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El Ministerio de Agricultura denunció que recibió más de 18.000 contratistas vinculados mediante órdenes de prestación de servicios en las entidades del sector agropecuario. Los compromisos presupuestales, según el Gobierno, superan $1,02 billones y se extenderían hasta diciembre; sin embargo, una revisión del propio cuadro divulgado por la cartera revela una diferencia entre el total anunciado y la suma de las cifras por entidad.
El Ministerio convirtió el balance en una dura acusación contra la administración anterior. En su cuenta oficial de X calificó las cifras como “la foto del derroche” y responsabilizó políticamente al Gobierno de Gustavo Petro y a la exministra Martha Carvajalino por el volumen de contratación recibido por el nuevo ministro, Indalecio Dangond. La información también fue reproducida este jueves por medios nacionales.
La cartera aseguró que los compromisos llegarían hasta diciembre y planteó una comparación con las necesidades provocadas por el terremoto del 10 de agosto. El señalamiento abre ahora una discusión que va más allá del número de contratos: cuántos eran realmente necesarios, qué funciones cumplen y cuáles pueden terminarse sin afectar los servicios del sector rural.
18.000 contratistas: así aparecen distribuidos en el cuadro oficial
El documento divulgado por MinAgricultura se presenta como un consolidado de órdenes de prestación de servicios del sector. Allí aparecen el Ministerio y seis de sus principales entidades adscritas o vinculadas.
- Agencia Nacional de Tierras (ANT): 9.281 OPS por $451.000 millones.
- Instituto Colombiano Agropecuario (ICA): 3.056 OPS por $153.008 millones.
- Unidad de Restitución de Tierras (URT): 2.585 OPS por $168.311 millones.
- Agencia de Desarrollo Rural (ADR): 1.971 OPS por $113.000 millones.
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: 740 OPS por $73.000 millones.
- Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA): 412 OPS por $41.547 millones.
- Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP): 322 OPS por $29.992 millones.
La mayor concentración está en la ANT. Solo esa entidad aparece con 9.281 órdenes y compromisos por $451.000 millones. El Ministerio mantiene disponible un repositorio público del empalme de 2026, creado durante la transición entre los dos gobiernos.
Hay 57 OPS que no cuadran en el consolidado
El cuadro oficial presenta una inconsistencia que requiere una aclaración del Ministerio. Si se suman las cantidades publicadas para las siete entidades, el resultado es 18.367 OPS; no obstante, en la última fila del documento aparece un total de 18.310.
La diferencia es de 57 órdenes de prestación de servicios. Por el contrario, la suma de los valores económicos publicados sí coincide con el total consignado. Las siete cifras alcanzan exactamente $1.029.858 millones, es decir, algo más de $1,02 billones.
Hasta ahora no está claro si el error está en alguna de las cifras parciales o en el total general. Esa diferencia no modifica la dimensión del monto denunciado, pero sí merece una explicación debido a que se trata de información presupuestal presentada oficialmente por el Gobierno.
Hablar de “nómina” requiere una precisión jurídica
El Ministerio y algunos dirigentes políticos han empleado la palabra “nómina” para referirse a los contratistas. Sin embargo, una orden de prestación de servicios no equivale jurídicamente a un puesto dentro de la planta de personal del Estado.
El artículo 32 de la Ley 80 de 1993, disponible en el Gestor Normativo de Función Pública establece que estos contratos pueden emplearse para actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las entidades. La norma señala además que no generan, por sí solos, relación laboral ni prestaciones sociales.
La existencia de 18.000 contratistas tampoco demuestra automáticamente que exista corrupción o un detrimento patrimonial. Para establecerlo sería necesario revisar el objeto de cada contrato, su necesidad, duración, ejecución, honorarios y resultados. También tendría que determinarse si hubo duplicidad de funciones o contratación innecesaria.
La contratación de la ADR ya estaba bajo revisión
La controversia no comienza con este nuevo consolidado. Noticias del Cesar informó el pasado 9 de agosto que MinAgricultura puso bajo revisión contratos y procesos de la ADR por más de $250.000 millones después del cambio de Gobierno.
El cuestionamiento surgió después de que la administración saliente de la Agencia habilitara el sábado 8 de agosto para adelantar actividades administrativas, presupuestales y contractuales. En ese momento se advirtió que la revisión no significaba que existieran irregularidades demostradas.
La situación adquiere mayor importancia porque la ADR aparece ahora con 1.971 OPS valoradas en $113.000 millones. Además, Orlando Dangond llegará a la Presidencia de la Agencia en medio de esa revisión contractual.
El Heraldo informó también que Indalecio Dangond expuso el miércoles el panorama contractual ante la bancada conservadora. El senador Efraín Cepeda aseguró posteriormente que existían 18.000 órdenes que, según su versión, no estarían cumpliendo funciones efectivas. Esa afirmación corresponde al dirigente político y todavía requiere comprobación contrato por contrato.
El terremoto entró en la discusión por los recursos
El Ministerio relacionó directamente el valor de los contratos con la emergencia causada por el terremoto. Aseguró que miles de familias de 15 departamentos esperan soluciones para sus viviendas mientras existen más de $1 billón comprometidos en contratación.
La comparación tiene una enorme carga política, aunque no significa que el dinero comprometido en contratos pueda trasladarse automáticamente a vivienda o reconstrucción. Cada apropiación presupuestal tiene una destinación y cualquier modificación debe cumplir las normas fiscales y contractuales correspondientes.
La emergencia ya obliga al Estado a movilizar recursos extraordinarios. Noticias del Cesar informó, por ejemplo, que la DIAN destinará más de $86.000 millones en mercancías a los damnificados del terremoto, dentro de las medidas activadas después de la tragedia.
El propio Ministerio de Agricultura había anunciado días atrás que trabajaba en ayudas para campesinos y productores golpeados por el desastre, con énfasis en la recuperación de hogares y medios de vida.
El Gobierno Petro había presentado otro balance del sector
La administración saliente defendió una lectura muy distinta de su gestión. En su informe final del 8 de julio, el Ministerio encabezado por Martha Carvajalino destacó más de 2,28 millones de hectáreas formalizadas, 351.000 hectáreas entregadas y una inversión cercana a $8 billones en acceso y distribución de tierras.
Ese balance muestra el otro lado de la controversia. La discusión no debería limitarse al número bruto de contratistas. También tendrá que establecer qué parte de esa contratación estaba asociada a la ejecución de los programas que el Gobierno anterior presentó como resultados de la Reforma Agraria.
En las fuentes públicas consultadas para esta nota no se encontró, hasta el momento, una respuesta específica de Martha Carvajalino frente al nuevo cuadro difundido por MinAgricultura.
Organismos de control fueron llamados a mirar las cifras
La publicación oficial etiquetó directamente a la Contraloría General, la Fiscalía General y la Procuraduría General. Hasta ahora, en las fuentes consultadas, no aparece un anuncio formal de investigación de esos organismos relacionado específicamente con este consolidado.
Por ahora existe una denuncia pública del nuevo Ministerio, acompañada por cifras que deberán verificarse documentalmente. El siguiente paso será conocer cuáles OPS continúan, cuáles terminarán y qué ahorro real puede producir una eventual reducción.
También queda pendiente una respuesta elemental: ¿por qué el cuadro dice 18.310 contratos cuando las cantidades publicadas por el propio Ministerio suman 18.367? Esa diferencia de 57 OPS será una de las primeras cifras que la cartera tendrá que aclarar.