A escasos 12 días de la primera vuelta presidencial, la tensión política ha derivado en un polémico choque institucional entre la autoridad electoral y los medios de comunicación. Este martes 19 de mayo, la magistrada Fabiola Márquez CNE (Consejo Nacional Electoral) emitió un sorpresivo auto que prohíbe explícitamente a la Revista Semana publicar nuevas encuestas elaboradas por la reconocida firma AtlasIntel.
Una decisión express y sin debate en Sala Plena
La medida ha generado un fuerte sismo tanto en el ámbito periodístico como al interior del propio tribunal. Según denuncia la publicación, la magistrada Márquez decretó una «medida cautelar de urgencia» para ordenar la suspensión inmediata de cualquier difusión de estudios electorales por parte de esta alianza mediática.
Sin embargo, lo que más ha llamado la atención y despertado suspicacias es la forma en la que se adoptó la orden. El documento, de 17 páginas, no fue sometido a discusión ni votación ante la Sala Plena del CNE, el procedimiento habitual para este tipo de determinaciones de alto impacto democrático.
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Retaliación política y censura a las puertas del 31 de mayo
Desde la revista califican este acto como una flagrante violación a la libertad de prensa y al debido proceso, catalogándolo como una operación de silencio. Para contextualizar el escenario, la polémica estalló luego de que el pasado viernes 15 de mayo Semana divulgara la más reciente medición de AtlasIntel.
En dicho estudio, los resultados sacudieron el tablero político al predecir una eventual segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, dejando a la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, fuera de la contienda con porcentajes a la baja.
A esta explosiva situación se le añade la reciente apertura de una indagación preliminar por parte del magistrado Álvaro Hernán Prada, afín al Centro Democrático, partido que curiosamente promovió la polémica ley de encuestas vigente.
Ante este panorama, los directivos del medio anunciaron que agotarán todos los recursos legales en todas las instancias para defender el derecho a la información de los colombianos frente a lo que consideran una «mordaza» electoral.