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La libertad condicional de Jorge Pretelt continuará negada. La Corte Suprema de Justicia confirmó que el exmagistrado de la Corte Constitucional deberá seguir privado de la libertad, pese a que ya superó las tres quintas partes de su condena y cuenta con un concepto favorable del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.
La Sala Especial de Primera Instancia ratificó la decisión del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Montería. Ese despacho había rechazado el beneficio solicitado por la defensa del exfuncionario.
Pretelt cumplió el requisito de tiempo
La Corte reconoció que Pretelt cumple varios de los requisitos establecidos para estudiar la libertad condicional. Entre ellos aparecen su buen comportamiento, el arraigo familiar y social, las actividades de trabajo y estudio, así como la ausencia de una condena por perjuicios.
Además, el INPEC emitió un concepto favorable sobre su proceso. Las labores desarrolladas durante el cumplimiento de la sanción también permitieron reconocerle tiempo por redención de pena.
La condena impuesta fue de 78 meses de prisión. Sus tres quintas partes corresponden a 46 meses y 24 días. Al momento de la decisión, Pretelt acumulaba 51 meses y 18 días y medio entre tiempo efectivo y redenciones. Es decir, había cumplido el 66,17 % de la sanción.
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Sin embargo, la Sala aclaró que superar el requisito temporal no obliga automáticamente a conceder la libertad. Los magistrados deben estudiar también la gravedad del delito, el avance de la resocialización y la necesidad de continuar con la pena.
¿Por qué Jorge Pretelt fue condenado?
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub fue condenado por el delito de concusión, cometido mientras ejercía como magistrado de la Corte Constitucional.
Según estableció la justicia, el 18 de octubre de 2013 Pretelt le solicitó 500 millones de pesos al abogado Víctor Arturo Pacheco Restrepo. El dinero buscaba financiar gestiones dentro de la Corte Constitucional para favorecer a Fidupetrol en una acción de tutela.
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La tutela pretendía dejar sin efectos una decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema. Ese fallo había ordenado a Fidupetrol pagar cerca de 22.500 millones de pesos, más intereses anuales, a favor del departamento de Casanare.
Para ese momento, la tutela ya había sido seleccionada para revisión por la Corte Constitucional. Por tanto, la solicitud atribuida a Pretelt no buscaba solamente que el expediente llegara al alto tribunal. La finalidad era conseguir una decisión favorable para los intereses de la fiduciaria.
La Corte señaló que el entonces magistrado presentó una especie de “hoja de ruta”. Esta contemplaba la contratación del exmagistrado Rodrigo Escobar Gil para continuar con el trámite y otras gestiones dirigidas a conseguir un resultado favorable.
La justicia consideró probado el abuso del cargo
La Sala de Casación Penal concluyó que Pretelt aprovechó el poder de su cargo para realizar una solicitud económica indebida. Por esa razón, calificó la conducta como una forma de concusión implícita.
En esta modalidad no resulta necesario que el funcionario amenace directamente a la persona. Basta con que la posición de poder haga entender que negarse a la solicitud puede producir consecuencias negativas.
Además, el delito se configura desde el momento en que el servidor público solicita el dinero o la utilidad indebida. Por ello, la Fiscalía no necesitaba demostrar que Pretelt recibió efectivamente los 500 millones de pesos.
Una condena de seis años y medio
La Sala Especial de Primera Instancia condenó a Pretelt en diciembre de 2019 a 78 meses de prisión, equivalentes a seis años y medio. También le impuso una multa y una inhabilitación para ejercer funciones públicas.
En mayo de 2023, la Sala de Casación Penal confirmó la pena de prisión. No obstante, ajustó la multa a 56,25 salarios mínimos mensuales vigentes para la época de los hechos y dejó la inhabilitación en 64 meses y 15 días.
Tras quedar en firme la sentencia, las autoridades capturaron al exmagistrado el 5 de mayo de 2023. Posteriormente, el 26 de diciembre de 2024, un juez le concedió la prisión domiciliaria. Desde entonces cumple la condena en esa modalidad.
La gravedad del caso pesó en la decisión
Aunque la Corte valoró los avances logrados por Pretelt, consideró que su proceso de resocialización todavía necesita mayor consolidación.
Para la Sala, el exmagistrado utilizó una de las posiciones más importantes de la justicia colombiana para promover una exigencia económica. Esa conducta afectó la imparcialidad, la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
La Corte también explicó que la gravedad del delito no puede utilizarse como el único argumento para negar la libertad. Sin embargo, tampoco puede ignorarse cuando el juez analiza el comportamiento del condenado y los fines de la pena.
Por esa razón, concluyó que Pretelt debe mostrar avances adicionales. Entre ellos, deberá mantener su buena conducta, continuar las actividades de resocialización y respetar estrictamente las obligaciones de la prisión domiciliaria.
Podrá solicitar nuevamente el beneficio
La decisión no impide que la defensa presente una nueva solicitud en el futuro. El juez deberá estudiar los progresos alcanzados y determinar si el proceso de reinserción social ofrece mayores garantías.
Por ahora, la Corte confirmó la negativa y ordenó que Jorge Pretelt continúe privado de la libertad bajo la modalidad que actualmente cumple. Contra la providencia AEP 105–2026 no procede ningún recurso.