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El presidente Abelardo De La Espriella abrió este sábado 29 de agosto un nuevo frente de reformas al anunciar que buscará reducir hasta en un 50 % las multas de tránsito, bajar costos asociados a licencias y cursos para infractores, revisar las tarifas del RUNT y el SIMIT y endurecer los controles sobre las fotomultas. Sin embargo, varias de esas medidas requieren cambios legales y, por tanto, no entran en vigencia con el anuncio presidencial.
De La Espriella sostuvo que una infracción debe tener una sanción proporcional y no convertirse en una carga económica excesiva para las familias. Además, aseguró que llevará al Congreso una propuesta para modificar el actual esquema de multas de tránsito. Su planteamiento también incluye revisar trámites que, según dijo, han generado sobrecostos, monopolios o barreras para los conductores.
¿Pueden bajar 50 % las multas de tránsito?
El primer punto necesita pasar por el Congreso. El artículo 131 del Código Nacional de Tránsito establece las categorías y cuantías de las multas según el tipo de infracción. La legislación contempla sanciones equivalentes a diferentes rangos que posteriormente se convierten en valores monetarios para cada vigencia.
Para 2026, por ejemplo, una infracción de categoría D tiene un valor de $1.266.222. Allí se encuentra la D04, relacionada con no detenerse ante una luz roja o amarilla, una señal de Pare o un semáforo intermitente en rojo. Esta es precisamente la conducta que comenzarán a controlar las nuevas cámaras de fotodetección de Valledupar cuando termine su periodo pedagógico.
Por tanto, la reducción anunciada por Abelardo no debe confundirse con los descuentos que ya existen. Actualmente, el artículo 136 permite pagar el 50 % de la multa cuando el infractor cumple los requisitos y realiza el curso dentro del plazo establecido. También existe otra alternativa para pagar el 75 % dentro de un término posterior, igualmente acompañada del curso.
La diferencia es importante. El beneficio vigente reduce el valor que paga el ciudadano por acogerse oportunamente al procedimiento. Abelardo, en cambio, plantea disminuir hasta en un 50 % el valor base de las multas de tránsito. Para hacerlo de manera general tendría que modificar el Código Nacional de Tránsito mediante el Congreso.
La polémica “casa cárcel” sí aparece en la legislación
Otro anuncio del presidente apunta a eliminar el requisito conocido como “casa cárcel” para habilitar los Centros Integrales de Atención, CIA, donde se realizan cursos para obtener descuentos en las multas.
La expresión no es simplemente una exigencia creada por una empresa o por una autoridad local. El propio Código Nacional de Tránsito define el Centro Integral de Atención como un establecimiento donde funciona el servicio de escuela y “casa cárcel” para la rehabilitación de infractores. Además, la reglamentación exige que estos centros tengan autorización del Inpec para ese servicio o un convenio con una entidad autorizada.
Por esa razón, eliminar completamente esta figura implicaría tocar la estructura legal vigente. No bastaría con suprimir un trámite administrativo si la definición continúa dentro del Código; sin embargo, hay otra precisión relevante. La legislación actual ya permite que los cursos sean impartidos por organismos de tránsito, además de Centros Integrales de Atención y otros centros autorizados. En consecuencia, la propuesta presidencial de fortalecer a las autoridades de tránsito para que dicten directamente estos cursos parte de una facultad que ya existe, aunque podría ampliarse o facilitarse su aplicación.
Fotomultas: la ley ya exige autorización y calibración
De La Espriella también anunció que pondrá “freno al negocio de las fotomultas” y endurecerá los controles para autorizar estos dispositivos. Su propuesta llega cuando Valledupar acaba de estrenar tres sistemas de fotodetección y se prepara para comenzar la fase sancionatoria el próximo 2 de septiembre.
La legislación colombiana ya impone condiciones para estos sistemas. La Ley 1843 de 2017 establece que las cámaras deben responder a criterios técnicos de seguridad vial y contar con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esa autorización tiene una vigencia de cinco años. Además, las zonas vigiladas deben tener señalización visible y, en determinados casos de vías nacionales, la advertencia debe instalarse con 500 metros de anticipación.
También existe regulación sobre la calibración. Los equipos vinculados a medición de velocidad deben contar con certificados de calibración vigentes, y la autoridad encargada tiene que mantener actualizada esa información ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Por tanto, la propuesta presidencial podría endurecer controles, frecuencias de verificación o mecanismos de vigilancia, pero la calibración no parte de un vacío normativo.
La ley también prohíbe entregar a privados la facultad de expedir comparendos. Esa decisión corresponde a la autoridad de tránsito. Además, cuando existen contratos privados para implementar sistemas tecnológicos, la remuneración por la inversión para instalación y puesta en operación no puede superar el 10 % del recaudo.
