El aparato judicial colombiano acaba de protagonizar uno de los episodios más insólitos e indignantes de su historia penal contemporánea. En una decisión que desafía la lógica y fractura la moral pública, el menor de edad que apretó el gatillo para asesinar a sangre fría al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha sido constituido legalmente como «víctima» dentro del proceso judicial. Este insólito giro procesal no solo revictimiza y humilla a la familia del líder político acribillado en junio de 2025, sino que expone el colapso estructural de un sistema diseñado para amparar al verdugo bajo el escudo de la minoría de edad.
La premeditación de un asesino, disfrazada de inocencia por el Estado
Los expedientes y testimonios recolectados por la Fiscalía General de la Nación demuestran de forma irrefutable que no existió ingenuidad en el acto sicarial. El adolescente actuó con una frialdad estremecedora. Las declaraciones juramentadas de otros implicados revelan la eufórica disposición del joven momentos antes de caminar hacia el parque El Golfito en Bogotá: «Lo vamos a hacer real, le voy a pegar todos los tiros en la cabeza». El gatillero estudió la fotografía de su objetivo, portó un arma modificada para disparar en ráfaga y ejecutó el magnicidio que convulsionó la estabilidad democrática del país.
Sin embargo, en un acto de contorsionismo jurídico inaceptable, la justicia ha dictaminado que, al haber sido contactado e inducido por adultos vinculados a la criminalidad —como Jhorman David Mora—, el homicida confeso adquiere la categoría de víctima por el delito de uso de menores. La familia de Miguel Uribe Turbay se ve hoy forzada a compartir el estrado de reparación junto al asesino de su ser querido, una aberración que aniquila la confianza en las instituciones.
El triunfo sociológico del crimen organizado
Este despropósito jurídico trasciende el caso particular y se convierte en una catástrofe institucional. El mensaje que la justicia le envía a las oficinas de sicariato es claro y letal: utilizar menores de edad para ejecutar crímenes de alto impacto es el negocio perfecto y sin riesgo, pues el Estado se encargará de exculpar y proteger a los autores materiales. Las redes mafiosas explotan a plena luz del día la benevolencia de una legislación desconectada de la violenta realidad de las calles.
La indignación nacional alcanza su punto máximo frente a las advertencias de los expertos jurídicos: el marco legal actual abre la puerta para que este mismo sicario, responsable directo de una tragedia nacional, pueda demandar y exigir indemnizaciones económicas al Estado colombiano en un futuro. Cuando la ley permite que el asesino se siente a reclamar derechos junto a sus víctimas mortales, la justicia ha dejado de existir para convertirse en un mero trámite administrativo a favor del crimen.