentado es que su Gobierno lo reconoció como representante y creó la condición jurídica necesaria para solicitar la suspensión temporal de las órdenes que pesaran en su contra. Cuando se conoció la resolución, Pérez Toncel figuraba entre los hombres buscados por las autoridades. En abril de 2025, distintos medios informaron que la Policía había ofrecido inicialmente hasta 100 millones de pesos por información que permitiera localizarlo. La decisión presidencial generó críticas debido a los señalamientos que ya existían contra él.
Del reconocimiento como vocero a objetivo de alto valor
Meses después, el tratamiento del Estado frente a las Autodefensas Conquistadoras cambió. En agosto de 2025, el Gobierno de Petro clasificó la estructura como grupo armado organizado y autorizó el empleo de las capacidades legítimas del Estado para enfrentarla. La decisión estuvo sustentada en su unidad de mando, organización y capacidad de causar daño, mientras tanto, las autoridades continuaron relacionando a Bendito Menor con actividades de narcotráfico, extorsión, homicidios y control territorial en La Guajira y Magdalena. En junio de 2026, la Policía todavía lo identificaba como cabecilla del frente Javier Cáceres de las ACSN y señalaba a varios capturados como hombres de su confianza.
La recompensa por información sobre su ubicación aumentó posteriormente hasta 500 millones de pesos y, según el balance revelado después del operativo, llegó a 1.000 millones de pesos. Así, quien había sido reconocido como representante dentro de un acercamiento sociojurídico terminó convertido en uno de los principales objetivos de las autoridades en el Caribe colombiano.
Naín Andrés Pérez Toncel murió durante la operación desarrollada entre la noche del jueves 3 y la madrugada del viernes 4 de septiembre de 2026 en Riohacha. En el procedimiento también murieron Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias La Bebecita, y dos hombres señalados como integrantes de su esquema de seguridad. La caída de Bendito Menor reabre ahora el debate sobre los alcances y controles de los beneficios concedidos a integrantes de organizaciones criminales dentro de la política de paz total. Además, deja bajo revisión la distancia que existió entre su reconocimiento como representante, el posterior fortalecimiento de la ofensiva estatal y las actividades criminales que las autoridades continuaron atribuyéndole.