Valledupar entra de lleno en el debate nacional
El anuncio presidencial tiene un efecto político especial en Valledupar. Desde el 19 de agosto funcionan tres cámaras en el sector de Loperena, La Viña y Los Manguitos; actualmente, están en etapa pedagógica y la Secretaría de Tránsito anunció que desde el 2 de septiembre comenzarán las consecuencias económicas por las infracciones que sean detectadas y posteriormente validadas por un agente.
Además, la ciudad tiene un antecedente que explica la sensibilidad frente al tema. La Superintendencia de Transporte investigó a la Secretaría de Tránsito de Valledupar por más de 35.000 comparendos electrónicos impuestos entre marzo de 2024 y agosto de 2025, cuando, según la entidad de vigilancia, no existía autorización vigente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para ese tipo de control. La actuación no significa que los actuales equipos instalados en 2026 sean ilegales.
Así, mientras el Gobierno Nacional anuncia mayores controles sobre las fotomultas, Valledupar está a pocos días de comenzar precisamente una nueva fase sancionatoria con estos dispositivos.
Licencias: los 10 años que propone Abelardo ya existen para algunos conductores
El presidente también anunció que buscará reducir el costo de las licencias de conducción, eliminar cobros innecesarios y aumentar su vigencia a ocho o diez años; no obstante, una parte de esa propuesta ya está contemplada en la legislación.
Actualmente, las licencias para vehículos particulares tienen una vigencia de diez años para conductores menores de 60 años. Entre los 60 y 80 años duran cinco años, mientras que para mayores de 80 años la vigencia es de un año. En el servicio público, la duración es de tres años para conductores menores de 60 y de un año para quienes superan esa edad.
Por tanto, llevar todas o algunas de las demás categorías a ocho o diez años exigiría modificar la norma. En cuanto a los costos, el panorama es más amplio porque en el trámite participan componentes nacionales, tarifas del RUNT, derechos de tránsito y otros servicios asociados.
RUNT y SIMIT también tienen cobros establecidos por ley
De La Espriella anunció una revisión integral del RUNT y el SIMIT para detectar duplicidades y eliminar o reducir tarifas. En este punto también existen diferencias jurídicas. Las tarifas del RUNT son fijadas anualmente por el Ministerio de Transporte, pero deben respetar el sistema y el método establecidos en la Ley 1005 de 2006. Esa norma obliga a considerar costos de infraestructura, operación, mantenimiento, tecnología y otros componentes necesarios para sostener el registro. Esto le ofrece al Gobierno margen para revisar tarifas, aunque no significa que pueda eliminar sin límites todos los cobros establecidos legalmente.
En el caso del SIMIT, el asunto pasa directamente por el Código Nacional de Tránsito. El artículo 10 autoriza a la Federación Colombiana de Municipios para administrar el sistema y establece que percibe el 10 % cuando se cancela el valor adeudado. Una modificación estructural de ese porcentaje tendría que tramitarse en el Congreso.
Técnico-mecánica: volver de cinco a seis años también requiere reforma
El último componente anunciado está relacionado con la revisión técnico-mecánica. Abelardo cuestionó la decisión que redujo de seis a cinco años el plazo para la primera revisión de los vehículos nuevos particulares.
La norma vigente establece que los vehículos nuevos de servicio particular, diferentes de motocicletas y similares, deben someterse a su primera revisión técnico-mecánica a partir del quinto año contado desde la matrícula. La modificación fue incorporada por la Ley 2294 de 2023.
Por tanto, regresar de cinco a seis años ese plazo supone cambiar nuevamente la ley. El Gobierno puede revisar aspectos operativos y regulatorios del sistema, pero no puede desconocer mediante una decisión administrativa un término que actualmente tiene respaldo legal.
El anuncio abre ahora una batalla en el Congreso
El paquete presentado por Abelardo combina medidas que el Ejecutivo puede comenzar a revisar desde el Ministerio de Transporte con otras que necesitan obligatoriamente una reforma legal. Reducir de fondo las multas de tránsito, cambiar varias vigencias de las licencias, modificar el porcentaje del SIMIT, eliminar de la ley la figura de “casa cárcel” o volver a seis años para la primera técnico-mecánica son asuntos que pasan por el Congreso.
En cambio, el Gobierno cuenta con mayor capacidad reglamentaria para revisar tarifas del RUNT dentro del marco legal, reforzar requisitos técnicos de los sistemas de fotodetección y aumentar la vigilancia sobre autorizaciones, calibraciones y condiciones de operación.
Por ahora, ninguna de las multas actuales queda automáticamente reducida por el anuncio presidencial. Tampoco están suspendidas las fotomultas existentes. El próximo paso será conocer el proyecto que De La Espriella presente al Congreso y determinar hasta dónde llegará una reforma que promete tocar directamente el bolsillo de millones de conductores colombianos.